Ocho meses después de desistirse de la asociación con Norte Sur, la Universidad Central recibió la notificación del cobro de una multa de 1.000 millones de pesos por haber roto el acuerdo con sus posibles compradores. Todo, en medio de un complicado escenario interno, sin rector confirmado y con alumnos y profesores en alerta. Por si fuera poco, la institución enfrenta este año un trascendental proceso de acreditación. Pero al interior del plantel hay confianza en que todo saldrá bien. Por Fernando Vega; fotos, Verónica Ortíz.

  • 8 mayo, 2012

Ocho meses después de desistirse de la asociación con Norte Sur, la Universidad Central recibió la notificación del cobro de una multa de 1.000 millones de pesos por haber roto el acuerdo con sus posibles compradores. Todo, en medio de un complicado escenario interno, sin rector confirmado y con alumnos y profesores en alerta. Por si fuera poco, la institución enfrenta este año un trascendental proceso de acreditación. Pero al interior del plantel hay confianza en que todo saldrá bien. Por Fernando Vega; fotos, Verónica Ortíz.

 

Está tenso el ambiente en la Universidad Central. La decisión de rechazar –hace ocho meses– el ingreso de Norte Sur a la propiedad de la casa de estudios, en vez de aquietar las aguas terminó por agitarlas todavía más. En sus amplios patios y pasillos no se habla hoy de otra cosa.

Tanto los alumnos como los profesores se han declarado en alerta mientras se cumplen los plazos para una próxima acreditación y la universidad define cómo pagará los mil millones de pesos que le debe a la sociedad controlada por Vicente Caruz, tras haber roto el acuerdo que permitiría a la firma hacerse con el 50% de la casa de estudios emplazada en torno al parque Almagro, en el centro de Santiago.

Cuando en agosto de 2010 ambas partes firmaron el acuerdo de asociación estratégica, como lo llamaron, lo hicieron estableciendo una cláusula que fijaba en casi dos millones de dólares la multa para cualquiera que se desistiera del negocio. Ese monto equivalía al 20% de los 42 millones de dólares en que se tasó el 100% de la institución.
El objetivo de esta disposición era –por el lado de la universidad– asegurar la mejor oferta que la Central había logrado conseguir y –por el de Norte Sur– amarrar su ingreso a un cambio de estatutos que estableciera claramente la existencia de accionistas dentro de la casa de estudios.

 

 

 

Y es que eso era fundamental. La universidad, fundada en 1982 por un grupo de nueve académicos laicos y masones, se manejaba bajo la extraña fórmula de una corporación de derecho privado sin fines de lucro, similar a la que existía en los clubes deportivos antiguos en los que todos, pero a la vez nadie, eran los dueños.

Ello convertía a la Central en un bicho raro dentro del sistema educacional chileno. Se trataba de una universidad privada; una de las más grandes del país, pero que no tenía controlador. Por eso, se mantuvo ajena a todos los procesos de compra y venta que se observaron en el mercado educacional durante la década pasada, mientras sus profesores y alumnos se enorgullecían de pertenecer a una institución que, sin los problemas de las universidades estatales, se parecía mucho más a éstas que a sus pares particulares.

Su imponente infraestructura, con varios edificios y terrenos, además del flujo de matrículas que le aseguraban sus 15 mil alumnos en sus tres sedes (Santiago, Antofagasta y La Serena) permitían confiar en una marcha tranquila. Por si fuera poco era laica, democrática y pluralista. Su único problema era que le faltaba mayor investigación y extensión. Pero paulatinamente generaba mayores ingresos a través de los fondos y de los concursos. No estaba al nivel de las universidades líderes, pero venía creciendo.

Dentro de la junta directiva de entonces, presidida por el ex superintendente de bancos, Ernesto Livacic la visión no era tan positiva. Su diagnóstico indicaba que sin un socio estratégico, la institución corría el serio riesgo de ser sobrepasada por la competencia en el mediano plazo. Pese a que conseguir alumnos no era un problema, diversos estudios de mercado demostraban que la valorización de la marca iba a la baja.

Así, comenzaron a buscar un socio. Conversaron con algunos fondos de inversión nacional y con el estadounidense Apollo, que en Chile controla la universidad Uniacc y el instituto Iacc.

