¿Deberse a los principios o a los electores? Todo político o persona que haya dedicado parte de su vida profesional al servicio público ha debido formularse alguna vez esta pregunta. La respuesta puede no ser apta para todo espectador.

En tiempos de popularidad, los estadistas y políticos suelen pensar que están haciendo lo correcto debido a que gozan de un amplio respaldo ciudadano. A veces esto da pie para una serie de tropelías o gustitos innecesarios: cualquier cosa que diga o haga don político será aplaudida. Ello no es necesariamente malo, pero puede dar paso a la irreflexión de las políticas públicas, a no querer revisar lo realizado, o a no hacer rendición de cuentas ni mejorar el benchmark de medición. Así, los principios no se abandonan en favor de la popularidad sino por la popularidad. Todo termina, claro está, cuando nos enfrentamos al síndrome de “la ropa nueva del emperador”; esto es, cuando nadie quiere o puede decirle al gobernante que anda desnudo por temor a parecer tonto o –para este caso– impopular. Necesitamos, en esos momentos, de la sinceridad abierta de un niño para hacerle ver su desnudez.
Sin embargo, también necesitamos de esa capacidad de reflexión en periodos de vacas flacas, ahí donde el ejercicio del poder no tiene el brillo esperado. El problema es diferente, ya que se corre el riesgo de pedir ropa prestada al adversario o, peor, encargarla a embaucadores. La causa está en creer erróneamente que la vestimenta propia no es la correcta, ya sea por ser muy clásica o por muy vanguardista. Aquí se necesita el consejo de algún sabio sastre, y no de un niño transeúnte. Entonces, en el proceso de toma de decisiones, el dilema es dicotómico, binario y a veces brutal: si hago lo que sé es mejor para el país, me crucifican; pero si hago lo que ellos quieren, me aplaudirán aun cuando la nación se hunda bajo sus pies.
Para comenzar a descomponer la pregunta inicial, se debe entender desde la perspectiva del Public Choice o del análisis económico del Derecho Público, que el político es, para estos efectos, un maximizador de votos. Esto no tiene nada de peyorativo ni constituye una visión deshumanizada de la actividad pública: se trata de comprender que un político, aun cuando esté dotado de las mejores virtudes públicas y privadas, de los más arraigados y correctos principios, de las mejores intenciones, honestidad y preparación, no sirve –como político– si no logra llevar esas virtudes, valores y principios a la agenda pública, y para ello, debe contar con los votos de los ciudadanos.
A veces nos olvidamos de esto y solemos descargarnos más de la cuenta con “los políticos”, particularmente si actuamos encapuchados de odio en foros, tweets y redes sociales, como verdadero lumpen digital (y aun usando nuestro verdadero nombre). Lo anterior puede responder a la falta de responsabilidad individual: los culpables de mis problemas son otros; que sean el Estado y los políticos los que los resuelvan. Pero también, al problema del manejo de las expectativas, y es ahí donde los actores públicos sí tienen algo de culpa.
Todos esperamos ciertas dosis de inflación de expectativas en las campañas políticas; no obstante, una vez electos, los servidores públicos deben hacer exactamente lo contrario: bajarlas. Queremos sus promesas, sus discursos y sus sueños durante la campaña. Pero del mismo modo, esperamos apego a sus principios, a sus soluciones, a lo que representan, a aquello por y para lo cual fueron verdaderamente electos, durante el ejercicio del cargo.
Ello implica sufrir temporales de impopularidad, pero no hay manera de llegar a puerto sin un timón firme: si el viento está en contra, se navega en zigzag; si está de cola o de costado, en línea recta, pero nunca perdiendo de vista el objetivo. Un navío que se desvía unos centímetros en su curso actual sabe que son kilómetros de separación de su destino final. Habrá quienes insistan en tocar la misma musiquita aunque la nave se vaya a pique sin hacer nada por salvarla (lo que no es sinónimo de valentía sino más bien de contumacia) o que, incluso, estén dispuestos a hundir ellos mismo el barco con tal de que no llegue a puerto, sin importarles que nos ahoguemos todos en su bendita “consecuencia”.
¿Qué es lo que entonces hace tan inspirador, conmovedor y poderoso al verdadero servicio público? La defensa de los principios sin violencia, pero con firmeza; sin politiquería, pero con argumentos; sin victimización, pero con humildad. Eso es lo que finalmente pedimos a los políticos: mantener las convicciones y reconocer los errores. Esto es lo que constituye un verdadero gobierno de leyes y no un gobierno de hombres. Queremos Estado de Derecho y no discrecionalidad acomodaticia; la evidencia y no la ideología; el señorío del deber y no la incontinencia populista. Se trata de que nosotros –y también ellos– podamos dormir bien de noche, sin remordimientos de haber tragado sapos o comulgado con ruedas de carretas. Que no nos pase que por no enmendar el rumbo la nave no llegue a puerto o, peor aun –como el recientemente malogrado crucero–, que parte de los tripulantes huya en medio del naufragio, ya que en ese momento es cuando más los necesitamos.