Cuando se especuló sobre la composición del primer gabinete del presidente Piñera, todo el mundo pensó que el obvio ministro de Educación del nuevo gobierno debería ser el economista del Centro de Estudios Públicos, Harald Beyer. Parecía ser la persona indicada en el momento justo: estudioso, coordinador académico de una institución que se había dedicado por años a seguir los temas educacionales, hombre de relaciones transversales, prudente, laico en un área llena de  conflictos de naturaleza ideológica y religiosa. Incluso había realizado su servicio militar en la política y en el entorno piñerista, jugando un papel activo en los grupos Tantauco en la última campaña presidencial. Era el candidato indiscutido.

Sin embargo la disputa al interior de la nueva coalición gobernante quiso otra cosa. La presión de la UDI impuso en el cargo al dos veces derrotado candidato presidencial de ese partido, Joaquín Lavín. Aunque su nombre despertaba suspicacia por su desconocimiento del área, su tonelaje y su reconocida capacidad de trabajo compensaban en el “imaginario popular” el descafeinado gabinete de gerentes con que debutó el nuevo gobierno.

La reforma educacional no formaba parte del corazón de la trasformación piñerista. Las grandes promesas de la administración entrante eran instalar una nueva forma de gobernar (la promesa de trabajar 7 días las 24 horas), acelerar el crecimiento económico y así crear un millón de empleos, enfrentar la delincuencia (terminar de una vez por todas con la puerta giratoria), y poner en marcha medidas sociales como la extensión del post natal, el término de la cotización de salud del 7 por ciento de los jubilados y un ingreso ético para los pobres.

En cuanto Lavín asumió debió enfrentar los devastadores efectos en la infraestructura escolar del 27/F. Aquella tragedia, sin embargo, ofrecía una oportunidad para el dinamismo mediático del  ex alcalde. Pero la movilización estudiantil del 2011 lo cambió todo. Lavín había anunciado que ese sería el año de la educación superior y vaya que lo fue. Intentó negociar, porque como político de terreno entendía el carácter profundamente popular y transversal de las demandas estudiantiles  y a su vez lo escandaloso y excesivo del endeudamiento de las familias derivado de la masificación del crédito con aval del Estado.

Su conflicto de interés por ser socio de una universidad privada lo confrontó con la principal consigna del movimiento estudiantil: el fin al lucro. Ese conflicto de interés terminó por restarle credibilidad e indujo a La Moneda a provocar su cambio por el apreciado ministro de Justicia, Felipe Bulnes, quien tenía el galardón de haber administrado con éxito la crisis generada por el trágico incendio de la cárcel de San Miguel y de haber propuesto al país una política penitenciaria de gran profundidad. A esas alturas, la magnitud de la movilización estudiantil era de tal tamaño, que llevó al propio presidente a rendirle un contradictorio homenaje a los estudiantes ni más ni menos que en el plenario de la Asamblea General de la ONU.

Eran tiempos en que el gobierno se debatía entre la represión y la negociación. Entre sus convicciones liberales y la petición masiva de educación pública y de calidad. Todo eso en medio del derrumbe de la alta popularidad presidencial conseguida a propósito del rescate minero. En apenas 10 meses el respaldo bajó desde un 63% en octubre de 2010 a un 27% en agosto de 2011. El exceso de vacilaciones llegó al punto en que el gobierno, desautorizando en la práctica al ministro sectorial, invitó a la cúpula estudiantil al Palacio Presidencial para intentar buscar en ese nivel acuerdos que distendieran el conflicto. Cuando los estudiantes ingresaron por la puerta norte del palacio de La Moneda se selló el destino del ministro Bulnes. Ese fue el fin de su ciclo. Meses después, este fracaso se concretaría con el abandono de su posición ministerial, en la que, según el comentario general, nunca se sintió cómodo ni respaldado.

No hay duda de que en el momento en que Beyer aparece, el barco educacional lleva largo rato a la deriva. Su nombramiento llega a destiempo, cuando el agua ya ha entrado a la sala de máquinas. Antes de su renuncia el ministro Bulnes había presentado un par de  proyectos de ley de atractivos títulos: el que desmunicipaliza la educación y el que reemplaza el antiguo Estatuto Docente. El consenso de los expertos es que ambos proyectos siendo urgentes no concitan el consenso político mínimo y adolecen de deficiencias técnicas. Hoy están  detenidos en su trámite legislativo en la Cámara de Diputados. A ello se sumaba una rebelión senatorial contra el lucro (que incluye a parlamentarios oficialistas) y un recambio de la dirigencia estudiantil en favor de fuerzas más radicalizadas. Paradójicamente su debut estuvo marcado por un enredo de palabras respecto de lo acontecido entre 1973 y 1990: si el gobierno de la época fue un régimen militar o una dictadura como denominaban los textos escolares vigentes a ese tiempo de horrores. Ese es el difícil contexto en que asume el nuevo ministro.

Lo último, lo que cierra el periodo, es la reforma tributaria, que constituye una provocación a los partidarios de la educación pública, y se ha transformado en los hechos en un incentivo a la conflictividad social. Como  ha señalado Mario Waissbluth, presidente de Educación 2020, en su “Carta a los honorables senadores”, la aprobación del descuento tributario para educación aumentará la segregación escolar. Waissbluth señala que este es el cuarto ataque mayor a la educación pública en este breve periodo presidencial. Convengamos, eso sí, que en este capítulo tributario el ministro de Educación ha intentado mantener el más bajo perfil posible.

Hoy en la oposición existe la percepción de que el otrora competente articulador de conversaciones plurales devino en un hombre más bien intransigente al que no se le conocen, en estos meses, esfuerzos públicos de negociación o transacción, tanto con los actores sociales, como con las bancadas opositoras, en un Parlamento donde el gobierno no tiene mayoría.

Harald  Beyer, el ministro, está administrando una agenda que no inventó y enfrentando un malestar de una profundidad que nadie previó. Beyer con seguridad seguirá en su cargo hasta el fin de esta administraciòn. Tendrá que ejercer en el entorno de un gobierno impopular y en un contexto de alta conflictividad, donde no hay demasiado espacio para llevar adelante ningún cambio, que no implique afectar variables claves del modelo educativo de mercado que apoya el gobierno, sin lo cual será muy difícil devolver la paz social al sector. Sobrevivirá sin duda, porque es tenaz. Pero es fácil imaginar que la experiencia de Beyer, el ministro con la mayor desaprobación (62%, Adimark, julio 2012), no ha sido ni de lejos la que tenía planeada cuando alguna vez pensó encabezar ese difícil  ministerio. •••