Por: Rodrigo Reyes Duarte, Director Jurídico Prelafit Compliance.
Después de la crisis financiera subprime en los Estados Unidos, hace más de 10 años, se idearon una serie de reformas para intentar recuperar la confianza.

  • 11 marzo, 2020

Una de las medidas más exitosas fue la implementada por la denominada Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor de los Estados Unidos, que estableció en el año 2010 un programa de incentivos o recompensas y protección para denunciantes de fraudes de valores y corrupción. El programa es administrado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) a través de su Oficina del Informante y se basa en tres pilares fundamentales:

1. Recompensas en dinero a los denunciantes que proporcionen voluntariamente información original y que conduzcan a la imposición de sanciones mayores a USD1 millón, por violación de leyes federales de valores o de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA).
Cabe consignar que la recompensa fluctúa entre el 10 y el 30% del total de la sanción o sanciones.
2. Prohibición de represalias contra el denunciante; y,
3. Resguardo del anonimato.

En noviembre de 2019, Jane Norberg jefa de la Oficina del Denunciante dio cuenta al Congreso de los Estados Unidos del increible éxito del programa que, desde su inicio, ha significado pagos de multas por infractores que ascienden a más de USD 2 Billones.
Durante el año 2019, detalló, se pagó la tercera recompensa más grande: un premio de $37 millones de dólares a un denunciante que proporcionó evidencia y asistencia significativas que permitieron a la agencia una resolución exitosa. Las mayores recompensas pagadas por el regulador estadounidense habían sido un premio de $ 50 millones de dólares pagados a unos denunciantes en marzo de 2018 y un premio de $ 39 millones a un denunciante en septiembre de 2018.
Es más, desde el comienzo del programa de denuncias, la SEC ha pagado premios o recompensas por un total aproximado de USD 387 millones a 67 individuos y sólo en el año fiscal 2019 otorgó premios por una suma cercana a los USD 60 millones.
Cabe señalar que existen, además, programas de denuncia relacionados con libre competencia, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) e íntimamente ligado con lo anterior, una ley que castiga las denuncias falsas (False Claims Act)
Los denunciantes han ayudado a la SEC a perseguir casos relacionados con diversas infracciones, fraudes, uso de información privilegiada, esquemas piramidales, declaraciones falsas o engañosas en la oferta de una empresa, materiales engañosos de marketing, información de precios falsos, infracciones contables, violaciones a los controles y procedimientos dentro de las empresas para impedir el lavado de activos, violaciones de controles internos o violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), entre otros tipos de ilícitos.
Es importante destacar, además, que entre quienes recibieron recompensas el año 2019 se encuentran tres denunciantes e informantes extranjeros lo que demuestra la aplicación extraterritorial de la normativa.
De hecho, durante el año 2019 -señala el informe- se recibieron 13 denuncias desde Chile. Nuestro país fue el año pasado uno de los países latinoamericanos que lideró las denuncias junto con Brasil, con 15 denuncias y muy por encima de México (2) y Argentina (1).
Y aunque la existencia de estas denuncias no significa que las infracciones hayan necesariamente ocurrido, generan un indicio de sospecha.
Debido a las normas de confidencialidad del Programa, la SEC no puede divulgar la identidad de los denunciantes, pero la autoridad ha señalado que casi un 70% de las denuncias son efectuadas por empleados o ex empledos de las empresas denunciadas y un 85% de ellos denunciaron internamente antes de recurrir a la autoridad. Es decir, en general los empleados le dan una oportunidad a la compañía para hacer algo.
Como señalé, este programa de denuncias se ha extendido al reporte de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos. Las típicas violaciones de la FCPA comprenden el ofrecimiento de sobornos a funcionarios públicos extranjeros por parte de compañías de los Estados Unidos y compañías extranjeras que tienen sus valores registrados en los Estados Unidos, incluyendo las subsidiarias de las mismas en países extranjeros, como sucedió con los casos de las empresas chilenas LAN y SQM que terminaron acordando el pago multas muy importantes.
En estos casos, por ejemplo, un denunciante en Chile pudo haber obtenido recompensas por las multas pagadas por las empresas chilenas que transan en Bolsa de los EEUU. Como las multas en cada caso ascendieron a más de 30 millones de dólares, un denunciante que haya proporcionado información original pudo haber obtenido un premio nada despreciable: entre 3 y 9 millones de dólares.
¿Sería posible imaginar un sistema así en Chile? Conviene discutirlo. El sistema ha probado funcionar en los Estados Unidos, pero urge en nuestro pais comenzar al menos con un sistema que deje a salvo de represalias a los denunciantes. Tal como recomendó el Grupo de Trabajo de la OCDE a fines del año 2018, Chile necesita urgentemente reforzar los mecanismos de protección de los denunciantes, que son débiles en el sector público y prácticamente inexistentes en el sector privado.