Al final se quedaron con la oferta de Norte Sur. No sólo porque fue la más atractiva en términos monetarios, sino porque además aseguraba nuevos aportes de capital, la mantención de los puestos de trabajo, carreras y varios de los status quo de esta singular universidad. Su ingreso implicaba, eso sí, designar a tres de los seis representantes en la junta directiva, que es la que gobierna a la entidad. Lo sui géneris de este estamento es que sus miembros son elegidos por los mismos profesores.

De los nueve fundadores originales, sólo la sucesión del abogado y ex subcontralor general de la República Gonzalo Hernández intentó participar en el proceso, pero sin resultados positivos. La figura de corporación de derecho privado sin fines de lucro no contemplaba la participación de los descendientes en ninguna instancia decisiva o de propiedad.

Así, el 4 de noviembre de 2010 la junta directiva pidió permiso al ministerio de Educación para cambiar los estatutos, con el fin de dejar a la Central a la par de la mayoría de las universidades privadas del país. Mientras salía la resolución ministerial, Livacic echó a andar toda la maquinaria necesaria para lograr la privatización de la universidad. Fue, carrera por carrera, convenciendo a los profesores, habló con los alumnos, separó el patrimonio de la institución para permitir el uso de inmobiliarias que al arrendar los edificios pudieran generar ganancias para los accionistas y aplicó una serie de otros “ajustes”, como convertir a los mismos docentes en co-dueños de la casa de estudios.

 

 

 


Guerra civil

En medio de todo eso estalló el conflicto: profesores y alumnos se aliaron para el rechazo. Hubo paros y tomas que coincidieron con el inicio del movimiento nacional estudiantil liderado por la Confech en contra del lucro en la educación. El ambiente era claramente difícil. Quienes participaron en el proceso aseguran que durante esos días afloró lo peor de cada uno. Hubo hostilidades de lado y lado. Malas caras, malos tratos. “Fue como una guerra civil, en que todos consideraban traidores a todos”, relata un profesor.

Según cuentan en los pasillos de la universidad, hubo académicos que desde el principio se negaron a cualquier posibilidad de cambio, y tampoco faltaron los que exigieron un mayor precio por las que serían sus acciones. El tema terminó ideologizándose y se armaron dos bandos: por un lado, quienes querían a Norte Sur o a otro socio y por otro, los que buscaban “defender” a la universidad contra el avance del mercado.

Y así, en agosto de 2011, un año después de que comenzara el proceso de venta, todo terminó. La asamblea general de socios de la universidad decidió retirar la reforma de estatutos que permitía el ingreso de Inversiones Norte Sur y descabezó por completo a la administración anterior, liderada por Livacic.

El 3 de octubre de ese año, Norte Sur informó a la superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que todo quedaba en nada, como consecuencia del vencimiento de los plazos para el cumplimiento de las condiciones requeridas para la alianza estratégica.

Dos semanas después, una nueva junta directiva de la Universidad Central eligió como presidente al arquitecto y profesor Ricardo Napadensky y como vicepresidente, al académico Washington Saavedra.


El rol de Germán Correa

Desde su ingreso, la nueva mesa directiva se concentró en “pacificar” a la institución. Pese a que su federación de estudiantes ha protagonizado varias tomas en estos últimos meses, existe confianza en que los ánimos se irán calmando poco a poco.

Sin embargo, varios profesores reclaman que la universidad está como en los años 70: en estado de alerta y movilización permanente, porque el fantasma de la privatización no ha sido del todo exorcizado. En medio de los rumores, mil veces desmentidos, de que habrá una venta, hay docentes para quienes el hecho de que la entidad se mantenga como una corporación sin fines de lucro resulta intransable. Y hacen valer el poder que les dan los mismos estatutos de la universidad.

En sus siete meses, Napadensky ha dirigido el plantel con el apoyo de casi todos los profesores. Sin embargo, ya comenzó a instalarse una oposición, que en las últimas semanas ha criticado severamente su gestión. Mediante un correo electrónico enviado a toda la comunidad universitaria hace un par de semanas, un grupo de académicos –que firma la carta anónimamente– asegura que, tras la “epopeya” de “recuperar” la universidad y realinearla a sus principios fundacionales, se fueron dando cuenta de que la nueva junta directiva estaba actuando igual que la anterior.

En el correo, que termina alentando “a denunciar todos los actos que no se apeguen a los valores y tradición de la UCEN”, los académicos acusan a la junta de boicotear a decanos que no son de su agrado; de haberse subido las remuneraciones y de no haber nominado a un nuevo rector o ratificado al actual. Hay varias acusaciones; incluso, de mal uso del dinero. Consultada al respecto, la junta directiva declinó entregar su posición a Revista Capital.

