Por Natalia Saavedra Fotos: Verónica Ortíz Usan batas blancas y lo suyo no son los números. Son doctores que se toman un break de sus rondas habituales para analizar la situación que atraviesa el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Llegan en grupo a una sala de reuniones donde están los retratos de todos […]

  • 7 marzo, 2014

hospital-u-chile

Por Natalia Saavedra
Fotos: Verónica Ortíz

Usan batas blancas y lo suyo no son los números. Son doctores que se toman un break de sus rondas habituales para analizar la situación que atraviesa el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Llegan en grupo a una sala de reuniones donde están los retratos de todos los directores del centro que se fundó en 1872 por el médico José Joaquín Aguirre (de ahí su nombre actual), y donde cuelga una pizarra con números, sumas y varias palabras subrayadas.

Esos garabatos son parte del plan de contingencia que el directorio del hospital universitario trata de poner en pie mes a mes, con el fin de responder a sus compromisos financieros, que hoy los tienen entre la espada y la pared. Es un problema que se ha agravado, tomando en cuenta que el centro acumula una deuda histórica de 44 mil millones de pesos.

Dependiente de la universidad, este hospital forma médicos y funciona como una red asistencial de alta complejidad para el sector norte de Santiago. El mapa es complicado. Si bien es un centro hermano de una institución del Estado (la Universidad de Chile), no está considerado como parte de la red pública del Ministerio de Salud y, por ende, no puede recibir fondos ni subsidios del presupuesto nacional.

Desde marzo su situación se agravará. Ello, pues la elección a mediados de 2013 de un nuevo rector en la U. de Chile implica que el hospital debe devolverle a la caja de la institución cerca de 15 mil millones de pesos que le prestó en sus momentos de mayor agobio. Los proveedores también presionan y la necesidad de invertir en tecnología es urgente.

Encabezados por el director del recinto, Carlo Paolinelli, los doctores que han asumido la administración ejecutiva del “Jota” tratan de explicar cómo llegaron a este punto. Saben que tienen que devolver la plata a sus acreedores, pero también les preocupa ver que está en jaque el presupuesto para su acreditación, proceso clave para los hospitales y clínicas en 2014.

 

Sin salida

Hace varios años que el J.J. Aguirre arrastra un déficit presupuestario. Son cerca de $2.000 millones al año que le faltan en sus arcas y que han ido abultando una gran deuda. Con una política austera, se invierte en lo justo, aunque los ahorros deben ser analizados con lupa: los médicos que allí se forman no pueden educarse con tecnología obsoleta.

Se han movido en un escenario desafiante. El objetivo de la administración de Víctor Pérez ha sido que cada facultad y división de la universidad se autofinancien. El hospital no es la excepción. Han hecho lo que han podido. De los 86 mil millones anuales de su presupuesto, el 96% lo aportan sus propios ingresos. Aún así les faltan recursos.

Pero los problemas, explica el director del recinto, Carlo Paolinelli, van más allá de la administración de turno: “Este hospital, al depender de una universidad estatal, tiene un compromiso con pacientes del Estado.

Pero si bien lo hace, está totalmente limitado en los recursos que recibe de la autoridad”. A lo que se refiere el doctor es que si bien el aporte del J.J. Aguirre a la red norte de salud es relevante, cerca del 40% de sus pacientes se atiende por Fonasa, pero el hospital no es parte de la red pública y no recibe recursos del Ministerio de Salud para su presupuesto anual. El Estado, en rigor, lo considera un centro privado.

El gerente general del hospital, Eduardo Navarro, explica que el problema se agrava porque cuando el Estado deriva pacientes, los pagos por estas prestaciones de salud son recibidos con meses de desfase. “Hay que esperar que Fonasa liquide las cuentas, audite y después nos paga, lo que con un caja con déficit ahoga las finanzas”, manifiesta el ejecutivo.

No es el único escollo. La estructura de costos del hospital es diferente a la de un recinto cualquiera. Atender 26.000 pacientes al año (número de altas registrado) es en promedio 30% más caro, porque en su caso implica realizar la formación académica de los futuros doctores. “Al final es el costo de generar un doble producto: pacientes sanos y doctores para el país”, enfatiza Paolinelli.

A los cerca de 1.000 doctores que realizan sus prácticas en el J.J. Aguirre, se suman 380 titulados que cursan allí su especialización. Y pese a que este grupo debe pagar por un cupo en el recinto (puede hacerlo el Estado becando al estudiante o directamente el interesado), esos recursos son direccionados en gran medida a la Facultad de Medicina, que es la entidad que entrega el título a los estudiantes. “Sólo el 10% de ese arancel llega al hospital”, agrega Navarro. Lo que tampoco soluciona el problema.

A lo anterior, explican, se suma la guinda de la torta: como en rigor dependen de una empresa del Estado (la universidad), deben cumplir toda la regulación de las compañías públicas con las complicaciones que ello acarrea. No pueden endeudarse más de cuatro años, todas sus decisiones deben ser consultadas a la Contraloría y su sistema de compras debe realizarse a través de licitaciones en Mercado Público.

