El rescate en el yacimiento San José –con la consiguiente subida en las encuestas para el gobierno– es la última evidencia de la influencia que la minería ha ejercido sobre en la política chilena a lo largo de su historia. Desde la sublevación contra Manuel Montt hasta la huelga de El Teniente que complicó a Allende, la idea de que somos un país minero es todo menos un eufemismo. Por Alejandro San Francisco. Ilustracion, Ignacio Schielfelbein

  • 2 noviembre, 2010

 

El rescate en el yacimiento San José –con la consiguiente subida en las encuestas para el gobierno– es la última evidencia de la influencia que la minería ha ejercido sobre en la política chilena a lo largo de su historia. Desde la sublevación contra Manuel Montt hasta la huelga de El Teniente que complicó a Allende, la idea de que somos un país minero es todo menos un eufemismo. Por Alejandro San Francisco. Ilustracion, Ignacio Schielfelbein

 

La tragedia y el posterior éxito del rescate de los 33 mineros en el norte de Chile tuvo inesperados efectos políticos en el corto plazo. Sebastián Piñera, destacado hombre de empresa y primer gobernante de centroderecha en bastante tiempo, se ha convertido en el presidente de los mineros. Laurence Golborne, titular de la cartera de Minería, se elevó como una de las figuras públicas con más futuro, entre los integrantes mejor evaluados del gabinete y con un inmenso “capital político”. El viaje del mandatario chileno a Europa y las encuestas que benefician a su ministro son muy ilustrativos del nuevo escenario.

Si bien el tema no entra en el fondo de lo que podrían ser grandes debates sobre el desarrollo minero de Chile –como la participación privada en Codelco, por mencionar el ejemplo más emblemático– sí es claro que el caso de los 33 y su vinculación con el proceso político local constituyen la clara demostración de una relación que, en la historia nacional, tiene una larga data: la vinculación entre la minería y la política.

1 Fortuna minera contra Montt

El gobierno de Manuel Montt (1851-1861) enfrentó una situación difícil y marcada por la polarización. Los aires democratizadores de liberales y radicales, las páginas emotivas y augurales de la Asamblea Constituyente y la posible continuidad del gobierno autoritario a través del ministro Antonio Varas llevaron a un grupo de jóvenes a encabezar una rebelión en 1859. Así, Pedro León Gallo, de una rica familia empresarial minera, decidió dirigir la revolución, “luchando por la alianza de Patria y libertad”. Se cuenta que Isidora Goyenechea, madre del líder, dijo que bien valía la pena gastar la fortuna que tenía por causa de la libertad, y numerosos chilenos se comprometieron con una aventura difícil en un país donde por décadas un gobierno no era derrocado por la fuerza.

Era una guerra sostenida con las ideas de los rebeldes, pero también con los recursos de la minería. El entusiasmo fue insuficiente para vencer la superioridad militar de la administración, y la marcha iniciada en Copiapó encontró una clara derrota en La Serena, la otra gran zona minera de Chile. En abril de 1859, el oficialismo venció a los insurgentes, dejando atrás una estela de idealismo y avisando hacia adelante una era de mayor libertad. En Copiapó, entre la minería y los intereses políticos, comenzaba a nacer la nueva fuerza del Partido Radical, destinado a tener una larga historia.

2 Balmaceda, el salitre, la guerra y el mito

Cuando estalló la guerra civil de 1891, en Chile y en el mundo hubo debates sobre las causas de la crisis. La discusión ha continuado hasta hoy en la historiografía, permeando los programas de estudio y las producciones televisivas: una de las fórmulas más aceptadas dice que fue la alianza entre el salitre inglés (dominado por el “rey” John Thomas North) y la política del Congreso la que encabezó la contrarrevolución que afecto al presidente José Manuel Balmaceda.

La idea, promovida por el historiador Hernán Ramírez Necochea y también presente en la obra poética de Neruda, choca con la realidad de las ideas de Balmaceda, quien señaló enfáticamente en Iquique, en 1889: “la extracción y la elaboración corresponde a la libre competencia de la industria misma. Mas la propiedad salitrera particular y la propiedad nacional son objeto de seria meditación y estudio. La propiedad particular es casi toda de extranjeros y se concentra activamente en individuos de una sola nacionalidad. Preferible sería que aquella propiedad fuese también de chilenos; pero si el capital nacional es indolente y receloso, no debemos sorprendernos de que el capital extranjero llene con previsión e inteligencia el vacío que en el progreso de esta comarca hace la incuria de nuestros compatriotas”. Este largo enunciado, a veces citado de manera incompleta, fue visto en ocasiones como un llamado presidencial a la nacionalización de la industria salitrera, bajo el lema “Chile para los chilenos”, que comenzó a repetirse con insistencia.

