• 24 agosto, 2010


A veces se pide más Estado y a veces, menos. Parece que depende de la instancia. El caso de la minera San Esteban nos recuerda que las empresas cometen errores y que, para evitarlos, el Estado debe jugar su rol.


Hay que decirlo fuerte y claro: la minera San Esteban, propietaria de la mina San José, es la responsable de que 33 mineros hayan quedado atrapados tras el derrumbe en la mina. Lo que ocurre con este hecho, como en muchos otros, es que luego de un problema netamente privado el Estado tiene que hacerse cargo –y está bien que así sea–. Por momentos recuerdo las discusiones sobre más o menos Estado… y pensar que son las mismas empresas las que constantemente están pidiendo menos Estado, menos fiscalización. Algunos se sienten superhéroes a la hora de conducir sus compañías y elevarlas a estándares internacionales. Pero cuando viene una tragedia, el Estado es el responsable o –al menos– se comparten las culpas.

Por lo tanto, la discusión no debe ser acerca del tamaño del Estado, sino de tener un buen Estado. Qué debe hacer y qué no debe hacer el Estado lo tienen que determinar las demandas provenientes de la ciudadanía. Y, por lo visto, luego de este caso y otros, pareciera que también lo va empezar a determinar el sector privado, quien a través de este tipo de circunstancias exige más y mejor regulación.

En estas semanas hemos sido testigos de cómo una crisis en el sector privado ha gatillado una serie de efectos en el gobierno. Hemos visto a un ministro de Minería en terreno, un presidente que tuvo que cambiar su agenda internacional para estar presente en el lugar de la tragedia, una constante búsqueda de culpables que terminó con despidos –y van a venir más– sin sumarios y con un efecto incierto sobre nuestro sistema de alta dirección pública; un informe de la Dirección del Trabajo que se supone no vio la ministra y que pone en jaque la claridad con que se entrega la información. Por un lado nos dicen que la Dirección del Trabajo tiene las atribuciones para suspender las tareas de una empresa y, por otro, nos repiten como robots que Sernageomin es la autoridad para interrumpir faenas. Parlamentarios de gobierno culpan a la ex presidenta Bachelet y los de oposición buscan responsables en las actuales autoridades.

Lo ocurrido en la mina no es un caso aislado que pone de manifiesto la miopía existente en algunas de nuestras empresas. El caso de los salmones en el sur del país fue un ejemplo de cómo se intentó culpar al gobierno por la falta de fiscalización, cuando el problema lo había generado el sector privado; el caso de Celco que afectó directamente a la inversión de más de 1.000 millones de dólares por contaminar un río y poner en riesgo la vida, no de mineros, pero sí de cisnes de cuello negro. En el ámbito internacional, la crisis subprime es también un ejemplo de lo anterior. Y así podemos encontrar varios casos en que la responsabilidad del sector privado es superior a la del sector público; pero es éste último, y por ende todos los ciudadanos, los que terminamos pagando por el daño causado.

El trasfondo de este tema está más allá de las culpas y de las responsabilidades. En la génesis de esta tragedia se encuentra el paradigma que todavía parece regir en algunas de nuestras empresas: cuando el enfoque de generación de valor está en la ganancia del trimestre y cuando maximizar la utilidad del accionista en el corto plazo es el único e incuestionable credo, las direcciones de las compañías suelen tomar decisiones que favorecen el resultado, pero son potencialmente nefastas para la viabilidad de las firmas en el largo plazo, para la industria a la que se pertenecen y para la sociedad en la que se desenvuelven.

Por lo tanto, este tipo de desgracias no debería limitarse a llamar la atención de las autoridades para solucionarlas y castigarlas ni de la sociedad civil para solidarizar y exigir responsabilidades, sino que debiera permitir una buena reflexión de parte de accionistas, directores y administradores acerca de los riesgos –y la moralidad– de entramparse en modelos de generación de valor mezquinos y cortoplacistas, que no incorporen en su visión un compromiso real de responsabilidad con el entorno.

Por ello, es crucial que reconozcamos quiénes son los verdaderos culpables de esta tragedia y decirlo públicamente. Esto se hace aun más relevante para este gobierno, en el que los límites parecen ser más delgados, toda vez que es el sector privado al que este presidente ha invocado para ayudarlo a superar la crisis de la reconstrucción o a la celebración del Bicentenario, entre otros temas. No vaya a ser que le exijan de vuelta y que el gobierno y el mismo presidente terminen pagando por los errores que ocurren al interior de las empresas.