Por: María José Gutiérrez y Carla Sánchez Ilustraciones: Ignacio Shiefelbein La crisis golpea la mesa En marzo pasado, varios abogados corporativos coincidieron en un vuelo a Río de Janeiro. Viajaban a la conferencia regional de la IBA (International Bar Association). Y todos, según cuenta uno de los asistentes, “se iban quejando de que no había […]

  • 21 julio, 2016

Por: María José Gutiérrez y Carla Sánchez
Ilustraciones: Ignacio Shiefelbein

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La crisis golpea la mesa

En marzo pasado, varios abogados corporativos coincidieron en un vuelo a Río de Janeiro. Viajaban a la conferencia regional de la IBA (International Bar Association). Y todos, según cuenta uno de los asistentes, “se iban quejando de que no había pega en el área de fusiones y adquisiciones”. Algo curioso, agrega, considerando “que el dólar se ha devaluado un 30% y para los extranjeros, Chile está barato. Pero el primer semestre casi no vimos gran actividad”.

“Hace un par de años que no me llega nada importante”, le comenta un abogado de renombre a otro. El complejo escenario económico que enfrenta el país se está sintiendo en los bufetes. “En el área civil la cosa está fregada, las oficinas no están contratando gente y el tipo que se va no es reemplazado”, cuentan.

Salvo en las oficinas penales, que están bastante activas, los estudios están sufriendo los embates de una actividad económica alicaída y clientes más cautos. “Las inversiones están más lentas”, admiten. Lo que sí se ha visto con mayor frecuencia son los llamados “asuntos concursables”, en términos simples, las quiebras.

Ante la arremetida de las investigaciones por el financiamiento irregular de la política, hay quienes dicen que hoy los empresarios están más preocupados de tener abogados penalistas que buenos para las inversiones y negocios. “Ésa es una novedad”, dice Juan Francisco Gutiérrez, socio de PPU (ex Philippi), “con esta cantidad de gente procesada, creo que es posible que lo estén pensando”. Por esto, el área penal es una de las que PPU está potenciando desde 2010 y más fuertemente desde el año pasado, con la llegada del abogado Sergio Contreras para liderar un equipo donde trabajan seis personas.
En Prieto y Cía, Alberto González asegura que “no hay que exagerar. Lo que pasa es que los casos penales han afectado a empresas importantes y tales casos y los abogados penalistas han tenido mucha exposición pública. Pero las empresas siguen requiriendo buenos abogados para el día a día y el desarrollo de sus negocios en todas las restantes áreas”.

“Lo normal es que una empresa no requiera un penalista nunca”, dice Sergio Diez, de Cariola.

Las áreas más demandadas son la tributaria y laboral, por las reformas; ambiental y regulatoria. “Cuando haces menos negocios porque tienes una actividad económica alicaída, puedes potenciar otras que dependen más del regulador”, explica Gutiérrez.
“En Chile, a raíz de las reformas y de los escándalos políticos, las más demandadas son la penal y la tributaria. Esta última porque la reforma fue mal hecha: es un engendro mal formado, lo que significa que está lleno de áreas grises cuya aclaración ha acarreado incertidumbre y dudas, lo que ha obligado a la intervención de especialistas”, asegura Gustavo Parraguez, de Parraguez y Cía. “El área de litigios se ha potenciado particularmente en lo penal, donde a diferencia de lo que ocurría antes, hoy hay escuelas de penalistas, con abogados que han pasado por la fiscalía y la defensoría”, explica.

“Los que nos dedicamos sólo a tributario crecimos más allá de lo esperable para cumplir con las demandas. El hecho de que haya tantos requerimientos me ha permitido sofisticarme en las áreas que me gustan, como los informes en derecho, compliance y juicios tributarios”, dice Carolina Fuensalida, de Fuensalida & Del Valle.

