Roberto Pastén Carrasco, Profesor Asociado Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Austral de Chile. Ex Ministro Titular de Tribunal Ambiental

  • 13 marzo, 2019

En 1997 O.J. Simpson fue condenado a pagar 33,5 millones de dólares por el asesinado de Nicole Brown y Ronald Goldman aun cuando dos años antes un tribunal lo había absuelto del crimen. ¿Cómo es posible que alguien declarado inocente de un homicidio, deba pagar una indemnización millonaria por la comisión de dicho homicidio? La respuesta es que, tanto en el sistema penal americano como en el chileno el nivel de convicción al cual debe llegar un juez para condenar penalmente (o sea con penas de cárcel) a una persona es mucho más alto que en el caso en el cual lo que está en juego es una condena civil.

En materia civil, al aplicar una sanción, o al determinar que existió daño ambiental y este debe ser reparado, el juez o un a autoridad administrativa, en base a las pruebas aportadas en un juicio, deben convencerse de que es más creíble la versión de quien acusa que la versión de quien niega la acusación. En un caso en el cual está en juego la posibilidad de aplicar penas de cárcel, por el contrario, quien trata de demostrar la culpabilidad debe probar más allá de toda duda razonable que la persona es culpable. En el caso de O.J. Simpson, no es que fuera declarado inocente, todas las pruebas apuntaban a su culpabilidad, pero aun existían algunas dudas al momento de plantearse la sentencia y por lo tanto no se le pudo condenar

El principio de presunción de inocencia es un derecho fundamental, presente en todas las constituciones modernas y democráticas., está basado en la lógica de que es mejor tener diez personas culpables libres que una persona inocente injustamente encarcelada. Ningún juez puede dejar de aplicar este este principio cuando lo que está en juego es la libertad de las personas. Sin embargo, la defensa de este principio fundamental no es gratis, viene con un costo, y ese costo es precisamente que la sociedad debe tolerar en algún grado delitos que no serán sancionados.

La iniciativa de penalización de delitos ambientales, parece una iniciativa correcta para desincentivar acciones y omisiones que deriven en daño ambiental. Sin embargo, existe un peligro, claramente documentado en la literatura, de que esta iniciativa pudiera tener resultados contrarios a los que se persigue. Si la declaración de daño ambiental puede dar lugar a penas de cárcel, el juez se vera obligado a aplicar el estándar de prueba más alto de más allá de toda duda razonable en vez del estándar actual más bajo de preponderancia de la prueba para condenar. Si hasta el día de hoy, con un estándar mucho más bajo, en la mayoría de los casos, ha sido difícil probar la existencia de daño ambiental, esto será mucho más difícil si la declaración de daño ambiental implica penas corporales.

Un estudio publicado en la Revista Europea de Economía y Derecho muestra que, en Europa, en casos de delitos ambientales, las sentencias que involucran prisión son bajas. Por ejemplo, en el Reino Unido, 84% de los delitos ambientales fueron sancionados con multas y menos del 1% con sentencias de prisión. En Flandes, Bélgica, datos de las Cortes de Apelaciones muestran que 95% de culpables de delitos ambientales enfrentaron solo sanciones administrativas. Las escasas condenas de cárcel se aplicaron principalmente en casos que implicaban amenazas inmediatas para la salud de las personas, tales como derrame de sustancias peligrosas.

 

De hecho cuando se instauro la reforma procesal penal en nuestro país, una reforma garantista que reconoció, probablemente debido a nuestra trágica historia en materia defensa de los derechos de personas inocentes, que el costo de encarcelar un inocente era mucho mayor que el de liberar a un culpable. Lo que la gente llamo coloquialmente “puerta giratoria” no era más que el costo por la defensa de un derecho fundamental que debía ser debidamente cautelado por nuestro sistema judicial. O piense en el ejemplo reciente de penalización por delitos tributarios, lo cual en la letra de la ley también implica penas de cárcel, como en el caso de boletas ideológicamente falsas. Salvo un par de casos motivados probablemente por razones políticas, al final a todos los involucrados solo se les aplico penas administrativas.

Sin embargo, un aspecto positivo de la ley de delitos ambientales, es que en casos de empresas grandes un efecto disuasorio es el estigma social que recibe quien debe comparecer en juicio. En relación al estudio mencionado más arriba la Comisión Europea de Ciencias Ambientales ha dicho “Las penas de cárcel ofrecen ventajas sobre penas administrativas, entre otras cosas debido a que la sentencia de prisión acarrea una pérdida de estatus debido a la condena social que conlleva ”