Inquietud existe en las esferas de los funcionarios públicos por uno de los efectos más inmediatos de la nueva Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. Desde el 20 de abril, los ministerios y reparticiones estatales deberán publicar las nóminas completas de las remuneraciones de […]

  • 17 febrero, 2009

Inquietud existe en las esferas de los funcionarios públicos por uno de los efectos más inmediatos de la nueva Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. Desde el 20 de abril, los ministerios y reparticiones estatales deberán publicar las nóminas completas de las remuneraciones de planta, contrata y honorarios de todos sus funcionarios; es decir, los ingresos de 150 mil empleados de todo nivel. El debut de la norma tiene preocupados a éstos últimos, ya que algunos sostienen que constituye un perjuicio a su privacidad. En el otro lado de la vereda, la Comisión de Probidad y Transparencia, a cargo de Felipe del Solar, tiene una visión absolutamente distinta, ya que plantea que los ciudadanos tienen el derecho a saber en qué se usa su dinero. Estos datos estarán en las páginas web de las reparticiones de la administración central de modo permanente, sin que sea necesario pedir su difusión. Del Solar explicó a Capital que se han encontrado con menos problemas de los que preveían, pero que lo que más complejo, sin duda, es la exigencia de manejar adecuadamente los archivos históricos. Hay serios esfuerzos por ponerse al día, pero se ve difícil estar listos en abril: “lo importante es comenzar el proceso”, indicó. No hay recursos adicionales para los requerimientos de modernización informática, sino que todas las reparticiones deben reasignar montos internos. Todo un desafío.

Los municipios son otro universo aparte en esta historia. Aquí, cómo cumplen la ley corre por cuenta de cada comuna. Ciertamente hay algunas que no tienen dificultades en adecuar sus sistemas computacionales y de Internet para aplicar la norma, pero para otras, de presupuestos más modestos, poner en red la información institucional y responder a las solicitudes de los particulares en un plazo de 20 días se ve cuesta arriba.