“La visión del Gobierno sobre la economía se podría resumir en unas cuantas pocas frases: si se mueve, ponle impuestos; si se sigue moviendo, regúlalo. Y si deja de moverse, subsídialo” (Ronald Reagan).
Por Francisco Orrego B,

  • 25 junio, 2020

En la Facultad de Derecho nos enseñaron que el Orden Público Económico no estaba definido por la Constitución ni por el legislador, sino que dicho orden consistía, en palabras de mi profesor de Derecho Constitucional, José Luis Cea, en “el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía del país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución”; mientras que mi profesor de Derecho Económico, Arturo Irarrázaval, lo definía como “el conjunto de medidas adoptadas por la autoridad con el fin de organizar la actividad y las relaciones económicas”, todo ello con el objeto de permitirle “a todos los agentes económicos, en la mayor medida de lo posible y en un marco subsidiario, el disfrute de sus garantías constitucionales de naturaleza económica de forma tal de contribuir al bien común y a la plena realización de la persona humana”, complementa el abogado Arturo Fermandois.

El modelo económico diseñado durante la segunda mitad de los años 70 y fundado en los principios y normas constitucionales todavía vigentes, sirvió de base a un proceso de desarrollo y progreso en Chile durante los últimos 40 años nunca antes visto. Ese modelo, que fue perfeccionado durante sucesivas administraciones y que hoy algunos quieren destruir, fomentó la iniciativa privada y disminuyó el rol del Estado y las consecuencias negativas que se derivaban de su intervención, como empresario (subrayo como empresario), en la vida económica del país. Bien sabemos que el Estado es un mal administrador de empresas. Los resultados están a la vista. Salvo contadas excepciones, solo ha servido para aumentar el poder y privilegio de los políticos.

Sin embargo, la mantención y supervivencia de este modelo, que algunos anuncian su fracaso, sin reparar en que es precisamente ese modelo, el que nos está permitiendo abordar la actual crisis sanitaria y económica, está en juego y bajo abierta amenaza. Sabemos que se nos viene un plebiscito, que podría dar curso a un proceso de elaboración de una nueva constitución, que algunos pretenden escribir a partir de una hoja en blanco, y donde el modelo, con sus principios y normas, será puesto a prueba. Para quienes creemos firmemente en él como el mejor para nuestro país, deberemos defenderlo sin complejos ni temor.

Entre los principios que sustentan el Orden Público Económico, se encuentran tres que son los pilares del modelo económico existente: el derecho de propiedad, el principio de la subsidariedad y la existencia de un Banco Central autónomo. El derecho de propiedad es, sin duda, el principio más relevante a nivel constitucional, mientras que las normas que regulan la actividad empresarial del Estado, constituyen un dique o muro de contensión a la ambición ilimitada del Estado, de intervenir en todos los sectores económicos.

Del mismo modo, otra de las importantes innovaciones de nuestra Constitución, es el reconocimiento de un Banco Central autónomo, cuya principal función consiste en velar por la estabilidad de precios (control de la inflación) y la estabilidad financiera. El banco emisor tiene prohibido financiar el gasto público u otorgar préstamos al Estado, sus organismos o empresas, en razón de la histórica experiencia de sobreendeudamiento de los gobiernos con el Banco Central, con niveles de hiperinflación jamás vistos (323% entre 1972 y 1973). Pocos recordarán que la independiencia del Banco Central, fue clave para reducir la inflación que experimentó nuestro país desde inicios de la década de 1990, cuando ella bordeaba entre el 25% y 30%.

Teniendo presente el debate constitucional que se nos viene, y las amenazas que se ciernen sobre el modelo, no deja de sorprendernos que el gobierno, con menos de 10 días de diferencia, haya anunciado dos medidas que apuntan a la base de dichos pilares, abriendo la puerta -la primera de ellas- a un proceso de estatización de empresas privadas y poniendo -la segunda- en riesgo la autonomía del Banco Central. Así, en cosas de días, retrocedimos varias décadas en materia de confianza y fortaleza de las instituciones y en la necesidad de reglas del juego responsables, claras y estables.