El multihombre

“Las audiencias hoy son una especie de reality”, dicen. El caso más emblemático fue Penta con sus audiencias en vivo, lo que “te exige no sólo un dote de buen abogado, sino de manejarte con ideas de cuñas, saber instalar ideas a través de la prensa, y para hacerlo debes usar términos precisos, claros”, cuenta un jurista.

¿Cómo se preparan para eso? “Para mí es un desafío enorme porque siempre he sido una abogada muy de escritorio, de desarrollar buenos informes en derecho, nunca se me planteó tener una posición más expuesta. Sólo se desarrolla con ensayo error”, asegura Carolina Fuensalida. Para la reforma tributaria, le tocó exponer más de 70 presentaciones, cuenta, y tuvo que contratar una agencia de comunicaciones que la ayudara a comunicar las ideas al público y contribuyentes normales de manera simple.
Además de comunicadores, los clientes buscan que su abogado sea también un asesor que se involucre en el negocio, que lo ayude más allá del consejo legal, dice Fernando Arab, socio de Morales y Besa.

“Hoy, dado todos los distintos casos en que se han visto involucradas grandes empresas, sin la adecuada información de los directores, el rol que toman los abogados es protagónico: ser asesor de directorios y entregar conocimientos en áreas que son más desconocidas”, agrega Fuensalida. Eso hace que hoy en los directorios se sienten abogados, donde antes estaban economistas, ingenieros o políticos.

“El rol de los abogados en los directorios se ve cada día más complejo, ya que los conflictos están llegando con mucha facilidad a ellos. Ser director y abogado de una empresa hace más difícil, no digo imposible, dar un consejo jurídico independiente, sin estar influido el abogado que lo da por su calidad de director involucrado en la situación que se trata”, advierte Alberto González.

Según Nicole Nehme, de FerradaNehme, el abogado ha pasado a tener un rol más exigente. “No sólo es el consejero, sino que un ciudadano, un agente de cambio, cuyas acciones también tienen efectos en la sociedad. Por eso, está mucho más sujeto a escrutinio. Eso supone, me parece, revisar todas nuestras recomendaciones y acciones, no sólo a la luz de su legalidad, sino también de los impactos éticos, comunicacionales y sociales o de otro tipo a que pudieran dar lugar”, dice.

Este rol de multihombre o multimujer se ve además en el mayor grado de especialización en la prestación de servicios que se les exige. “Hemos visto que nuestros clientes, junto con apreciar la especialización de algunos socios, valoran el conocimiento más general de las complejidades legales y financieras del ambiente de negocios en el que se mueven. En algunos casos nos piden participar en sus directorios o en comités especiales estratégicos”, cuenta Luis Alberto Aninat, de Aninat Schwencke y Cía.

La huida de los “chascones”

“¿Supiste que el socio histórico dejó su estudio de toda la vida?”, comentan en los círculos legales. Y este año, los movimientos de piezas clave han sido varios. Pasó con Gustavo Parraguez, que tras un par de décadas en DyP Abogados fundó su propia oficina boutique de litigios civiles, comerciales y vinculados a recursos naturales. Ocurrió con el tributarista Alex Fischer que dejó Carey y Cía. para sumarse a las filas de Baraona Abogados. También con Enrique Munita de Philippi, que tras 14 años a cargo del área laboral decidió emprender rumbo. Y con él partieron prácticamente varios asesores del área. Engruesa la lista Mónica van der Schraft, ex socia de Cariola, Diez-Perez Cotapos & Cía., quien fue reclutada por el estudio español Garrigues para potenciar su área de litigios en Chile.

“Me fui por razones de desarrollo profesional. Había un punto donde, por estructura interna, no tenía más posibilidades de crecimiento. Yo quería un full partnership y no se dieron las condiciones”, resume la ex socia de Cariola.

“Los abogados más ‘chascones’ han decidido huir de los estudios tradicionales que no se han renovado ni generado un recambio generacional”, comenta un jurista. Otro agrega que “es un tema cultural. No sólo los abogados se separan, lo hacen los matrimonios, hay quiebre en las empresas; la pertenencia a grupos colectivos es mucho más tenue que hace 20 o 30 años”.

