• 18 marzo, 2008

La bonanza del cobre ha desnudado la incapacidad de las autoridades para aprovechar este buen momento que viven las arcas fiscales. Las reformas microeconómicas no serán suficientes si las instituciones son incapaces de ejecutar eficientemente esos proyectos. Por Patricio Rojas
La bonanza del cobre ha desnudado la incapacidad de las autoridades para aprovechar este buen momento que viven las arcas fiscales. Las reformas microeconómicas no serán suficientes si las instituciones son incapaces de ejecutar eficientemente esos proyectos. Por Patricio Rojas
Chile ha enfrentado en estos últimos años un escenario externo extraordinario, con un precio del cobre en niveles históricamente elevados, al punto de alcanzar un promedio durante los últimos dos años que supera los 3,2 dólares la libra. Ello ha elevado la participación del cobre en las exportaciones chilenas a casi un 60%, registrando niveles récord de envíos del metal hasta un valor de 38.200 millones de dólares en 2007. El alza de precio del cobre ha signifi cado, además, importantes ingresos para el fisco, que –en los últimos dos años– lo han llevado a acumular excedentes por más de 20.000 millones de dólares al año pasado, esperándose que bordeen los 31.000 millones durante este año.
Una pregunta que resulta legítima frente a estos hechos apunta a visualizar qué efectos en la economía ha provocado este comportamiento alcista del precio de nuestro principal producto exportado. En general, el impacto sobre el tipo de cambio es el que más atención ha generado entre los agentes, lo cual ha llevado a que constantemente se estén evaluando las acciones que han tomado las autoridades en su intento por evitar una apreciación mayor del peso.
Sin embargo, un impacto probablemente mucho más importante que ha traído esta bonanza del precio del cobre es que ha desnudado la incapacidad de las autoridades para aprovechar el buen momento que viven las arcas fiscales. En efecto, una de las restricciones importantes que Chile ha enfrentado históricamente para emprender proyectos ambiciosos ha sido la falta de recursos. Pues bien, la actual coyuntura nos ha relajado en forma importante esta restricción; sin embargo, no se ha avanzado mucho en concretar estos proyectos, revelando que el verdadero cuello de botella que enfrentamos como país para pretender mayores tasas de crecimiento es la escasa capacidad de gestión que exhiben las instancias encargadas de ejecutar estos proyectos.
Impacto cambiario
Si bien las mayores divisas que ha recibido el país en los últimos años –producto del alto precio del cobre– han ayudado a que el peso se aprecie, ésta no sería la causa principal que explicaría la fuerte caída que ha experimentado el tipo de cambio en los últimos doce meses. Esto, por cuanto las acciones del gobierno de ahorrar los excedentes del cobre han permitido reducir las presiones sobre el tipo de cambio. En particular, la sostenida aplicación de una regla de superávit estructural ha obligado a ahorrar parte de los excedentes obtenidos del cobre. Estos, a su vez, se han invertido en el extranjero, reduciendo así su efecto cambiario.
No obstante las acciones de la autoridad fiscal, los movimientos cambiarios observados han respondido en gran medida a otros factores, como la mayor volatilidad financiera en los mercados internacionales y, fundamentalmente, al debilitamiento del dólar respecto de las demás monedas. Ante esto, tampoco se puede cuestionar al Banco Central por no llevar a cabo un rol más activo para afectar el comportamiento de la paridad peso/dólar, por cuanto es conocido que la intervención cambiaria exhibe bajas probabilidades de modificar con éxito una tendencia particular de la paridad.
Por otra parte, la disciplina fiscal y el manejo monetario han evitado que se genere un boom de gasto en virtud de las excepcionales condiciones provenientes del alto precio del cobre, situación que suele derivar en un sobre calentamiento de la economía con mayores presiones inflacionarias que, inevitablemente, obligan a realizar procesos de ajustes, los que siempre resultan muy dolorosos.
En síntesis, las políticas monetaria, cambiaria y fiscal llevadas a cabo por la autoridad económica pueden ser consideradas acertadas y, por tanto, no han sido responsables del debilitamiento que ha experimentado la economía chilena.
