• 5 octubre, 2007

 

Es importante entender que una profunda reforma del mercado del trabajo no tiene por qué traducirse en desprotección de los trabajadores o en mayor precariedad laboral. De hecho, es perfectamente posible modernizar nuestra legislación y al mismo tiempo aumentar los ingresos de los más pobres y la protección de los asalariados.

En sus memorias, Alan Greenspan dice que lo más importante que aprendió en sus 18 años como chairman de la Reserva Federal es que la economía de los Estados Unidos es enormemente sólida y resistente. El ejemplo más claro es que el mercado bursátil se recuperó a las pocas semanas del atentado a las Torres Gemelas. Más aún, durante el cuarto trimestre de 2001 el PIB creció a un ritmo acelerado y la tasa de desempleo cayó en forma substancial.

Según el ex banquero central, estas características de la economía estadounidense se explican, esencialmente, por su gran flexibilidad y capacidad de adaptación. En la página 255 de The age of turbulence, Geenspan escribe: “Un determinante fundamental del éxito económico es el grado de flexibilidad de una economía y, por tanto, su capacidad para resistir choques externos. Para ser flexible, un mercado competitivo debe tener la libertad de adaptarse, lo que significa que los participantes deben ser capaces de reasignar sus recursos de la manera que sea más conveniente”.

Lo planteado por Greenspan es, desde luego, razonable e intuitivo. En una economía globalizada todo cambia a gran velocidad. Como en Alicia a través del espejo, un país que no avanza lo más rápido que puede, se queda atrás en relación a otras naciones. Esto es, precisamente, lo que está pasando en Chile. El retroceso en el ranking del Banco Mundial sobre facilidad para hacer negocios no se explica porque hayamos implementado políticas particularmente dañinas; lo que pasa es que mientras nosotros hemos marcado el paso, el resto del mundo ha seguido avanzando.

Pero lo más preocupante no es la caída en nueve puestos en ese influyente ranking. Lo más preocupante es que el tema no parece molestarles a nuestras autoridades. Todo sugiere que al interior de la Concertación el sector socialdemócrata está ganando influencia y poder, y que los aumentos de productividad y el crecimiento económico han pasado a ser objetivos de segundo plano. Ya no se habla de la experiencia danesa ni de su tan publicitada “flexiguridad”; no se habla de modernizaciones profundas ni de reformas que vayan a aumentar la eficiencia. Al contrario, todo parece indicar que habrá más regulaciones y menor capacidad de adaptación.

Tanto así, que según un artículo reciente, el ministro del Trabajo Osvaldo Andrade dijo que no es necesario flexibilizar el mercado laboral. El ministro afirmó: “Chile es el país más flexible de los que integran la OCDE, con los cuales nos comparamos”.

Yo no sé qué información está usando el ministro, ni con qué países nos está comparando. Pero lo que sí sé es que si se usan los indicadores habitualmente utilizados por los estudiosos del tema, y si hacemos una comparación exigente –si nos comparamos con los países avanzados que exportan commodities, como Australia, Nueva Zelanda y Canadá, por ejemplo– el resultado es desalentador.

Uno de los índices más respetados sobre el grado de adaptabilidad del mercado del trabajo es el calculado por el Banco Mundial en su ejercicio Doing Business. Según este indicador Chile está en el lugar 59, entre 178 países. Esta es una pobre ubicación cuando se le compara con los países avanzados exportadores de commodities, los que están, en promedio, en el lugar 11 de este ranking. Otro índice que mide el grado de dinamismo del mercado del trabajo es el calculado por el Fraser Institute de Canadá. Este indicador va de 1 a 10 y números más altos señalan mayor flexibilidad. Chile tiene un índice de 5,3, lo que es pobre en comparación con el 6,8 de los exportadores de commodities. Si nos comparamos con los llamados Tigres Asiáticos los resultados tampoco nos favorecen, puesto que el índice para este grupo es 6,7, muy superior al de nuestro país.

El profesor James Heckman, ganador del premio Nobel de Economía del año 2000, también ha calculado una batería de índices sobre los costos de las regulaciones laborales en una serie de países. Según este análisis, en Chile es siete veces más caro despedir a un trabajador que en los países avanzados exportadores de commodities.

Y según un extenso estudio dirigido por el profesor de Harvard Andrei Schleifer, el mercado laboral chileno es 67% más rígido que el de los países avanzados que exportan commodities, y también que el de los Tigres Asiáticos. Estos resultados son particularmente importantes, ya que para construir estos índices, el profesor Shleifer y sus colegas analizaron con lujo de detalles 32 características de la legislación laboral en decenas de países.

Los índices calculados por académicos prestigiosos e influyentes nos entregan un cuadro consistente e inquietante: nuestra economía es mucho más rígida que la de aquellos países exitosos a los que aspiramos parecernos.

Ello indica que si queremos dejar de ser los eternos campeones de la Tercera División, y nos interesa subir a la Liga de Honor, debemos modernizar nuestra legislación laboral. Al contrario de lo que dijo el ministro Osvaldo Andrade, esta es una labor que no puede postergarse. Es importante entender, sin embargo, que una profunda reforma del mercado del trabajo no tiene por qué traducirse en desprotección de los trabajadores o en mayor precariedad laboral. De hecho, es perfectamente posible modernizar nuestra legislación y al mismo tiempo aumentar los ingresos de los más pobres y la protección de los asalariados Una propuesta concreta es implementar un impuesto negativo al ingreso. La idea es antigua y simple: todo trabajador obtiene un crédito tributario por una cantidad determinada –digamos 100 mil pesos mensuales, en promedio–, independientemente de sus obligaciones impositivas. Aquellos que por tener ingresos muy bajos están exentos de impuestos a la renta reciben este crédito en la forma de una transferencia monetaria o subsidio.

Una segunda propuesta que va en la misma dirección es utilizar parte de los fondos del cobre para prefinanciar un seguro de desempleo que pague beneficios adecuados en el evento de pérdida del trabajo. Este seguro reemplazaría al actual y costosísimo sistema de indemnizaciones por años de servicios. Como sugirió hace unos meses el senador Carlos Ominami, un seguro de desempleo bien diseñado es más eficiente y socialmente más equitativo que el sistema actual.

Muchos dirán que las ideas presentadas aquí son demasiado ambiciosas y atrevidas. Es verdad; lo son. Pero de eso, precisamente, se trata: lo que el país necesita con urgencia es recuperar la audacia de la política económica, para así retomar la senda del crecimiento sostenido y del progreso.