Son pocos los llamados y menos aún, los elegidos. Ingresar a la OCDE se ha vuelto una tarea compleja, con muchos viajes, coordinaciones y exámenes. Pero en el gobierno hay optimismo, a pesar de los informes que critican algunas políticas internas. Como uno laboral que pronto saldrá a la luz.

  • 17 marzo, 2009

Son pocos los llamados y menos aún, los elegidos. Ingresar a la OCDE se ha vuelto una tarea compleja, con muchos viajes, coordinaciones y exámenes. Pero en el gobierno hay optimismo, a pesar de los informes que critican algunas políticas internas. Como uno laboral que pronto saldrá a la luz. Por Guillermo Turner.

No hay una fecha definitiva, pero en el gobierno ven con buenos ojos la posibilidad de que a fin de año se concrete el ingreso pleno de nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Al menos, con esa idea han estado trabajando los responsables de cada área involucrada en los exámenes y requisitos que impone este selecto club de las 30 economías más desarrolladas del mundo. Y no son pocos.

Desde septiembre del año pasado se contabilizan unas veinte misiones que han recopilado, analizado y compartido información sobre temáticas tan variadas como los gobiernos corporativos de las empresas públicas, innovación y medio ambiente. Y en noviembre comenzaron los exámenes. Representantes de distintas reparticiones de gobierno han participado del proceso, como el fiscal nacional económico Enrique Vergara, el superintendente de Valores Guillermo Larraín y la ministra de Medioambiente Ana Lya Uriarte. Todos, bajo la coordinación general de Karen Poniachik, la ex ministra de Minería, designada en marzo de 2008 como representante de La Moneda en las negociaciones para ingresar a la OCDE.

Con la información que recaban, los especialistas de la Organización elaboran informes que enjuician las políticas públicas chilenas. Sus críticas y recomendaciones no son vinculantes, al menos en la mayoría de los casos, pero hay tres áreas donde todo indica que aplicar esas propuestas será clave para concretar nuestras aspiraciones. Una de ellas marcha bien encaminada. Se refiere a la necesidad de reformar los gobiernos de las empresas públicas, con cambios como impedir la presencia de ministros de Estado en sus directorios, materia que se cumple con la nueva ley que se tramita en el Congreso.

Más compleja y controversial es la necesidad de flexibilizar el secreto bancario para la investigación de delitos tributarios, mediante una reforma legal que La Moneda deberá evaluar y que, desde ya, genera oposición al interior de la industria. Pero la propia crisis financiera y la disposición a flexibilizar el secreto en sistemas bancarios tan tradicionales como el suizo dan cuenta de una tendencia difícil de contrarrestar. Previo a la reunión de ministros de finanzas del G20, las autoridades de Andorra, Liechtenstein, Suiza y Bélgica anunciaron acuerdos en este sentido al amparo de la OCDE, mientras Austria y Luxemburgo están en negociaciones.

El tercer requisito dice relación con la necesidad de adecuar la legislación interna como país suscriptor de la convención internacional para combatir el cohecho internacional.

Se estima que son varias las recomendaciones contenidas en otros informes de la OCDE que no serían cumplidas, aunque sin afectar las opciones chilenas de acceder al club. Suena paradójico, pero no resta mérito a la relevancia de los comentarios del organismo. Precisamente, formar parte de la OCDE permitirá al país compartir experiencias e información con las economías más desarrolladas, además de ir fijando estándares que –además de lo incómodo que puede resultar en el largo plazo ser un “incumplidor” permanente– van asegurando los pilares de nuestro modelo de desarrollo, tal como colaboran también los tratados de libre comercio.


El informe laboral

Desde este punto de vista, la publicación del informe sobre el mercado laboral chileno, que se espera para el 6 de abril, dará que hablar. En La Moneda ya conocen sus lineamientos principales, como la apuesta que hace por la “flexiguridad” y las críticas a elementos que la OCDE considera demasiado rígidos en la legislación chilena (como el sueldo mínimo y las indemnizaciones por años de servicio), aunque también promueve mayor seguridad para los desempleados e incremento en la sindicalización.

En términos generales, el informe recomienda intensificar los esfuerzos para que se aplique a cabalidad la normativa sobre subcontratación, propone la eliminación paulatina de la indemnización por años de servicio a cambio de incentivar el seguro de desempleo, plantea reformas que promuevan la sindicalización y procesos de negociación colectiva que abarquen más temáticas que los salarios. Respecto al sueldo mínimo, la idea de los expertos de la OCDE es que la edad para otorgar este ingreso obligatorio suba de 18 a 25 años, promoviendo así el empleo juvenil.