La entrega de algunos servicios públicos a empresas privadas -desde los llamados de emergencia hasta tareas de la policía– es la apuesta de David Cameron para recortar el gasto sin profundizar la recesión. Para los más alarmistas podría significar que asuntos cruciales queden en manos de consorcios particulares, creando un escenario parecido al de muchas novelas y películas de ciencia ficción.

  • 29 marzo, 2012

La entrega de algunos servicios públicos a empresas privadas -desde los llamados de emergencia hasta tareas de la policía– es la apuesta de David Cameron para recortar el gasto sin profundizar la recesión. Para los más alarmistas podría significar que asuntos cruciales queden en manos de consorcios particulares, creando un escenario parecido al de muchas novelas y películas de ciencia ficción. Por Renato García Jiménez.

El gobierno británico de David Cameron afronta el mismo dilema que muchas de las economías atrapadas en la crisis de deuda soberana en Europa. Está recortando fuertemente el gasto para equilibrar la balanza fiscal, pero al mismo tiempo sabe que si aprieta demasiado el presupuesto hundirá a la economía en una recesión aún más profunda. Para resolver este acertijo, el primer ministro conservador está recurriendo a un aliado que pocos habrían esperado: el sector privado, que ha recibido gran parte de la culpa por el último colapso financiero.

La decisión de Cameron, que permitirá el ingreso de inversionistas privados en áreas tradicionalmente de exclusiva responsabilidad fiscal, ha desatado una ola de críticas desde la oposición laborista. La mayor controversia tiene relación con la policía: para algunos alarmistas, de llevarse a cabo las reformas impulsadas por el primer ministro, el escenario podría parecerse al de filmes y novelas de ciencia ficción en que las fuerzas del orden son empresas particulares.

La policía, en efecto, se está embarcando en su transformación más radical de los últimos 30 años, en la que los proveedores privados asumirán el mayor papel hasta ahora en la historia del Reino Unido. Esto no sólo genera críticas de los sindicatos, sino que también ha alertado a los grupos de defensa de los derechos civiles.

Para empezar, el gobierno le entregó la responsabilidad de construir y operar la estación de policía de Lincoln Shire por primera vez a una empresa privada en un contrato por 200 millones de libras que permitirá al fisco ahorros por 28 millones. El contrato, que incluye acuerdos con otras diez fuerzas policiales, recibió propuestas de cerca de 150 interesados, pero fue adjudicado a G4S, la mayor empresa proveedora de servicios de seguridad a nivel mundial, que comenzará a ejecutarlo a partir de abril. Las unidades

“Qué otra cosa podemos hacer si, honestamente, no hay dinero”, reconoció David Cameron al explicar la reforma al modelo de participación de los privados en las políticas públicas. La idea es atraer nuevo y mayor financiamiento para los programas que el Estado no está siendo capaz de cubrir. 

policiales de West Midlands y Surrey han confirmado que planean seguir el mismo camino, anunciando un contrato a diez años por 1.500 millones de libras, que podría aumentar hasta 3.500 millones de libras.

La oposición advirtió que el gobierno está “cruzando la línea” con este acuerdo, y que llevará al ingreso de los privados a actividades policiales vitales, como los patrullajes. John Prescott, un ex vice primer ministro y candidato a comisionado de policía por Humberside, lanzó una campaña contra lo que considera una “privatización de la policía”.

La posibilidad de entregar el control sobre la seguridad de la nación a un ente privado despierta en la imaginación de los ingleses fantasmas de un futuro apocalíptico como el que aparece en la película de los años 80 RoboCop, en la que una huelga de la policía lleva a las autoridades de Detroit –arruinadas por una crisis financiera– a entregarle la responsabilidad por el control del crimen a Omni Consumer Products (OCP), un gigantesco e inescrupuloso conglomerado.

G4S se defiende señalando que no hay nada en el nuevo contrato que la compañía no haya realizado previamente y que cuenta en su planilla con 20 mil ex policías que habitualmente colaboran con la fuerza regular en investigaciones criminales, control de protestas, protección del sitio de un crimen, labores forenses, servicios legales, investigación de incidentes, e incluso en detenciones, además de las tareas más rutinarias de trabajo administrativo.

El director gerente de la división policial de G4S, John Shaw, reconoce que nunca antes se había recurrido a una compañía privada para tareas policiales en esta magnitud, pero que la tendencia “venía dándose desde hace años”, y que el verdadero punto de inflexión se produjo durante el gobierno de Tony Blair, cuando se autorizó a los jefes de departamentos a externalizar funciones no esenciales. “Son sólo el tamaño, la escala y las cifras lo que ha atraído la atención”, explicó el ejecutivo en una entrevista con Financial Times. Los recortes de presupuesto acordados por el gobierno, agregó, sólo aceleraron el ritmo de estos cambios.

Manejo de protestas
Los aportes estatales para la policía fueron recortados en 20% al 2015. En los doce meses a septiembre de 2011 la policía redujo su personal en más de 6 mil oficiales, equivalente a 4,2% del total. Actualmente, el contingente de la policía británica es el menor desde 2002, y se espera que se reduzcan otros 18.000 puestos para fines de la actual administración.

Considerando estas restricciones, los jefes policiales argumentan que delegar tareas más rutinarias y menos vitales en empresas privadas les permitirá concentrar sus recursos donde sean más necesarios. En el caso de Lincoln Shire, por ejemplo, una vez que G4S se haga cargo de la administración del cuartel el próximo mes, 97% de los efectivos policiales quedará liberado para realizar tareas de primera línea, patrullando en las calles e investigando crímenes, explica Shaw.

