Hay quienes están por eliminar dicho límite o, al menos, difuminarlo. No es borrar una simple línea: es debilitar un muro de contención que nos protege de la inercia expansiva del Estado. Dos ejemplos recientes –del Consejo de la Transparencia y de la Cámara de Diputados- grafican activismo e inconstitucionalidad, respectivamente.

El Estado es necesario como el agua. En pequeñas dosis es saludable e indispensable para la vida en sociedad, pero en grandes cantidades nos inunda, aniega y ahoga. Por eso es necesario conservarlo limitado, tras un dique, de modo que las personas lo utilicemos en aquello que no somos capaces de realizar por nuestra propia voluntad o medios. Ese dique marca la frontera entre lo público y lo privado.

Sin embargo, hay quienes están por borrar esa frontera, o al menos difuminarla. No han reparado en que esto no es borrar una simple línea: es debilitar un muro de contención que quizás, sin grandes estruendos, se esmeran en agrietar lentamente. Esas pequeñas grietas –que hoy liberan potentes pero acotados volúmenes– terminan por ceder ante la enorme presión contenida tras el muro, liberando el aluvión conocido como inercia expansiva del Estado.

Dos ejemplos de los últimos días grafican de manera nítida esta situación. El primero está vinculado al ya-no-tan-novísimo Consejo para la Transparencia. En un fallo reciente, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una decisión del Consejo en virtud de la cual autoriza a un grupo periodístico a obligar a una compañía a entregar un contrato suscrito con otro cliente. Leyó bien: dos empresas privadas. Una de ellas tiene la mala suerte de ser una empresa sanitaria, por lo que la Corte determinó que había un “interés público”. De verdad, casi no existen empresas que no provean este tipo de bienes: desde la panadería hasta una inmobiliaria. ¿O es que ahora es pública mi boleta de teléfono por el solo hecho de que la compañía que entrega el servicio desarrolla una actividad de “interés público”, ya que se trata de una empresa sujeta a regulación? En esta lógica, el Estado no tiene límites. El activismo del Consejo para la Transparencia en esto caso parece decir: regulemos todo para que todo pueda ser objeto de control, y sobre todos los que se relacionen de algún modo con estos regulados. Orwell 2.0.

El otro ejemplo es bastante más burdo y conocido: el famoso “informe” de la comisión “investigadora” sobre el “lucro” en Universidades (ruego disculpas al lector por el excesivo uso de comillas, pero la completa ironía del caso lo amerita). Y aquí el desborde del dique es de principio a fin. Primero, estas comisiones investigadoras nacen de un acuerdo tomado por la Cámara de Diputados, entregándole un objetivo muy concreto para su labor. En este caso, dicho mandato era “el financiamiento de las universidades públicas, rendición de cuentas respecto de los dineros aportados por el Fisco de Chile y en general el funcionamiento de éstas”. Como se darán cuenta, no sólo no se dedicaron a investigar a las universidades públicas, sino que las emprendieron derechamente contra las privadas, vulnerando el acuerdo que les dio origen. En segundo lugar, más grave que lo anterior, es que se convirtieron en una suerte de policía política: investigaron a particulares. Como bien dice Patricio Zapata, constitucionalista cercano a la DC, “ningún país civilizado admite que la imputación de delitos a los privados corra por cuenta de una asamblea política”. Por esa razón, la Carta Fundamental es meridianamente clara al señalar que le corresponde a la Cámara de Diputados fiscalizar los actos del gobierno, y dado que ningún órgano público puede atribuirse más potestades que las que las leyes y la Constitución les haya conferido, nunca la Cámara de Diputados podrá fiscalizar a los particulares, lo que convierte a su informe en un documento completamente inconstitucional.

No faltará el que diga entonces que cómo es posible que la comisión de supuestos delitos o fraudes cometidos por particulares quede en la “impunidad”. Pero para eso contamos con otro tipo de instituciones independientes e imparciales que son el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia; jamás, una asamblea política. Así, el informe de la Comisión no sólo desborda su propósito y sus límites constitucionales, sino que pisotea uno de los principios más elementales de toda democracia: la separación de poderes, la que no tiene otro objetivo que proteger a los ciudadanos de los excesos de su propio Estado, como ha sucedido en estos dos casos.

Así, de manera imperceptible, el lento pero persistente accionar de los agrietadores puede reventar el dique del accionar del Estado y de “lo público”. ¿El problema? Todos –incluso ellos– vivimos aguas abajo, en el valle de los individuos.