Por: María Ester Paredes M., Socia de Palma, Edwards y Veszpremy

  • 18 mayo, 2020

«Hace cinco años entró en vigor la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento que pretendía, respecto de las empresas, potenciar acuerdos de reorganización y disminuir las liquidaciones. Aspiraba evitar la pérdida de valor de las empresas y de puestos de trabajo, como facilitar la reestructuración.
Hoy, en pandemia y ad portas de la peor recesión económica, es el momento de reflexionar en cómo reducir el número de quiebras de las pymes y potenciar los acuerdos entre acreedores y deudores, para impedir el efecto dominó de quiebras masivas. Accionando como se hace con los contagios de Covid-19, al buscar la fórmula jurídico-económica para evitar que la curva de liquidaciones se vuelva exponencial.
Se están evaluando cambios a la Ley 20.720 y sería el punto de inflexión para implementar fórmulas fáciles, que traerían beneficios concretos.
En las pymes, acostumbrados a dilatar el cumplimiento de sus compromisos por la sensiblidad de sus flujos de caja y dependencia del pago de sus clientes, es necesario distinguir entre aquellos empresarios que siempre transitan en la delgada línea roja, de los otros que, producto de la coyuntura, viven una situación compleja que no les permite cumplir sus pagos, sin que las ayudas estatales les sean suficientes para su continuidad.
El Ejecutivo podría, vía medidas transitorias, establecer la suspensión del envío a Dicom a aquellos deudores que no estaban informados antes del estado de catástrofe, hasta por un año. Así, permitiría acceder al crédito y a proyectos que condicionan las órdenes de compra al no estar informados en dicho informe comercial. O, en reemplazo de ello, suspender por un período similar, el cumplir con el referido requisito para acceder al crédito. También, crear un crédito Corfo de salvataje especial para aquellos que requieren urgentemente reinventarse e impedir su quiebra.
Provisoriamente, bajar los quorum de aprobación respecto de los Acuerdos de Reorganización, simplificar las súper preferencias de aquellos que, durante el acuerdo, aportan capital de trabajo, ampliándola a aquellos que invierten en ellas a pesar de la crisis que resisten.
En paralelo, por igual período, establecer duras sanciones (posposición del pago) para aquellos que abusen de estos procedimientos mediante declaraciones falsas, o que lo usen con el único objeto de presionar pagos bajo la ley concursal como una forma de cobro y amenaza.
Las medidas sugeribles van en línea con proteger a las pymes saludables hasta la declaración del Covid-19, generando escenarios de colaboración entre el sector público y privado, y entre las empresas, acreedores y deudores, con el objeto de que el riesgo y el perjuicio de la pandemia sean distribuidos de manera regulada con sentido de solidaridad.
Estas iniciativas son puntos de quiebre en una política estatal pro-reorganización o letra muerta que llevará al despeñadero a pymes que hoy más que nunca requieren sobrevivir por ellas y sus millares de trabajadores, de tal manera de proteger al capital humano que hace posible el crecimiento y desarrollo de Chile».