Hay concenso en que una reforma al sistema de registro de bienes raíces y de notarios del país es necesaria. El tema es qué tipo de reforma. Según supo Capital, en el gobierno ya no solo se está pensando en regular los sueldos, no. La reforma en mente es un verdadero terremoto. Quizás algunos recuerdan […]

  • 10 agosto, 2007

Hay concenso en que una reforma al sistema de registro de bienes raíces y de notarios del país es necesaria. El tema es qué tipo de reforma. Según supo Capital, en el gobierno ya no solo se está pensando en regular los sueldos, no. La reforma en mente es un verdadero terremoto.

Quizás algunos recuerdan cuando en plena campaña, Andrés Velasco, en ese entonces artífice del programa económico, criticó lo engorroso del sistema basándose en su experiencia personal en la compra de un inmueble. Pues bien, tales trámites personales sumados a otros debates habidos en el intertanto, hicieron que el ministro pusiera a un equipo de su cartera a trabajar en un proyecto de ley. De ese proyecto fue informado el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, hace algunas semanas, y desde ese entonces hasta ahora la cartera de Justicia ha estado trabajando en el empalme.

¿De qué se trata? En principio, todo el sistema de los conservadores de bienes raíces y notarios del país saldría del poder judicial, para pasar a manos del Ejecutivo a través del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República. Tal cual.

En términos simples, el Ejecutivo se haría cargo de lo que hasta ahora es una de las competencias económicamente más relevantes del poder judicial, cual es llevar la historia de los derechos de propiedad en el país, mermando la lógica de la heterotutela, es decir de controles recíprocos entre los tres poderes del Estado. Entre quienes miran con recelo esta iniciativa, que envuelve el traspaso del sistema de registros a una plataforma tecnológica, se teme que la iniciativa signifique abrir la puerta a amenazas y riesgos informáticos, aspectos que otros consideran discutible. Lo que sí siembra temor es que el Ejecutivo pase a ser juez y parte en diversos casos, por ejemplo, de disputas por expropiaciones, a lo que se suma que el aparato del gobierno central siga aumentando su tamaño en momentos en que se han multiplicado las evidencias de su ineficiencia para administrar recursos.

Entre quienes siguen el tema hay temores de que el remedio pueda ser peor que la enfermedad.