• 29 julio, 2011



El éxito de un verdadero cambio educativo tiene un test muy simple de verificar: estará completo sólo cuando nuestros líderes políticos estén dispuestos a enviar a sus hijos a las escuelas para las cuales están haciendo la reforma.


La gran contribución del movimiento estudiantil es haber puesto una vez más el tema de la educación en la agenda pública. Los jóvenes secundarios y universitarios demandan educación de calidad y oportunidades de movilidad social e integración. Para ello, se requieren compromiso político, trabajo bien hecho y recursos. Una reforma a la educación que verdaderamente sea pro calidad y favorezca realmente a la gran mayoría de los alumnos chilenos es, sin lugar a dudas, el desafío más urgente que tenemos como país.

Para que una reforma de estas características le cambie el rostro a Chile se requieren voluntad e interés. Requiere además que el sujeto de las reformas sean los niños y jóvenes –en especial, los vulnerables— y no las universidades, no el colegio de profesores, no los sostenedores, no los intereses de los ministros ni de los parlamentarios. El objetivo de la reforma debe ser una mejora significativa en la educación de los niños y jóvenes del país.

De pronto, a todos nos parece relevante la educación: al parecer es importante asignar recursos significativos a este sector, nos parecen escandalosas las deudas de los egresados, el lucro camuflado y los sueños derrumbados de niños, jóvenes y sus familias. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué ahora? Si la educación es tan importante, ¿por qué no nos hicimos cargo antes?

Lo mismo ocurrió el año 2006, y vale la pena recordar cómo reaccionó nuestra clase política: de manera reactiva e improvisando. Salió un ministro de Estado, se conformó una comisión y luego de un par de años se avanzó en reformas a la LOCE y a la creación de la Superintendencia de la Educación y de la Agenda de Calidad. La situación actual es similar. Una vez más, el gobierno y la oposición miran para el lado, golpean puertas buscando ideas rápidas y efectivas comunicacionalmente. Se generan propuestas “sobre la marcha” para asumir nuestro desafío más complejo y trascendente. Si el diagnóstico ya tiene tantos años y el problema es tan relevante, ¿por qué razón sorprende a tantos actores políticos? ¿Por qué no contamos con –al menos– un par de propuestas maduras y consensuadas?

El nivel de desarrollo del país, la elevada desigualdad de ingresos y la baja movilidad social hacen urgente una reforma de calidad, comprensiva y de largo plazo. Lo que corresponde hacer es planificar las reformas requeridas de manera integral, desde la educación pre escolar a la terciaria. Hacerse cargo de Junji e Integra y de la calidad de la educación preescolar completa; de los montos de subvención requeridos para incrementar la calidad significativamente; de la municipalización de la educación, en la que los alcaldes deben ocuparse de retirar la basura, de la señalética de tránsito y además de la educación; del lucro en las universidades y en la educación escolar; del aporte y las exigencias a las universidades públicas; de la rendición de cuentas y una acreditación exigente a las universidades privadas; de elevar los estándares de evaluación docente, de aumentar los sueldos de profesores al tiempo que eliminamos el estatuto docente; de generar nuevas políticas que estimulen el involucramiento de la familia en el proceso educativo; de la educación técnica profesional; de las becas y esquemas de financiamiento.

Una reforma de esta envergadura a la educación está necesariamente ligada a plazos que requieren acuerdos transversales que aseguren continuidad aun cuando haya alternancia en el poder. Eso es vital.

Una reforma integral no se puede improvisar en un par de días. Debemos ser consistentes con nuestra determinación de prioridades y buscar los recursos que de manera permanente financien estas tareas. Para ello sugiero que se establezca una agenda de corto y largo plazo, en la que una reforma integral sea el eje ordenador. Que resuelva todos los nudos, que se planifique en el marco de un acuerdo amplio y se aseguren los recursos necesarios para llevar a cabo este proceso.

Discrepo de quienes no ven las ventajas que tiene el ministro Bulnes al venir de la cartera de Justicia y conocer en profundidad la crisis carcelaria, pues es justamente ahí donde se anidan las consecuencias más hondas de contar con un sistema educacional que agudiza la falta de oportunidades y la exclusión social, empujando a muchos jóvenes a la delincuencia, las drogas y la violencia. Aun cuando la situación de los universitarios endeudados es compleja, hay un gran número de jóvenes que ni siquiera llega a ese punto. Los perdemos mucho antes. Por esto, asignar el fuerte de los recursos a la educación superior –atendiendo a quienes presionan más fuerte– es un error. Es nivelar la cancha sólo de la mitad para arriba.

También se agradecen sus recientes declaraciones respecto al lucro. La ley es para cumplirla: “voy a hacer respetar la ley actual que establece que las universidades son instituciones sin fines de lucro”. Será importante transparentar esta situación, y hay que hacerlo sin anestesia.

Insisto: una reforma de este tipo requiere de mucha capacidad, pero sobre todo de una enorme voluntad, pues hay varios grupos de interés involucrados y mucha comodidad. Después de todo, los hijos de la elite política y de poder del país no van a escuelas públicas (tampoco los míos, debo decir).

Sin un plan de trabajo de largo plazo, lo más fácil es inyectar dinero sin diseño, atenuar la fiebre y comprar otro par de años antes de que se desate una nueva crisis. Lo hemos hecho antes, pero no debemos hacerlo otra vez.

El éxito de un verdadero cambio educativo tiene un test muy simple de verificar. La reforma estará completa sólo cuando nuestros líderes políticos estén dispuestos a enviar a sus hijos a las escuelas para las cuales están haciendo la reforma. Mientras esto no ocurra, la tarea seguirá estando al debe.