Por: Constanza Hube, Profesora de Derecho Público, Pontificia Universidad Católica de Chile.

  • 12 marzo, 2020

Hace un par de semanas, más de 200 reconocidos dirigentes de la ex Concertación publicaron una carta llamando a un urgente “acuerdo nacional”. Como se ha visto, este llamado ha generado diversas reacciones, siendo valorado por sectores del oficialismo y paradójicamente criticado por algunos dirigentes de la oposición. Tanto es así, que una semana después de la publicación de dicha carta, 150 dirigentes –incluyendo partidarios del Frente Amplio y el Partido Comunista– estructuraron su respuesta poniendo el foco en la necesidad de mantener la movilización, de superar el “actual orden constitucional” y de criticar duramente lo que consideran como acuerdos “elitarios”. Compleja dicotomía entre ambos grupos, que demuestra las dos almas de la centroizquierda, que no logran consensos en un acuerdo social tan básico, como es el necesario restablecimiento y posterior mantención de la paz.

En este contexto, destaco uno de los tres puntos del primer documento y que tiene que ver con la paz social y el orden público. La carta señala que “el cuadro actual de persistente violencia debilita la democracia y pone en serio riesgo la prosecución pacífica del itinerario del proceso constituyente y amenaza la realización del plebiscito del 26 de abril”. Este aspecto es central, no solo en el marco de la campaña y posterior realización del plebiscito, sino que para el funcionamiento de la vida diaria de las personas.

No está de más recordar que la función prioritaria del Estado es precisamente el resguardo del orden público y para esto tiene reservado el monopolio de la fuerza. Una de las conquistas del Estado moderno es precisamente que las personas renunciamos a nuestro derecho a defendernos por nosotros mismos (autotutela), con el objeto de que sea un tercero, el Estado, el que cumpla ese rol (heterotutela). Se trata de garantizar una convivencia regida por reglas, y no por personas. En esto consiste el Estado de Derecho.

Tal como sostienen los firmantes de la carta, sin seguridad, tranquilidad y normas de convivencia no es posible la vida en comunidad, ni el Estado de Derecho. Esto no solo se aplica al resguardo de condiciones mínimas para que el plebiscito se pueda desarrollar con la tranquilidad y paz necesarias, sino que para todos los efectos.

El orden público sigue siendo un gran y preocupante talón de Aquiles, y frente a las proyecciones de un marzo que seguirá siendo violento, es imprescindible un compromiso, no solo de parte del gobierno, sino que transversal respecto del necesario resguardo del orden y la seguridad. El restablecimiento y mantención de la paz y la tranquilidad no debiera tener colores políticos, ni se puede prestar para un miope “gallito” partidario. Se requiere transversalidad en cuanto a que, para poder convivir, el mínimo exigido es la seguridad y la paz, tanto para el plebiscito del 26 de abril, como para la vida diaria de las personas. Sin ese mínimo, simplemente no es posible tener democracia. 

El llamado realizado por dirigentes de la ex Concertación, en este sentido, es un esperanzador primer paso en esa línea. Es de esperar que, a ellos, se sumen todos los partidos políticos, organizaciones sociales, parlamentarios y otras autoridades. Es inadmisible cualquier justificación que ponga en riesgo el Estado de Derecho, la democracia y los derechos de las personas.