También se critican la contratación de asesores y la estrecha relación con la federación de estudiantes. De hecho, en la misma universidad ya se habla de un proyecto de “trigobierno”: una trenza entre la junta, los profesores y sus alumnos.

Sin embargo, la cercanía con los estudiantes es bien vista desde afuera. Tener a los alumnos como aliados ha permitido darle una mayor estabilidad y continuidad al proyecto, pese a que el año pasado los daños por paros y tomas superaron los 100 millones de pesos, según consta en una querella del entonces rector Ignacio Larraechea.

Pero uno de los problemas más inmediatos que deberá enfrentar la nueva administración es el cobro de los mil millones de pesos de la multa que Norte Sur activó hace algunos meses. Son casi dos millones de dólares, cifra nada despreciable para una universidad cuyo patrimonio –constituido sobre todo por el rubro inmobiliario– rondaría los 40 millones de dólares.

El actual vicerrector de Desarrollo Institucional, el ex ministro de transportes Germán Correa, lidera las negociaciones. En sus manos está hoy encontrar una fórmula que satisfaga a ambas partes, pero se comenta que la plata de la multa no está en el presupuesto de este año, por lo que la negociación sería más larga de lo previsto.

Desde la universidad aseguran que existe plena tranquilidad en que se logrará un acuerdo que proteja los intereses de la institución.

La acreditación

Otro problema en ciernes es la acreditación. En diciembre de 2008, la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, resolvió certificar por cuatro años –hasta el 09 de diciembre de 2012– a la Universidad Central. Es decir, a la institución le corresponde este año someterse a un nuevo proceso de validación institucional, que es sumamente necesario no sólo por la garantía implícita de calidad que conlleva, sino porque permite a sus alumnos acceder a los créditos y becas que ofrece el Estado.

En el caso de la Central, al menos la mitad de sus estudiantes –la mayoría, de estratos medio y medios bajos– paga sus matrículas con créditos o ayudas, por lo cual necesita estar acreditada.

En sus análisis, la CNA no sólo examina la situación financiera de la institución, que en este caso es sólida –se estima que en 2011 la universidad ganó unos 2.400 millones de pesos y que su deuda no supera los 20 millones de dólares–, sino que también la fortaleza institucional, el plan de desarrollo estratégico y la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo. Temas como la facilidad para tomar decisiones, la claridad de los estatutos, las deserción de alumnos, la cuantía y calidad de sus profesores, la formación de postgrados, el material bibliográfico y hasta la investigación docente, entre varios otros ítems, son cotejados.

Al interior de la universidad existe confianza en que la acreditación será conseguida de todas maneras, pero varios académicos manifiestan su incertidumbre, ya que ni el actual rector subrogante, Luis Merino, ni el presupuesto 2012 habrían sido ratificados todavía. De hecho, se está trabajando con los presupuestos de continuidad y se espera que prontamente se aprueben todas la partidas, según consta en un acta de la Federación de Estudiantes tras una reunión en la rectoría el 12 de abril pasado.

En el mundo universitario nada es considerado más nefasto que frustrar la acreditación. El caso de la Uniacc, cuya matrícula cayó en un 30% tras perder el certificado en 2011, está patente en el sistema.

A eso se suma ahora otra variable. Más nueva, pero que afecta a todo el sistema de educación superior y, sobre todo, a las universidades de tamaño medio o que no cuentan con espaldas financieras: se trata del proyecto del gobierno para reformar el financiamiento universitario.

El nuevo sistema obligará a las propias universidades a cubrir la brecha que exista entre el precio que cobran por carrera y el de referencia, que será fijado por el Estado. Ello implicará un fuerte gasto y un reacomodo de la oferta, sostienen diversos expertos.

Por eso, en la misma comisión de Educación del Senado, parlamentarios como Carlos Cantero y Jaime Quintana tienen sus dudas acerca de la viabilidad de que las instituciones sean capaces de costear la brecha.

Según cálculos privados de un fondo de inversión, en ese escenario –y además con carreras más cortas, como quiere ahora el gobierno– se necesitarán unos 20 mil alumnos para hacer rentable un negocio educacional. Por eso, ya se habla de una inminente ola de fusiones en la educación superior que dejará en el mercado sólo a aquellas entidades de gran tamaño o “misionales”, como las ligadas a alguna iglesia, a las que no les interese ganar plata, sino que influir en la sociedad.
Mientras, todo el mercado mira expectante que pasará con la Universidad Central.