¿Qué explica, entonces, que pese al buen escenario externo y a las grandes cantidades de divisas que ha generado la industria del cobre, Chile siga exhibiendo un tan magro desempeño? En general, existe un consenso importante en que este comportamiento sería una consecuencia de los menores niveles de productividad exhibidos por nuestra economía durante la presente década. Por tanto, la discusión y el análisis se han centrado en los últimos años en definir cuales debiesen ser las reformas microeconómicas y los proyectos asociados que permitirían lograr estas mejoras en productividad, sin preocuparnos de evaluar primero si las instituciones involucradas poseen la capacidad de ejecutar eficientemente esos proyectos. Desafortunadamente, la evidencia ha mostrado una falencia importante en esta área.
Capacidad de gestionar eficientemente
Esta falta de capacidad ha llevado a que el camino elegido por nuestras autoridades sea el de ahorrar los recursos extraordinarios del cobre, reflejando que la opción de no emprender proyectos importantes sea la mejor ante la posibilidad de que los recursos se malgasten y no obtengan el retorno buscado. De no ser así, no se entendería la relativa pasividad que muestran las autoridades en este frente, mientras la economía evoluciona modestamente.
En efecto, el fisco ha ahorrado los excedentes generados por el alto precio del cobre, lo cual es saludable y destacable. Sin embargo, sólo se ha observado una respuesta parcial y acotada para generar un proyecto potente que se oriente a aumentar la productividad de la mano de obra y mejorar la eficiencia de los procesos productivos, condiciones que permitirían incrementar signifi cativamente las posibilidades de iniciar un círculo virtuoso de mayor crecimiento, equidad y progreso futuro.
En este contexto, el contar con mayores grados de eficiencia en el sector público debiese constituir el principal proyecto país a ejecutar cuanto antes, ya que es una condición necesaria para emprender con éxito proyectos orientados a incrementar la productividad de la economía, tales como elevar los estándares en educación.
Lo que se requeriría, por tanto, es desarrollar una estrategia que avance rápidamente en una reforma del Estado orientada a elevar la capacidad de gestión y ejecución de sus reparticiones, para así ir estableciendo las condiciones mínimas que garanticen una implementación exitosa de reformas en otras áreas de la economía; fundamentalmente; aquellas orientadas a aumentar la productividad y la eficiencia de los factores productivos. Con ello, se acotaría el crecimiento económico a niveles en torno a 5% anual durante los próximos años, pero se generaría una posibilidad cierta de elevar la capacidad de expansión por sobre dicho nivel en el mediano y largo plazo, donde los aumentos de productividad y la inversión en educación terminarían redundando no sólo en una mayor riqueza general, sino también en una mejor y más justa distribución del ingreso.
El país aún está a tiempo para moverse hacia este nuevo equilibrio. En efecto, es ahora, con los recursos disponibles, cuando es más factible sacar adelante proyectos que incrementen las posibilidades de crecimiento, tanto de las actuales como de las futuras generaciones. Sólo cabe imaginar el momento en que la economía externa deje de tirar el carro de nuestro crecimiento y nos preguntemos –probablemente, ya demasiado tarde- cómo sostener mayores ritmos de expansión. Es ahí cuando quedará al descubierto que la ausencia de políticas concretas orientadas a aumentar la productividad, mejorar la educación, desentrampar las rigideces del mercado laboral y mejorar aspectos regulatorios en ciertos sectores, entre otras, constituirá un real freno al desarrollo del país.
Los desafíos pendientes para alcanzar este nuevo equilibrio son diversos y urgentes. Uno de los principales, guarda relación con la productividad. Esta crece actualmente en menos de 1% anual, lo cual dificulta que se pueda elevar en forma significativa la tasa potencial de crecimiento en los próximos años. Parte de esta baja productividad responde a una importante falta de innovación en el país, lo cual afecta directamente, la productividad de los factores capital y trabajo. Chile, de hecho, presenta una baja inversión en investigación y desarrollo a nivel mundial y, pese a la aplicación de un royalty a la minería, cuya principal función es fortalecer el esfuerzo público y privado en el campo de la innovación, no se han observado aún resultados concretos.
En síntesis, las posibles ganancias derivadas del alto precio que registra el cobre en los últimos años no han sido aprovechados más que parcialmente, con el consecuente efecto en la riqueza y bienestar de la población. De no apurar el necesario proceso de reformas –principalmente, uno que incremente la eficiencia del aparato público– se continuará desaprovechando una oportunidad que difícilmente se repetirá.