¿Será nuevamente la varita mágica de don legislador la solución definitiva a nuestros problemas institucionales? Como señalaba Adlai Stevenson II (político y estadista demócrata norteamericano de comienzos del siglo pasado), un mal gobierno ciertamente puede destruir una buena política; pero un mal gobierno jamás podrá salvar una mala política. De ahí la importancia de que frente a un problema público que atañe precisamente al grupo que debe resolver sobre su propia regulación, debe extremarse el cuidado a la hora de legislar, ejecutar y juzgar. En estos casos, hay principalmente dos posturas, no irreconciliables entre sí, pero que parten de polos opuestos.

En primer lugar, está la idea del supervigilante: para que no existan abusos, exceso de poder, omisiones graves, dilaciones injustificadas o derechamente incumplimiento de la ley, es necesario crear un nuevo órgano superior, dotado de facultades vigorosas, que le permitan controlar, fiscalizar, supervigilar al órgano que se supone incumplidor de las normas legales. Esta opción ha sido históricamente la preferida por las naciones latinoamericanas, las que, ya sea por idiosincrasia, tradición, ingenuidad o comodidad, han determinado que ésta es la vía para frenar las irregularidades, la corrupción y el desconocimiento o vulneración de la ley. Así nos hemos llenado de superintendencias, fiscalías y otras creativas denominaciones para diseñar instituciones que necesariamente son jerárquicas unas de otras, lo que tiene sentido en el mundo militar, pero cuya aplicación a instituciones políticas civiles es, a lo menos, cuestionable.

De algún modo, esta lógica supone que este ente supervigilante tiene un certificado de superioridad pública. Y surge un problema obvio: quién controla al controlador. Así nos llenamos de nuevas burocracias y superposiciones de potestades públicas, sin saber mucho quién le responde a quién. Se transforma en un problema sin fin, con poca rendición de cuentas públicas y donde los ciudadanos tienen la ilusión de dormir tranquilos, ya que “alguien fiscaliza” pero en realidad se abandona el verdadero rol de la sociedad civil. Los ciudadanos empoderados constituyen un buen guardián de los bienes públicos.

La segunda alternativa, curiosamente, parte desde la óptica opuesta: una saludable y moderada desconfianza hacia lo público, y donde no existe una visión estrictamente jerarquizada de sus instituciones. No hay que confundirse: ciertamente aquí hay decisiones vinculantes de órganos que están uno por sobre otro (eso es precisamente parte del orden institucional) y no significa el descontrol o el abandono de las funciones indelegables del Estado, puesto que la forma de ejercer ese control no consiste en poner un poder sobre otro –lo que genera más poder que igualmente deber ser controlado– sino dividirlo, de modo que nadie puede ejercer una gran porción del mismo, ni menos abusar de él. Con todo, y tal como advirtieron Toqueville y Jefferson, la sola división de las potestades públicas no basta  para limitar el abuso del poder –público o privado–, para ello resulta indispensable, además, la creación de efectivos mecanismos de frenos y contrapesos entre los distintos órganos, de modo que el control sea recíproco, reduciendo los espacios para extralimitación. Esto es lo que constituye verdaderamente un “gobierno de leyes, y no de hombres”.

Mucho del primero y algo del segundo están presentes en nuestra institucionalidad. La alternativa del supervigilante implica un salto de fe civil –algo paternalista– que no siempre se ve recompensado en milagros públicos. En cambio, la premisa básica de una Constitución es el sistema de frenos y contrapesos y la división de los poderes, limitándolos en protección del individuo, precisamente porque las personas somos seres imperfectos y nos reconocemos como tales, todos. Quizás nunca antes había tenido tanto sentido la máxima “divide y conquista”. •••