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“Cuando se trata de estudios grandes y consolidados, normalmente no pasa nada grave si se va un socio”, explica Alberto González, de Prieto y Cía. Pero cuando los estudios son más pequeños, o se va un “socio estructural” es distinto y “puede tener efectos más profundos y difíciles de reparar”, agrega.

En todo caso, la salida de socios históricos no es algo nuevo. “Cuando crecen mucho los estudios, es probable que a algún socio no le guste el estilo de funcionamiento. El crecimiento lleva inevitablemente a que los estudios se organicen como las empresas, con muchas reglas y una mayor burocracia”, explica Enrique Munita.

Otra de las razones para emigrar son los conflictos de interés. “Un estudio muy grande y que pretenda abordar todas las áreas es una oficina que nace preñada de conflictos de interés”, resume Miguel Chaves de Chaves, Awad, Contreras, Schürmann. Por ejemplo, uno de los clásicos conflictos, cuentan en la plaza, son los que se generan con los bancos o las mineras que exigen contratos de exclusividad.

Para evitar la huida, algunos como Alessandri y Cía. han optado por salidas que aseguren “tiraje a la chimenea”, como explica Rodrigo Velasco.

A la caza de clientes

Pagar por aparecer en rankings legales no es una práctica poco común. Tampoco organizar seminarios o mandar newsletters explicando, por ejemplo, los alcances de las reformas. Hoy, los estudios que no tienen periodista son contados con la mano. Es más, varios tienen un equipo comunicacional y asesores para hacer frente a un fenómeno que cada día se vuelve más agresivo: la competencia.

Antiguamente, el Código de Ética del Colegio de Abogados prohibía la propaganda y sólo permitía la “publicación o el reparto de tarjetas meramente enunciativas del nombre, domicilio y especialidad”. Y establecería que toda publicidad “menoscaba la tradicional dignidad de la profesión”. Litigar por la prensa “era mal visto”, cuentan, pero hoy, “buen porcentaje de la fama de algunos abogados se debe exclusivamente a la prensa”.

El mejor ejemplo de ello, cuenta un abogado, es la televisación del caso Penta. “¿Por qué los abogados de la empresa no se opusieron a la transmisión? Porque todos querían aparecer, tener cuatro horas gratis de pantalla. Y lo peor de todo es que el caso se perdió por el escrutinio público, no por la decisión del juez”, dice el profesional.
Las cosas han cambiado. Los estudios gastan parte importante de sus presupuestos en marketing y el código actual de ética –aprobado en 2011– sí permite la publicidad. Lo único que está sancionado es la “solicitación” o lo que se entiende por toda comunicación de un abogado, relativa a uno o más asuntos específicos, para procurar la contratación de sus servicios profesionales.

Actualmente, las principales herramientas de competencia entre estudios, explica Gustavo Parraguez, son “la publicidad directa e indirecta y el precio de los servicios legales. La profesión de abogados hoy ya no es un encargo más de confianza como lo era hace 20 o 30 años, sino que una prestación profesional general y, por lo tanto, frente a igualdad de condiciones y talentos, se selecciona sobre la base del precio”.

“No es usual que un cliente se cambie de abogado”, precisa Francisco Blavi, socio de Pellegrini & Cía. “Distinto es que para el conocimiento de una materia específica, un cliente prefiera trabajar con otra oficina sólo para una operación determinada”, agrega el representante de la London Court of International Arbitration YIAG en Latinoamérica.
“No he visto una especie de guerra por los clientes. Obviamente que todas las oficinas hacen esfuerzos y para ello se recurre a reuniones en las que se presenta el estudio, almuerzos, etc.”, añade Cristián Fabres, de Ried Fabres.

Levantar clientes es una cosa. Levantar abogados es otra. Porque la competencia entre estudios también implica dotar a sus equipos de los mejores representantes de la plaza. Una consecuencia natural de un mercado dinámico.