William McChesney repetía con frecuencia: “Hay que quitar el alcohol de la fiesta antes que ésta se anime demasiado”. Aunque aquí no estamos de fiesta, ambas medidas parecen resultantes de algún trasnoche.

Como parte del acuerdo social y económico, denominado Acuerdo Covid, alcanzado entre el gobierno y la oposición en la Comisión de Hacienda del Senado, se estableció un mecanismo de rescate para las grandes empresas que incluye, entre otras, la opción de incorporar al Estado como accionista de las empresas en dificultades. Apelando al concepto de empresa “estratégica”, se permite al Estado ingresar a la propiedad de empresas privadas, lo que ha generado la euforia de quienes promovían el “Area de Propiedad Social” de fines de los sesenta. Ya sabemos como terminó eso. Ni el agresivo plan de privatizaciones desarrollado en los últimos cuarenta años, ha permitido reducir el tamaño del Estado empresario (596 empresas en 1973 versus 33 empresas en 2020). Ni la promesa de ser una medida transitoria se cumplirá, pues todo lo temporal se transforma en permanente en nuestro país. Con esta medida, solo le damos en el gusto a los que quieren más y más Estado. Lamentablemente, también sabemos para qué.

Esta medida de estatización me recuerda la conocida frase de Willian Simon: “Los empresarios desean verse libres del Gobierno cuando prosperan, pero protegidos cuando les va mal”.

Aún no repuestos por lo anterior, y alentados por algunos ex presidentes del banco emisor, se anuncia una reforma constitucional para permitir que el Banco Central pueda comprar bonos de la Tesorería en el mercado secundario. Esta propuesta conlleva el riesgo de convertirse en una medida que se use indirectamente para monetizar los déficit fiscales, si no se cuenta con los resguardos necesarios. O bien, peor aún, puede ser el primer paso para un posterior financiamiento más amplio de los déficit fiscales con emisión de dinero. Sin embargo, esta medida no es muy distinta a un financiamiento directo del déficit, salvo porque no hay un transacción directa entre el gobierno y el Banco Central, pero los efectos monetarios e inflacionarios pueden llegar a ser muy similares. Por ello, se le llama una emisión “inorgánica”. Más aún, a diferencia de la experiencia de país desarrollados, nuestro país aún no consolida una trayectoria de baja inflación, por lo que compararse con los bancos centrales de otros países es discutible. Daniel Lacalle afirma, refiriéndose a esta medida, que “copiar a la FED sin tener la demanda del dólar es copiar a Argentina”. ¿En verdad queremos copiar nuestros vecinos?. Lo pensaría bien.

“Los estados, cuando recurren al banco central para cubrir el déficit público, lo que están haciendo es inventar dinero que, en la medida que no corresponda a un incremento real de la producción, beneficiará a unos ciudadanos -los que reciban este dinero del Estado- en detrimento de los demás, que se verán perjudicados por la inflación” (Agustí Chalaux).

El avance que hemos tenido en ambas materias en Chile, no debe ser puesto en riesgo, menos aún si con ello debilitamos la institucionalidad, el ambiente macroeconómico y la responsabilidad fiscal que ha permitido el crecimiento y la reducción de la pobreza. Sería el principio del fin. O, peor aún, el comienzo de nuestra argentinización. Ya sabemos donde termina eso.

Ante la necesidad del gobierno de incurrir en un gasto público récord y de enfrentar una aguda recesión, debemos ser capaces de resistir la presión que estamos observando para desdibujar los límites entre endeudarse para financiar el gasto (política fiscal), a cargo del gobierno, y simplemente imprimirlo (política monetaria), a cargo del Banco Central. Junto a lo anterior, debemos ser capaces también de defender la autonomía del ente emisor y de evitar la estatización de nuestro sector privado, como condición previa para entrar a un debate constitucional. ¿Estamos preparados?.

No sería deseable tener que repetir, en el mediano o largo plazo, las palabras de Reagan sobre el déficit fiscal, quien afirmaba: “no estoy preocupado sobre el déficit. Es lo suficientemente grande para cuidarse solo.”. Si no somos como Estados Unidos, ni tampoco queremos ser como Argentina, entonces no “arreglemos lo que está bueno”.