• 18 marzo, 2008

El conflicto generado entre Colombia y Ecuador merece un análisis equilibrado. Aunque la violación de las fronteras no es bienvenida, hay delitos que afectan a toda la comunidad internacional. Por Cristina Bitar

La reacción de la comunidad latinoamericana en el caso del conflicto generado entre Ecuador y Colombia no me ha parecido equilibrada. Se ha centrado el debate, casi exclusivamente, sobre la violación del territorio ecuatoriano por parte de las fuerzas armadas de Colombia. Sin embargo, no se ha puesto el mismo énfasis en el combate a una organización terrorista, activa en el apoyo al narcotráfico y que viola sistemáticamente los derechos humanos, como lo son las FARC. La soberanía de Ecuador fue transgredida, qué duda cabe, pero Ecuador –al igual que toda la comunidad internacional– debe colaborar activamente en la persecución de grupos como las FARC.

Uno de los grandes progresos que deja el siglo XX en materia de organización jurídica de los Estados, y que al mismo tiempo plantea enormes desafíos, es la relativización del concepto de soberanía desde la visión absoluta, propia del pensamiento contractual, hasta la interpretación contemporánea, que coloca por encima ciertos derechos esenciales del ser humano. Este avance ha significado pasos tan importantes como el surgimiento de la jurisdicción internacional para conocer de ciertos delitos y su imposibilidad de concederles amnistía por parte de los Estados.

Así, después de la Segunda Guerra Mundial, los principales jerarcas nazis fueron llevados a una corte internacional, lo que fue un paso gigantesco en la dirección de señalar que en la custodia de ciertos derechos fundamentales la comunidad internacional tiene jurisdicción por sobre la soberanía interna de los Estados. Hoy en día, y en virtud del Tratado de Roma, se ha creado el Tribunal Penal Internacional, institución que –aunque esté sujeta a debate porque Estados Unidos se ha negado sistemáticamente a adherir a ella– es un aporte en la misma dirección de hacer prevalecer un cierto orden internacional.

No cabe duda de que esta declinación de la soberanía individual cede en beneficio de la comunidad internacional organizada y no puede ser reivindicada por Estados particulares. Esta fue, por cierto, la gran crítica que la comunidad internacional formuló al presidente Bush frente a la invasión a Irak, ya que actuó sin obtener una resolución de Naciones Unidas. Pero en lo grueso queda claro que hoy la comunidad internacional puede y debe actuar cuando un país directamente vulnera ciertos derechos o cuando lo hace indirectamente, amparando a grupos que los vulneran. Cristina Bitar es directora ejecutiva de Independientes en Red.

En este sentido, no podemos olvidar que las FARC son un movimiento insurgente que practica en forma sistemática el secuestro como método de acción política, la violencia como su único canal de expresión y la tortura como una técnica habitual. Basta ver las fotos de Ingrid Betancourt y otros rehenes para corroborarlo.

No estoy diciendo que Colombia no deba respetar la soberanía de sus países vecinos. Es obvio que sí tiene que hacerlo. Pero creo que América latina debe asumir un compromiso claro en el apoyo a ese pueblo, que merece vivir en paz y que quiere dejar atrás décadas de una guerrilla que ha destrozado la vida de generaciones de colombianos y que, además, amenaza contagiar sus prácticas a otros países de nuestra región.

Lamentablemente, parece que –una vez más– los sesgos ideológicos están presentes. Es la misma izquierda extrema que levanta las banderas de la defensa de los derechos humanos y la jurisdicción internacional para sancionar su violación, la que hoy permanece en un silencio sepulcral en el caso de la guerrilla colombiana. Incluso algunos tienen el valor de apoyarla.

Otro tema importante que vale destacar es que la actuación de Chávez en este tema no sólo ha sido desafortunada, sino de una contradicción gigantesca; pues al mismo tiempo que dice defender la soberanía de Ecuador, moviliza tropas, interviniendo y agitando un conflicto en el que él ni su país son parte.

En este sentido, Chile se ha caracterizado siempre por su defensa de los principios del derecho internacional, doctrina correcta que todos compartimos. Pero no podemos olvidar que, en este caso, están no sólo en juego el principio de la soberanía, sino también el de la defensa de valores superiores y fundamentales vulnerados sistemáticamente por una organización terrorista como las FARC.

La verdad es que quisiera ver a Chile siendo claro en una posición que equilibre ambos aspectos y que solidarice con el sufrimiento de un pueblo generoso, culto y alegre como es el colombiano, y que no permanezca indiferente a los abusos y agresiones a los derechos humanos de grupos como las FARC.