“El lateral hiring en el mercado anglosajón es una práctica bastante común y tiene mucho que ver con condiciones económicas, tanto así que los mercados han tendido a igualarse en cuanto a remuneraciones de abogados, trasladando la competencia al terreno de las proyecciones, la posibilidad de trabajar en casos y transacciones interesantes, el ambiente de trabajo, etc. El problema es que en Chile aún existen un secretismo y una suerte de pudor a transparentar temas tan básicos”, explica Arturo Majlis, de Grasty, Quintana, Majlis & Cía.

El desembarco extranjero

Los extranjeros andan de shopping. Y el mercado legal no es la excepción. En enero pasado se terminó de fusionar el estudio Philippi con las firmas peruanas Ferrero Abogados y Delmar Duarte, la española Uría Menéndez y la colombiana Prietocarrizosa, proceso que se inició en 2015. La operación tiene como resultado 370 abogados, 45 socios, oficinas propias en tres países y presencia en otros siete. En marzo pasado, en tanto, aterrizó en el país el estudio español Garrigues a través de la firma Avendaño Merino. Y en paralelo, grandes bufetes como el español Cuatrecasas y la firma internacional Dentons han estado sondeando el mercado chileno en busca de posibles alianzas. “La tendencia es que cada vez más estudios internacionales establezcan una oficina permanente en Chile, o bien, refuercen sus alianzas con los estudios locales. Estas situaciones son muy buenas para el mercado legal, porque implican mayor competencia y permiten cumplir mejor con las necesidades de los clientes”, asegura Francisco Blavi.

Sin embargo, en el mundo legal aseguran que no a todas las firmas les conviene la internacionalización. Alessandri y Cía. es una de ellas: “Hemos sido sondeados por varios estudios internacionales, pero definitivamente no es algo que nos interese, tanto por el proyecto de largo plazo que tenemos y el valor de la cultura interna que hemos desarrollado”, asegura Rodrigo Velasco.

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Sergio Diez señala que “Chile todavía no es un mercado tan interesante para traer grandes estudios” por la dimensión del mercado nacional, algo que para la firma no es problema, sino al revés, “porque en los grandes estudios que se casan con estas firmas, su cadena de referrals se reduce a un gran proveedor. Nosotros recibimos más clientes que los que referimos, y mientras más caminos y vías tengas para que te lleguen, mejor”. A su juicio, la internacionalización no sería un problema para un estudio con pocos clientes extranjeros.

“En un principio, para los estudios locales las fusiones pueden significar mayor trabajo, principalmente por los conflictos de interés que generan las llegadas de estudios internacionales”, asegura Alberto González.

Juan Francisco Gutiérrez asegura que “perder referencias de otros estudios amigos que existen en Perú o Colombia paralizó un tiempo la decisión”. Sin embargo, la internacionalización les permite hoy abarcar un footprint mucho mayor. “Esto no es garantía de nada, pero se te hace más sencillo en un mercado de mucha competencia, ser detectado con mayor facilidad”, asegura. A su juicio, no se trata de una “oleada de internacionalizaciones, porque el mercado chileno está bastante golpeado. Hay relaciones más livianas, de franquicias, que tienen un menor costo y riesgo para las firmas, y otras más ambiciosas como la nuestra: nosotros armamos una sociedad única, con un solo pozo de utilidades y reglas que requieren una etapa de institucionalización interna mucho mayor”, agrega.

Arriba de la tabla

No están dispuestos a trabajar 13 o 14 horas. Tampoco a ser toda la vida asociados de un estudio de renombre. Ni menos a sacrificar su vida personal. Los millennials, o la nueva generación Y –nacidos entre 1984 y el 2000–, tienen prioridades distintas a las de sus antecesores.

Algunos hablan del “efecto Matanzas” para graficar a los profesionales jóvenes con talento, que trabajan dos años y después renuncian para irse a vivir a Matanzas y poder surfear todos los días o simplemente viajar por seis meses.

