• 3 junio, 2011



La conversión del presidente Sebastian Piñera en un decidido impulsor de nueva burocracia pública es uno de los hechos trascendentales del último año político.

La conversión del presidente Sebastián Piñera en un decidido impulsor de nueva burocracia pública es uno de los hechos trascendentales del último año político. Es evidente que la crisis económica mundial derivada, entre otras causas, de la desregulación de los mercados financieros, ha cambiando paradigmas. La idea del Estado mínimo es cada vez más impopular.

Por otra parte, el crecimiento acelerado de países emergentes –como China, Brasil, India y Rusia– que mezclan de manera totalmente heterodoxa inversiones privadas junto a toda clase de intervenciones y acciones públicas, está abriendo la cabeza de muchos que vieron en el mercado la solución única y exclusiva para todos los temas del desarrollo.

Hoy asistimos a una renovada demanda por bienes públicos. No es casualidad que la preocupación por el medio ambiente y la democratización de las instituciones irrumpa en las agendas de las más variadas naciones. Tampoco lo es la continua apelación al Estado para encarar los desafíos que el mercado por definición no resuelve.

Quizás imbuido de este espíritu de época, el presidente Piñera ha sido especialmente creativo en la proposición de nuevos artefactos públicos. En su mensaje del pasado 21 de mayo señaló que “los chilenos saben muy bien que la presencia del Estado donde no se requiere es asfixiante, pero su ausencia es desoladora donde sí se requiere”.

Al parecer, tenemos un presidente con más sensación de desolación que de asfixia en lo que la cuestión pública se refiere. Porque ya en su programa de gobierno nos ofrecía 17 nuevas instituciones. Ahí figuraban, entre otras, el ministerio de Desarrollo Social, en tramitación en el Congreso, y la subsecretaría de Comercio Internacional, de la que todavía no tenemos noticia. También, la reforma integral del Sename, separando la atención de los menores que requieren protección de aquellos que han infringido la ley, que el presidente volvió a comprometer el 21 de mayo pasado.

Curiosamente, la institucionalidad orientada a los pueblos originarios y al desarrollo económico coincidió en provocar igual frenesí creador. En reemplazo de Conadi nos proponía no uno sino tres organismos: una Agencia de Desarrollo Indígena, un Consejo Indígena y un Centro Bicentenario de Fomento Cultural Indígena.

Para defender a los consumidores, apoyar a las empresas de menor tamaño y alentar un mejor funcionamiento de los mercados, los Tantauco nos ofrecían otras cuatro instituciones: el Sernac Financiero, el Consejo Nacional PYME, la Oficina de la Innovación y el Emprendimiento y la Superintendencia de Telecomunicaciones.

La nueva forma de gobernar no sólo sería una revolución en la gestión, sino un florecimiento de la orgánica estatal. Los funcionarios públicos tendrían una Academia de Capacitación; las políticas públicas, una Agencia de Calidad; y los procedimientos, una Agencia Auditoría Interna dependiente directamente del presidente. Las áreas metropolitanas no se quedarían atrás: para promover un desarrollo urbano integrado contarían con Instancias Administrativas de Coordinación.

A más de un año de gobierno, buena parte de estas iniciativas permanece como promesas. Algunas se han reafirmado, como la creación del Servicio Nacional de Protección de la Infancia o los Tribunales Vecinales. De otras, poco sabemos. Y sin embargo, la imaginación presidencial no descansa. En sus dos mensajes a la nación, Piñera le ha anunciado al país otras 13 instituciones, desde la modesta Delivery Unit para monitorear los avances en los compromisos presidenciales, a tres nuevos ministerios (Agricultura y Alimentación, Cultura y Patrimonio y Deporte), dos subsecretarías (Educación Superior y Derechos Humanos), dos servicios y una superintendencia especializada en seguridad minera.

No he agregado, por falta de espacio, las comisiones fundadas en la actual administración. Pero sólo en mayo se han creado dos (energía y deportes). ¿Recuerdan cuando el propio presidente Piñera, desde la oposición, pedía soluciones y no comisiones?

Ahora bien, todo este esfuerzo de expansión estatal presenta tres grandes problemas. Primero, identificar el financiamiento fiscal para las nuevas instituciones. Segundo, realizar un ardoroso esfuerzo legislativo para sacar adelante estas iniciativas. Y tercero, tener la capacidad de instalarlas funcionalmente en la red pública, lo que depende más del liderazgo de la nueva burocracia que del espíritu de ley que las origina.

Y en este reclutamiento, la nueva administración ha tenido un desempeño “reguleque”. El desmantelamiento de la lógica de alta dirección pública, en los inicios del gobierno, tampoco ayuda a consolidar esta amplia red de gerentes que requieren todas estas instituciones.

A menos que nos hayamos perdido de algo, no se observa una visión integral del sector público chileno detrás de tanto anuncio. Tampoco, alguna forma de medición de efectividad, ni de la gestión. Ni mecanismos de evaluación de su desempeño. Tal como lo señaló Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, “los problemas públicos no se solucionan necesariamente creando instituciones burocráticas, sino estableciendo mecanismos de regulación, financiamiento o provisión que contribuyan efectivamente a producir los resultados esperados”.

Muchos sospechan que esta creación de instituciones pretende ocultar la ausencia de unas políticas robustas, o la voluntad de gastar dinero fiscal en temas substantivos como educación superior, discapacidad o deportes, por nombrar sólo algunos. Otros creen que nada de esto es tan solemne y que sólo constituye pirotecnia comunicacional, una suerte de perpetuas primeras piedras, destinadas a morir esperando en la antesala legislativa.

Hace 20 años me correspondió acompañar como subsecretario a Edgardo Boenninger en la tramitación del novísimo ministerio Secretaria General de la Presidencia. Pese a que teníamos respaldo de todos los sectores, el trámite fue muy largo y extenuante.

Habrá que evaluar estas promesas. No falta tanto, el presidente tiene sólo 30 meses para concretar todas estas aspiraciones.

Los dichos del pasado respecto de la función pública y de la grasa estatal están suspendidos. Puede ser por este cambio de paradigma post crisis mundial de que hablábamos. Probablemente nuevas convicciones ocupan la cabeza del habitante de La Moneda. La experiencia puede llevar a la conclusión de que son necesarias instituciones estatales más poderosas para ser eficaz en la conducción de la nación. Y entonces, quizás el próximo paso coherente sea establecer nuevos tributos para financiar todo este nuevo Estado. Quizás.