El ejecutivo asegura que todavía hay límites para las funciones que la compañía puede desempeñar, como la detención de sospechosos: “Lo que es más complejo es salir a arrestar a alguien o privarlo de su libertad. Esa es una función de la policía. No estamos autorizados y no buscaríamos hacer eso”. Y pone como ejemplo las labores que la compañía desempeña desde hace años en el control y manejo de protestas. Cuando su personal apoya a la policía en esta clase de eventos, explica Shaw, “actúa sólo como un servicio de taxi”, que traslada a los manifestantes violentos hasta un lugar donde quedarán a cargo de un oficial que procesará su detención.

El vicepresidente de la Federación de Policía, Simon Reed, no está tan convencido de las bondades del sistema. “Esta es una privatización gota a gota. Avanzan con algo que podría parecer como una buena idea, y antes de que nos hayamos dado cuenta, estarán trabajando en grandes áreas de la policía británica”, dijo Reed a Financial Times.

Aunque G4S descarta estos temores, reconoce que sus planes son ambiciosos y tienen alcances globales. “Reino Unido definitivamente está liderando el camino en esta materia a nivel global, pero podría darse una tendencia para establecer esto de una manera más amplia”, dijo el director ejecutivo de la firma, Nick Buckles.

Autopistas y ferrocarriles
La policía no es el único objetivo de la reforma de Cameron. A mediados de marzo, el primer ministro anunció un cambio al modelo de participación de los privados en las políticas públicas que permita atraer nuevo y mayor financiamiento para los programas que el Estado no está siendo capaz de cubrir. El premier encargó a los departamentos del Tesoro y de Transporte que presentaran una nueva “iniciativa de propiedad y financiamiento” que pueda comenzar a implementarse en el tercer trimestre. En principio, estos fondos servirán para concretar el plan de construcción de autopistas, ferrocarriles e infraestructura por 47 mil millones de dólares anunciado en noviembre y que ya está fuertemente retrasado. “Qué otra cosa podemos hacer si, honestamente, no hay dinero. Tenemos que buscar enfoques innovadores para financiar nuestros caminos”, reconoció Cameron.

La propuesta inevitablemente iba a provocar polémica en un país como Inglaterra, donde el actual modelo de Iniciativa Privada de Financiamiento (PFI, por su sigla en inglés) fue introducido por el gobierno Laborista de Tony Blair a fines de los 90 como una “tercera vía”; precisamente, para evitar privatizar activos estatales. Bajo este esquema, el gobierno sólo paga a los contratistas contra la entrega final de un proyecto, y los privados corren con todo el riesgo en caso de que las estimaciones iniciales del negocio hayan estado exageradas, explica Javier Encinas, subdirector de la unidad internacional de Infrastructure UK, en Londres.

Bomberos “en llamas”
Las réplicas del cambio de estrategia del gobierno conservador también se han sentido en las unidades encargadas de apagar incendios. La Brigada de Bomberos de Londres (LFB), la mayor del Reino Unido, acaba de entregar todo el manejo de los llamados de emergencia a la empresa Capita, que se transa en la bolsa inglesa, en un contrato a diez años.

Aunque el acuerdo se materializó bajo el esquema habitual de los PFI, esta es la primera vez que una compañía de bomberos externaliza estos servicios en el país. “Esta es una situación donde todos los londinenses ganan. Externalizar el centro de control 999 de la brigada significa que la gente en la capital se beneficiará de un nuevo sistema de alta tecnología que va a movilizar a nuestros bomberos a los incidentes aún más rápido, y esto se hará con un menor costo”, declaró el jefe de Bomberos, Brian Coleman. Según los cálculos de las autoridades, el acuerdo permitirá al gobierno ahorrarse 5 millones de libras (7,9 millones de dólares) durante todo el período del contrato.

El acuerdo fue denunciado por algunos sectores como una “privatización” de las llamadas de emergencia. “Existen algunas cosas que están más allá de las privatizaciones y esta es una de ellas”, dijo un vocero del Sindicato de Brigadistas de Incendios (FBU). “El personal de la Brigada de Incendios de Londres está en contra de esta medida y estamos seguros de que los londinenses se opondrán también”. Los sindicatos denunciaron además que la operación pondrá en riesgo la seguridad de la población, recordando un fallido intento previo de los conservadores por privatizar el sistema de trenes, en los años 90.

La externalización de los llamados de emergencia también está ocurriendo en otras áreas delicadas. El gobierno canceló la línea directa de ayuda del Servicio Nacional de Salud (NHS) y planea entregar su operación a una compañía privada. La reforma al sistema de bienestar inglés aprobada recientemente por el parlamento también traerá varias oportunidades de negocios para los contratistas privados.

La decisión del gobierno genera anticuerpos en muchos ingleses, pero también parece una solución razonable en momentos en que las autoridades europeas intentan restablecer el orden de las cuentas públicas sin afectar a la calidad de los servicios. Paradójicamente, una crisis financiera que ha estado marcada por las críticas al sector privado le está dando a estas empresas una oportunidad única para ganar terreno en una economía que tradicionalmente ha sido reacia a las privatizaciones, y demostrar que pueden hacer un aporte valioso a la prosperidad de todos los habitantes. Será el público británico el que deberá resolver, y los próximos Juegos Olímpicos de Londres, que comenzarán a fines de junio, serán la prueba perfecta para esta nueva e inesperada alianza.