“Mientras están en la universidad y recién salidos, piensan que la vida profesional es algo demencial, pero después se dan cuenta de que es interesante si les da un beneficio para ahorrar y hacer un viaje”, explica Juan Ignacio Correa, de Correa Gubbins. De hecho, una de sus asociadas le pidió permiso para irse tres meses a Europa, petición a la cual accedió. Ahora, la misma profesional está pensando en irse una temporada a Estados Unidos.

Los abogados millennials plantean un desafío para el futuro de las firmas tradicionales. “Vienen de una generación en que han vivido menos carencias y, por lo tanto, tienen menos hambre de éxito profesional, o dicho éxito lo miden bajo parámetros que no siempre estarán alineados con los de una firma de abogados”, explica Arturo Majlis.

“Para retenerlos hay que mantenerlos motivados. No sólo buscan buenos sueldos, sino que también trabajo entretenido y relevante, un muy buen ambiente interno, que se les considere en las decisiones y se les escuche”, agrega Cristián Fabres.

Para Nicole Nehme, es un desafío para los estudios “generar espacios de flexibilidad y colaboración en el desarrollo de las actividades dentro de la oficina con los intereses que se tengan fuera de ella. Esto, en el mismo sentido que los grandes estudios internacionales, que tienen sus propias agendas de inclusión, género y pro bono de interés público, entre otras materias”.

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A los más jóvenes, cuentan, “no les interesa tanto hacer clases ni destinar horas a pro bono”. El Colegio de Abogados “tampoco les seduce mucho, porque no ven la utilidad de colegiarse”. Sin embargo, a medida que crecen y, teniendo en cuenta que la economía en el país está a la baja y que ya no pueden regodearse a la hora de buscar trabajo, el efecto Matanzas, según Correa, se va disipando: “Se han pegado un aterrizaje. Si el año pasado, todos los egresados de la UC tenían trabajo, ya no es tan así. A cierta edad empiezan a pensar en que hay más beneficios quedándose en un estudio y juntando plata”.

No más pendrives

La filtración de 11 millones de registros secretos del bufete Mossack Fonseca a comienzos de año –el caso conocido como Panama Papers–- que reveló datos de cerca de 200 sociedades offshore de políticos, empresarios y gente del espectáculo marcó un hito.

Si bien la protección de la información que manejan los estudios siempre ha sido un tema para las firmas, Panama Papers hizo que los clientes, sobre todo internacionales, exigieran políticas de data privacy aún más efectivas, especialmente los bancos.
Para esto, en Morales y Besa, por ejemplo, los puertos USB de los computadores de los abogados –socios y asesores– están bloqueados. “Ha requerido un trabajo de sociabilización de estas restricciones al manejo de información. Dar a entender a nuestros abogados que el fin es la confidencialidad más que un simple capricho de un cliente o para evitar darle otro uso al computador. Ese cambio lleva varios meses”, cuenta Fernando Arab.

“Un gran desafío para los estudios de abogados es el manejo de la tecnología. El cómo equilibrar la protección de la confidencialidad que por ley les debemos a los clientes, con el hecho de que la información, en la era del big data, se difunde y difumina con gran facilidad. Tenemos que redoblar los esfuerzos en esa materia en lógica de ciberseguridad”, dice Nicole Nehme.

“El aumento de ataques cibernéticos y filtraciones de información confidencial es un desafío tremendo, pues nuestra responsabilidad profesional es altísima”, asegura Rodrigo Velasco. Casos como los “ransomwares” –en que un hacker se infiltra la red de un estudio con su propia encriptación y paraliza su operación exigiendo una recompensa a depositar online– ya están dando que hablar en Estados Unidos, y han afectado a estudios importantes.

“Los clientes extranjeros son más exigentes, lo que es particularmente crítico en áreas como patentes farmacéuticas, en que no se puede correr el riesgo de divulgar una fórmula porque se robaron un laptop o un abogado perdió su teléfono”, señala Velasco. •••