¿Por qué la gente quiere casarse? Independiente del tema patrimonial (regímenes matrimoniales), de filiación (hijos) o de otros conexos (hereditario, previsional, etc.), lo que pareciera es que la gente se quiere casar porque el matrimonio goza de un prestigio y reconocimiento social. Aún hoy, nadie se presenta en una comida o en una reunión […]

  • 26 julio, 2013

 

¿Por qué la gente quiere casarse? Independiente del tema patrimonial (regímenes matrimoniales), de filiación (hijos) o de otros conexos (hereditario, previsional, etc.), lo que pareciera es que la gente se quiere casar porque el matrimonio goza de un prestigio y reconocimiento social. Aún hoy, nadie se presenta en una comida o en una reunión social diciendo “soy la concubina de fulanito”, sino que a lo más, como su pareja, ya sea porque no les interesa el matrimonio o se aspire a eso en el futuro. Lo curioso es que el prestigio social del matrimonio no viene dado por el hecho de que se pueda tener hijos dentro de él, o de que haya mucho amor o de que pueda haber dinero involucrado (de hecho, se pueden conseguir todas esas cosas sin matrimonio alguno). En realidad, su prestigio viene porque es la forma más perfecta y total que conocemos de entrega perpetua a alguien, ya que –al menos técnicamente– es “hasta que la muerte nos separe” y no “hasta que me aburra de ti”, “hasta que me enamore de otra/o”, “hasta que me seas infiel” o cualquiera otra situación más o menos dolorosa. A ese elemento lo llamamos indisolubilidad. Y quizás no exista nada más disoluble como el matrimonio civil chileno actual, ya que no sólo puede pedirse unilateralmente sino que es imposible casarse “para toda la vida”, aunque uno quiera.

Lo anterior, porque la ley actual de matrimonio no autoriza renunciar a la cláusula resolutoria, que es aquélla que permite volver al estado inmediatamente anterior de la celebración del contrato, siendo propia de todo contrato bilateral. Perdido el elemento que le da prestigio social al matrimonio, cual es la indisolubilidad, no es de extrañarse que vaya perdiendo su reputación y, quizás, debiéramos cuestionarnos inclusive llamarlo matrimonio. Irónico resulta que el Acuerdo de Vida en Pareja (el AVP) sea más estable e indisoluble institucionalmente que el matrimonio civil actual, ya que en éste no se encuentra prohibida la renuncia a la cláusula resolutoria. En conclusión, si quiere casarse para toda la vida, opte por el AVP.

Es aquí donde debiéramos entonces plantearnos el tema más profundamente: ¿Por qué siendo tan importante el matrimonio –tanto desde un punto personal como social– se lo entregamos entonces al Estado? El matrimonio es anterior al Estado y existía mucho antes que él, como un hecho natural, después sacramentado por la religión. Es un acto privado con una enorme repercusión comunitaria, pero eso no debiera ser sinónimo de su estatización. El Estado se apropió de él luego de una imperfecta separación con la Iglesia entre el fin del siglo XIX y comienzos del XX, cuando no fuimos capaces de sustraer esta importante institución de las manos de la burocracia. El Estado se debería limitar a regular los efectos patrimoniales o civiles del mismo (mediante contratos) y otros similares, pero no a la entrega de “licencias matrimoniales”. El fomento a la familia y su reconocimiento como núcleo fundamental de la sociedad debiera venir por medio de instrumentos de política pública (en materia de vivienda, trabajo, previsión y otras) y dejar que las personas celebren las uniones que quieran bajo el rito o costumbres que estimen convenientes en el ámbito privado. De paso, nos ahorraríamos la absurda discusión sobre el denominado “matrimonio homosexual” y no tendríamos el patético enfrentamiento por capturar y definir el “matrimonio” del Estado. Nadie podría legalizar tal o cual matrimonio, porque simplemente éste no sería objeto de la Administración Pública.

Ganaríamos todos: los “liberales” podrán decir que se unen con quien quieran bajo la forma que quieran, cuantas veces quieran, y podrán denominar a esa unión de la forma que deseen; si quieren regular sus efectos patrimoniales o civiles, pueden acudir a un contrato regulado por el Estado. Los “conservadores” dejarán el rito absurdo de casarse adicionalmente por el civil, y el verdadero matrimonio será el con su credo religioso, debiendo acudir al Estado sólo para regular el régimen adoptado y otros efectos civiles, reforzando el carácter sacramental (y no estatal) del mismo y –quizás lo más relevante– sin que la definición de la institución matrimonial quede sujeta y doblegada a las mayorías de turno.

Probablemente a unos y otros les cueste digerir todavía esta propuesta, que aún requiere mucha reflexión y detalle. Obvio que vendrán las críticas de lado y lado. Antes de tirar la primera piedra, dele una vuelta. “Al César lo que es del César…”. •••