El caso se remonta al año 2011, cuando Philips Chile recibió la instrucción de deshacerse de sus principales activos en Chile, parte de una política de reestructuración de la empresa. El principal activo era la casa matriz, ubicada en la calle Santa María, hoy sede de la Universidad SEK. La compañía, asesorada por sus abogados […]

  • 21 agosto, 2018

El caso se remonta al año 2011, cuando Philips Chile recibió la instrucción de deshacerse de sus principales activos en Chile, parte de una política de reestructuración de la empresa. El principal activo era la casa matriz, ubicada en la calle Santa María, hoy sede de la Universidad SEK. La compañía, asesorada por sus abogados de la época, planificó tributariamente la venta a través de la división y creación de una nueva sociedad; Inmobiliaria Philips Chilena Ltda. La idea era que al crear la sociedad inmobiliaria, y asignarle la propiedad, esta podría acogerse al régimen de renta presunta y, por tanto, no pagaría el impuesto de primera categoría por el mayor valor obtenido en la venta. Según fuentes de la industria, este tipo de operaciones era común en esos años, y le habría ahorrado a la empresa del orden de 550 millones de pesos. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la ley que incorporó la norma general anti elusiva, el SII comenzó a fiscalizar estas operaciones, e impugnó la declaración de impuestos realizada por la nueva sociedad el año 2012, dando origen a una reclamación tributaria por la liquidación de los impuestos por más de 2.000 millones de pesos (al mes de agosto del año 2015). Esta fiscalización  luego derivó en la interposición de una querella criminal en contra de seis ex ejecutivos y directores de la compañía por el delito de evasión tributaria, querella que fue presentada por el SII en el mes de diciembre del año 2016. El viernes pasado el juicio Philips llegó a su fin, a través de una suspensión condicional del procedimiento

Luego de una investigación que se extendió por más de 18 meses, la Fiscalía Oriente acordó con la defensa de Philips poner término a la investigación penal a través de una suspensión condicional del procedimiento, salida alternativa que fue aprobada por el 8° Juzgado de Garantía.  

Asimismo, en la audiencia el SII acordó poner término a la reclamación tributaria seguida por estos mismos hechos ante el TTA (Tribunal Tributario y Aduanero) mediante el pago de 1.400.000.000.- a favor del fisco.

La defensa de los ejecutivos de Philips estuvo a cargo del abogado penalista Eugenio Merino (Socio Ortiz y Cía.).