Sea cual sea la explicación real –en cualquier caso, pensamos que dista mucho del supuesto “nacionalismo económico” presidencial– lo cierto es que los vencidos interpretaron el resultado del conflicto refiriéndose a la espuria asociación negocios-política. Julio Bañados Espinosa, Joaquín Villarino y Rafael Balmaceda, entre otros, se refirieron en sus escritos a la relevancia de los empresarios del salitre en la revolución de 1891, mientras la prensa balmacedista insistió en la misma idea denunciando a los ricos, oligarcas y salitreros.

El mito de Balmaceda se desarrolló en medio del distanciamiento del régimen parlamentario hacia los trabajadores del salitre, mientras crecía la imagen del “presidentemártir”. Hechos como la matanza de Santa María de Iquique (1907) pusieron una muralla entre los obreros y la clase dirigente, situación que conservaría una larga vigencia en el imaginario de la izquierda nacional durante el siglo XX.

3 Allende y el cobre: una relación con ambigüedades

La vía chilena al socialismo tenía entre sus caballos de batalla un amplio proceso de nacionalización de las riquezas mineras. Por eso fue tan importante para el presidente Allende haber logrado, ya en 1971, un gran éxito político y legislativo: la aprobación de la nacionalización del cobre, proyecto emblemático que estaba en el corazón de las aspiraciones de la Unidad Popular. El grupo musical Quilapayún cantó con entusiasmo a lo que se consideraba la segunda independencia de Chile: nuestro cobre la carne de la pampa… ya no seremos pobres… para siempre el cobre está en las manos de los trabajadores.

Como ha expresado Joaquín Fermandois en La historia política del cobre, la voluntad de nacionalización de este mineral estaba “en la sangre de la izquierda chilena”. El gobierno, con el apoyo popular, la decisión firme de perseverar hasta el fin y el respaldo intelectual del jurista Eduardo Novoa Monreal, decidió insistir en su postura y logró un gran triunfo histórico. Paradójicamente, en 1973 Allende debió enfrentar una dramática contradicción: en abril de ese año el mineral de El Teniente inició un prolongado paro encabezado por el líder sindical Guillermo Medina, en el contexto de una profunda división política y rumores de guerra civil.

La movilización duró varias semanas y contó con una activa participación popular. Los mineros se trasladaron a la capital para promover sus demandas, recibieron el apoyo de los estudiantes de la Universidad Católica y provocaron un gran efecto en la opinión pública. El gobierno que había nacionalizado el cobre comenzaba a generar resistencia en un grupo importante de trabajadores de la minería: la Unidad Popular había comenzado la cuenta regresiva.

4 Pinochet, Codelco y la inversión extranjera

El gobierno que se inició el 11 de septiembre mantuvo, en relación al cobre, una política con ciertas dosis de ambigüedad (o complementariedad). Por una parte, el general Pinochet mantuvo la empresa estatal Codelco con un porcentaje de sus ventas que iría directamente a las fuerzas armadas: no hubo vuelta atrás en la nacionalización. Por otro lado, el gobierno impulsó desde muy temprano la inversión extranjera, revirtiendo de hecho varios años de discurso en un sentido inverso.

El desafío se consolidó con la ley constitucional minera, momento crucial del nuevo trato a la industria, que contribuyó activamente a cambiar el foco de la discusión y a generar un sistema que integraba los aportes privado y estatal. José Piñera, uno de los grandes motores del proceso, sintetizó de manera notable este cambio de mentalidad chilena: “quisiera creer que se ha demostrado con este emprendimiento que la verdadera Política no consiste, como se afirma, en ‘el arte de hacer lo posible’, sino en ‘el arte de hacer posible lo que es necesario’ para el progreso y la grandeza de un país”.

El tema de fondo era combatir conceptualmente el discurso antiempresarial, contrario a la inversión extranjera, que condenaba al capital internacional como a factor explotador de las riquezas del país. Por el contrario, el nuevo modelo transmitía al mundo que valía la pena invertir en Chile, que las riquezas mineras debían ser explotadas con leyes estables y que los frutos del cobre, el oro y otros tantos minerales beneficiarían también al país en su conjunto.

De esta manera, minería y política volvían a estar unidas, ya no en el marco de discusiones ideológicas propias de la guerra fría, sino con un sentido de futuro que relacionaba, con los matices del caso, al gobierno del general Pinochet, los cuatro presidentes de la Concertación y a Sebastián Piñera, casual y triunfalmente puesto en el centro de la minería, con sus correspondientes consecuencias políticas.