• 16 septiembre, 2008

 

¿Se puede gobernar sin mayoría en el Parlamento? La experiencia actual demuestra que es difícil… y los ánimos vigentes pueden llevar a que esta situación se perpetúe en la próxima administración.

 

Los acontecimientos del último año muestran evidencia suficiente acerca de las dificultades de gobernar sin mayoría parlamentaria, tanto para sacar adelante los proyectos que el gobierno requiere como para aprobar cualquier iniciativa necesaria aunque transitoriamente impopular.

No se trata de hacer lo que se quiera, ni de eliminar la imprescindible fiscalización. Se trata sólo de que un gobierno en un régimen presidencial, elegido según el sano principio de la mitad más uno de los sufragios válidamente emitidos, pueda por coherencia y en su corto período de mandato, concretar lo esencial de su programa. Pero actualmente en Chile vivimos la falta de sintonía del Ejecutivo con la mayoría del Legislativo. Además, se exige alto quórum de votación en muchas materias de singular importancia.

¡Estupendo!, exclamará un opositor al actual gobierno, ignorando que una parte muy importante del diseño institucional vigente y reformado por amplio acuerdo en 2005 apuntaba al equilibrio entre poderes y no a la obstrucción, que es de lo que hablamos ahora, porque la iniciativa en la mayoría de los temas importantes en materia legal (o en todos, dirían algunos expertos), está en el Ejecutivo y no en el Legislativo.

Pero el problema es que muchos de los proyectos importantes para el futuro son impopulares para determinadas corporaciones e intereses, los que –aun siendo minoritarios– hacen sentir su peso en el Parlamento y paralizan iniciativas buenas para el futuro, respecto a las cuales la mayoría silenciosa, como sabemos, no puede expresarse ni tiene cauce.

Adicionalmente, transferir de forma ya habitual y no excepcional disputas sobre políticas públicas y asuntos valóricos, entre otros, a instancias como Contraloría, Corte Suprema y Tribunal Constitucional trastoca la naturaleza del sistema político y contribuye al menoscabo de la soberanía popular. Además, como se sabe, ya hay tres millones de electores y electoras fuera del padrón electoral, que no ejercen y no ejercerán su derecho a voto en el futuro próximo, cuestión que abona a la escasa solidez de nuestra democracia.

Se promueve también un “regionalismo” que hace más volátil y difícil conformar las mayorías y cuya único programa consiste, como en algunas votaciones últimas, en negociar prebendas, que puedan transformarse mañana en votos para el parlamentario que las consigue.

Y así, los incentivos a la pérdida de sentido colectivo aumentan y la posibilidad de sacar proyectos difíciles se vuelve cada vez más compleja. En el último mes se rechazó una reforma constitucional que permitía reorganizar las plantas de funcionarios municipales y pasar del actual rígido esquema estatutario a uno que permitía movilidad y la urgente profesionalización de la gestión comunal. El proyecto, que tenía amplio respaldo técnico, fue rechazado por una transversal mayoría que incluía parlamentarios de todos los bloques.

La oposición actúa como si nunca fuese a gobernar o como si en las prácticas institucionales pudiera hacerse un borrón y cuenta nueva, sólo por el merito de la elección de un nuevo gobierno. Al revés, si se instala como único principio rector de la actividad parlamentaria la reelección perpetua, la posibilidad de rectificar estilos es cada vez más baja.

La historia de Chile está llena de situaciones de confusión institucional. Entre 1892 y 1920 se incubó toda forma de enredos y frustraciones en el contexto del boom salitrero y de un régimen parlamentario. Es importante rescatar los dichos de uno de los precursores de la revolución contra el gobierno presidencialista de José Manuel Balmaceda: “duro es confesarlo, pero los hombres que hicimos la revolución con la mejor de las intenciones, hemos causado daños mayores que los bienes prometidos”, afirmó Francisco Valdés Vergara (1894). Entre 1970 y 1973, el presidente Allende, elegido constitucionalmente, no tuvo nunca mayoría parlamentaria para legislar.

Por ello es crucial superar el impasse institucional que se ha ido constituyendo a partir de la pérdida de mayoría de la Concertación en las dos cámaras del Parlamento. Este impasse no concluirá el 11 de marzo de 2010, día de inicio del nuevo gobierno, que desde ya, en un cuadro sin mayorías, por definición tendrá una relación muy difícil con el Congreso. Y si el clima sigue como hoy, odioso y exasperado, será difícil gobernar y claramente imposible hacer transformaciones efectivamente innovadoras.