Pocos meses antes de que terminara el 2017, la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento respecto a la posibilidad de que las municipalidades, en su labor de gestión de residuos domiciliarios, participen en la ejecución de proyectos de generación de electricidad. El dictamen se originó a raíz de la solicitud realizada por la […]

  • 12 enero, 2018

Pocos meses antes de que terminara el 2017, la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento respecto a la posibilidad de que las municipalidades, en su labor de gestión de residuos domiciliarios, participen en la ejecución de proyectos de generación de electricidad. El dictamen se originó a raíz de la solicitud realizada por la Municipalidad de Independencia que tiene un proyecto para generar energía transformando sus residuos en biogás. Esto, para ser utilizada en luminarias públicas y dependencias municipales.

La Contraloría dictaminó que, “a falta de una regulación en detalle acerca de la forma de llevarla a cabo, es el alcalde, en su calidad de autoridad superior del municipio el que debe definir, la optimización de la gestión de los residuos domiciliarios, tanto en lo relativo a su extracción, como respecto de su transporte y disposición”. Por lo anterior, explica el documento “el municipio debe determinar una forma de disposición distinta a la eliminación de aquellos residuos susceptibles de ser reciclados, permitiendo que un material -que constituye desecho, basura o desperdicio, y cuya eliminación origina un gasto para la municipalidad-, adquiera una valoración económica, convirtiéndolo en un bien mueble aprovechable”.

Con respecto a los ingresos y financiamientos, el ente regulador establece que “la inyección de los excedentes de energía a la red de distribución (…), obedece al ejercicio de un derecho por parte de los usuarios finales, que la ley ha considerado en favor de estos una contraprestación consistente en un descuento en la facturación correspondiente y, eventualmente, en un pago”. En tanto, agrega “el biogás debe considerarse como una energía renovable no convencional. Así, cabe concluir que dicha prerrogativa no constituye el desarrollo de una actividad empresarial por parte del municipio, sino que se trata de una modalidad que el ordenamiento jurídico ha previsto y regulado, y que permite a los nombrados usuarios finales beneficiarse de las aludidas inyecciones, en las condiciones que al efecto prevé”.