Al final, nadie quedó muy bien parado en el episodio de la sanción aplicada por la SVS a Sebastián Piñera. La Superintendencia de Valores y Seguros se hizo acreedora de la sospecha de haber actuado por consideraciones más políticas que técnicas. Porque ¿lo habría multado en caso de no haber sido precandidato presidencial de la […]

  • 13 julio, 2007

Al final, nadie quedó muy bien parado en el episodio de la sanción aplicada por la SVS a Sebastián Piñera.

La Superintendencia de Valores y Seguros se hizo acreedora de la sospecha de haber actuado por consideraciones más políticas que técnicas. Porque ¿lo habría multado en caso de no haber sido precandidato presidencial de la oposición? ¿Qué tenía Piñera que no tuvieran todos quienes realizaron en el pasado la misma conducta que ahora, solo ahora, la SVS considera inaceptable? ¿Qué hay del notable abandono de deberes de esta repartición?

Por el lado de Piñera el saldo tampoco es muy estimulante. Por predeterminada que haya estado la operación de compra de acciones Lan, según un modelo matemático que la propia SVS reconoció, es abiertamente una imprudencia haberlo dejado operar en un momento en que como empresario él estaba obligado a cuidarse el doble atendidas las aspiraciones políticas que tiene.

Al final fue en la política donde ambas partes terminaron encontrándose. La SVS –encabezada por Guillermo Larraín– cursó la infracción con ese sesgo pese a todo lo que se diga en contrario. Y Piñera optó por pagarla y no apelar, sabiendo que una apelación lo enredaría por años en los tribunales con abierto perjuicio para su futuro político y el desarrollo de la campaña presidencial. Su decisión fue criticada por el oficialismo y tampoco lo libró de las severas críticas que le dirigieron los senadores de la UDI Jovino Novoa y Evelyn Matthei.

Al margen de los problemas que plantea la multa para casos parecidos y que la autoridad ahora se propone revisar hacia atrás, el único saldo positivo en todo esto es saber que la SVS subió sus estándares de transparencia y equidad. Es sano que los accionistas que tienen acceso a información privilegiada no puedan transar títulos de una sociedad mientras esa información no llegue al mercado. El organismo, eso sí, deberá persistir en esta línea de acción no solo respecto de quienes tengan aspiraciones políticas, sino de todos los actores del mercado.