Por: Rodrigo Reyes Duarte, director Jurídico Prelafit Compliance.

  • 5 diciembre, 2019

«En el libro “Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), en junio 2017 se señalaba que se podía hablar con propiedad de que en Chile se evidencia una fuerte “desigualdad del trato social”. Pertenecer a las clases más acomodadas, dice el libro, facilita significativamente no tener experiencias de malos tratos, lo que constituye una ventaja considerable cuando lo que está en juego son las formas de reconocimiento social desde las cuales las personas pueden desplegar su subjetividad.

La desigualdad social en Chile produce arraigados sentimientos de injusticia, agrega.

Es importante tener en cuenta lo anterior ahora que el Gobierno ha anunciado que está preparando un plan de medidas denominado «Agenda Antiabusos» o «Antiprivilegios» y que, aún cuando sólo se conocen temas generales, resulta necesario esbozar al menos un par de ideas que habría que discutir y que inciden en temas de anticorrupción, materia en la que -se ha señalado- se percibe una importante sensación de abuso y de injusticia.

La primera idea es que debiera apuntarse a perfeccionar la legislación y evaluar el aumento de las penas de los delitos de cuello blanco.

No es posible que en Chile tengamos “mano dura” contra quienes participan en un robo, pero no exista igual reacción contra los delitos empresariales, como el caso de la colusión u otros delitos económicos que producen mucho más daño.

La debilidad con que se castigan los delitos económicos permite que se perciba a la persecución penal como una cuestión de clase, y ello, además, es consistente con los escándalos del último tiempo que han develado los vínculos de sujetos económicamente poderosos y la clase política. Ello ha incrementado la sensación de abuso de la población, ya que pareciera entenderse que el derecho penal está reservado sólo para los pobres.

Por ello, en primer lugar, pareciera adecuado seguir la regulación penal de los Estados miembros de la OCDE en materias de corrupción y delincuencia “de cuello blanco”, siendo especialmente duros en la persecución de este tipo de delitos.

Hay que tener claro, además, que lo que se busca no es castigar al empresario, sino que, por el contrario, proteger al mercado, precisamente de las malas prácticas de empresarios inescrupulosos.

Si algo nos debiera enseñar la crisis en Chile, es que no es posible tolerar este tipo de conductas abusivas que producen muchísimo más daño que un portonazo o un robo a un cajero automático y que no significan penas proporcionales al mal causado.

Otro tema que me parece relevante, es hacerse cargo de la protección a los denunciantes como también del incentivo a las denuncias, como sucede en países anglosajones.

En efecto, en algunos países, si yo denuncio de buena fe algunos actos de corrupción y ello significa la imposición de multas importantes, el denunciante puede obtener como galardón o premio un porcentaje del monto de la multa. También esto puede aplicarse en el caso de fraudes tributarios, como lo contempla especialmente la legislación canadiense.

En Chile, por el contrario, no solo no existen estos incentivos sino que incluso la omisión de denuncia (en el caso de estar obligado a hacerla) está sancionada solo con pena de falta.

Debiéramos avanzar en la discusión de un programa de recompensas a los denunciantes, tal como los que existen en los Estados Unidos hace más de 150 años.

La Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos – el equivalente a la Comisión para el Mercado Financiero en Chile- por ejemplo, ha pagado más de 387 millones de dólares a 66 denunciantes desde el año 2012. Normas parecidas podemos encontrar en otros países de la OCDE como Reino Unido, Alemania, Japón, Australia e incluso México. ¿Podemos pensarlo para Chile?»