Sumando y restando, la situación se hizo insostenible en 2012, cuando las autoridades de la Chile se dieron cuenta, tras un análisis, de que era necesario congelar la deuda y reprogramarla. Había que definir cómo.

 

¿Venta o salvataje?

El 19 de diciembre la reunión se extendió por varias horas. En la Casa Central de la Universidad de Chile se llevaba a cabo una cita clave entre los diferentes estamentos agrupados en el Senado Universitario (compuesto por 36 miembros, de los cuales 27 son académicos, 7 estudiantes y 2 representantes del personal de colaboración). El objetivo del rector Víctor Pérez, era contar con el apoyo de la comunidad universitaria para acudir al salvataje financiero del J.J. Aguirre.

En la sesión, Pérez junto al vicerrector de Asuntos Económicos de la institución, Francisco Martínez, y el doctor Paolinelli expusieron la propuesta que habían consensuado para repactar la deuda del hospital. Fue Martínez el que tomó la palabra, señalando que existía “un conflicto interno difícil de manejar”, todo por las platas que el hospital le debe a la universidad. Así señalaron que les parecía prudente realizar un leaseback, de modo de obtener de un tercero, recursos para ordenar la deuda y dejar de pagar préstamos de corto plazo.

En palabras sencillas, un leaseback implica vender a un tercero un bien (el hospital) y pasar a ser arrendatario del mismo (a través de un leasing), con la promesa de que la propiedad sea restituida al propietario original luego de devolver el préstamo otorgado.

Víctor Pérez enfatizó en la urgencia de realizar la operación. “Si el hospital no tiene la capacidad financiera ahora, no puede pagar sueldos  y tampoco podemos seguir exigiéndole al resto de las unidades que tengan que estar agotando recursos para que el hospital siga funcionando”, fue parte de su discurso. Del total de la deuda, 21.000 millones son exigibles dentro del 2014, lo que hace urgente una solución.

Pero para los representantes de los diferentes estamentos de la casa de estudios, la anterior no era una buena idea y lo hicieron sentir. Tanto entre los académicos, como en la FECH y entre los mismos funcionarios del hospital se corrió la voz de que “el Jota se iba vender”. El rumor hizo eco y el 9 de enero se fijó la fecha para votar la propuesta.

 

La otra deuda

La respuesta fue rotunda: 30 votos en contra y sólo dos a favor. Las puertas se cerraban para la propuesta, imposible de implementar sin este visto bueno. Para el académico Raúl Morales, presidente de la Comisión Hospital Clínico del Senado universitario, el rechazo se explicó porque la mayor parte de la comunidad universitaria pretende que la rectoría negocie con el Ministerio de Hacienda un préstamo con aval del Estado, pese a que esta fórmula fue echada por tierra por las autoridades de la Chile.

Así lo explicó el mismo Pérez en una carta enviada a la comunidad universitaria tras el rechazo, donde señaló que “el Ministerio de Hacienda negó recientemente el aval del Estado a la Universidad para financiar la inversión por UF 750.000 en infraestructura de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas mediante endeudamiento de largo plazo, a pesar que ello significa aumentar en esa misma cantidad el patrimonio de nuestro dueño, el Estado”.

La molestia del rector tras el rechazo fue evidente, argumentando que esta fórmula era la única para viabilizar la operación del hospital y que en ningún caso tenía la intención final de vender o privatizar el recinto. A la par los problemas del “Jota” se agudizan por la necesidad de inversión en equipamiento, y la más apremiante, la acreditación del hospital.

“El Hospital Clínico debe invertir en el corto plazo y con urgencia $9.000 millones en mejoras de equipamiento e infraestructura para aprobar el proceso de acreditación de 2014. En caso que no lo apruebe, no podrá seguir recibiendo pacientes con determinadas complejidades, con las consecuencias académicas y económicas que ello implica tanto para el Hospital como para toda la Universidad, además del perjuicio para los pacientes que atiende”, agregó en su carta.

Tanto las autoridades hospitalarias como académicas de la universidad están de acuerdo en que debe negociarse con el Estado no sólo su apoyo para acudir a la banca, sino que la entrega de equipos en comodato, lo que ha sido rechazado por el Ministerio de Salud, por no tratarse de un hospital público.

Eduardo Navarro agrega que se han hecho esfuerzos relevantes en la gestión por ahorrar costos y ser eficientes. Redujeron en casi 100 personas la planta, y han renegociado el pago de deudas históricas de proveedores como han podido, pero no son suficientes. “No tenemos liquidez”, señala el ejecutivo.

Al interior de la U. de Chile esperan insistir  con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud –encabezadas por la doctora Helia Molina– para que aprueben el crédito con aval del Estado y salvar así al “Jota”. Con todo, se espera que el nuevo rector de la casa de estudios apunte a construir un proyecto de largo plazo para el hospital, asegurando su viabilidad como un centro de formación académica referente del país. •••