La gente de la tierra ha mantenido desde tiempo inmemorial su conciencia telúrica. Pese a la intervención del Estado de Chile y la colonización, persistió enconadamente en su reclamo silenciado.

Del otro lado, hay un Estado que carece de lucidez suficiente sobre el territorio. Esta carencia se expresa palmariamente en la fragilidad de nuestra institucionalidad territorial. Las regiones son pequeñas, al punto que devienen irrelevantes. Sus autoridades carecen de competencias políticas. Por eso, cuando hay un conflicto, como en Quintero, en Aysén, en Punta Arenas o en Arauco, tienen que viajar ministras y ministros desde Santiago, pues los intendentes son impotentes. El asunto escala y el intendente deviene en comparsa.

La ausencia de conciencia telúrica tiene su historia en Chile. La capital se impuso en los inicios de la república sobre las provincias. Y entonces dominó una capa dirigente que, pese a sus mutaciones, ha perdurado en la torva indiferencia, cuando no el desprecio por las provincias. El territorio tiende a ser considerado como material de disposición, metros cúbicos de madera, tierra por cavar.

La capa dirigente se vuelve oligárquica al desarraigarse, incapaz de entender la existencia del pueblo en su territorio. Ensimismada en el sector oriente de la capital del país y en sus asépticos lugares de veraneo, no puede alcanzar la conmoción y la receptividad respecto de la vida popular en la tierra.

En el caso mapuche el problema se intensifica, en la precisa medida en que, de un lado, hay un Estado y una capa dirigente con una deficitaria conciencia territorial, pero, del otro, un pueblo con manifiesta lucidez respecto de la importancia existencial del territorio. Las autoridades con competencia y facultades para decidir no viven la misma realidad territorial que los afectados por el conflicto ni pueden saber propiamente de ella, entenderla en concreto.

El Gobierno ha desarrollado el “Plan Araucanía”. El énfasis está puesto en el desarrollo económico. Pero sucede que aquí no estamos ante un asunto económico, sino político. El plan es bien intencionado, mas refleja una actitud típica de derecha ochentera, que asume sin mayores cuestionamientos la idea de que los conflictos son desencadenados, en último trámite, por requerimientos económicos.

Entonces se vuelve difícil o imposible solucionar la cuestión mapuche. La solución requiere considerar al conflicto como uno de carácter político y territorial, que exige, en consecuencia, decisiones políticas y territoriales.

Es menester rediseñar las regiones, aumentar su tamaño y peso, disminuir su número, dotar a los gobiernos regionales de legitimidad democrática y competencias políticas. Recién entonces, autoridades provistas de competencias políticas efectivas y que vivan en el territorio respectivo, podrían conmoverse por los problemas de ese territorio. La realidad del conflicto coincidiría con la situación existencial de gobernantes dotados de poder para abordarlo. No habría que esperar a que delegados y ministros santiaguinos, sin arraigo concreto en la zona afectada, vayan de visita y que equipos de expertos capitalinos diseñen soluciones que, por distantes, tienden a ser abstractas.

Para la cuestión mapuche, es el regionalismo político la salida pertinente. Ese régimen permitiría dotar de mayores grados de autonomía a ese pueblo, proveyéndole de un marco institucional que, compatible con la unidad nacional, sea apto para darle expresión eficaz a su identidad.

Pero, claro, todo esto requiere un comienzo. Se necesita que en las capas dirigentes encerradas en Santiago emerja una fuerza con conciencia telúrica, lúcida respecto de la importancia del territorio como sustento de la existencia material y fuente de sentido estético y vital. Que expanda su mirada hacia el país como una totalidad, que –allende los intereses partidistas y sectoriales pujando por mantener debilitado el poder territorial– piense en la relevancia de una institucionalidad territorial robusta para dar salida ordenada y pacífica a problemas que, como el mapuche, tienden a persistir a lo largo de las décadas, debido a la falta de poder de la que está dotada en Chile la existencia telúrica.