El acuerdo entre la fiscalía metropolitana Centro Norte y cinco de los implicados por el uso de información privilegiada en la fallida fusión D&S y Falabella (Vicente Aresti, Eugenio Eben, Alejandro Irarrázaval, Ana María Laguna y Peter Studer) por el cual éstos pagarán en total 44 millones de pesos a instituciones benéficas, no es el último capítulo de este caso. Todavía queda pendiente la acusación civil interpuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que actualmente está en la Corte de Apelaciones y que debería fallarse durante este año. En el ambiente jurídico se comenta que el acuerdo de la arista penal no podría sentar un precedente, considerando que no hubo sentencia ni reconocimiento de los hechos. En el caso de que la Corte de Apelaciones ratifique la multa de la SVS, los implicados deberán desembolsar al fisco alrededor de 4,5 millones de dólares en conjunto. Eso sí, cerca del 25% de ese monto ya fue pagado en 2008.

El acuerdo de la fiscalía abrió un debate que podría repetirse en otros casos de información privilegiada. Por un lado, se critica la baja sanción que se aplicó a los involucrados en el caso, que como mínimo debiera haber impuesto como condición el resguardo del pago de la multa a la SVS si es que que los tribunales fallan a favor del ente regulador. Por otra parte, el convenio de la fiscalía reflejaría lo difícil que es probar que, efectivamente, los imputados actuaron usando información privilegiada.

  • 22 febrero, 2011

El acuerdo entre la fiscalía metropolitana Centro Norte y cinco de los implicados por el uso de información privilegiada en la fallida fusión D&S y Falabella (Vicente Aresti, Eugenio Eben, Alejandro Irarrázaval, Ana María Laguna y Peter Studer) por el cual éstos pagarán en total 44 millones de pesos a instituciones benéficas, no es el último capítulo de este caso. Todavía queda pendiente la acusación civil interpuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que actualmente está en la Corte de Apelaciones y que debería fallarse durante este año. En el ambiente jurídico se comenta que el acuerdo de la arista penal no podría sentar un precedente, considerando que no hubo sentencia ni reconocimiento de los hechos. En el caso de que la Corte de Apelaciones ratifique la multa de la SVS, los implicados deberán desembolsar al fisco alrededor de 4,5 millones de dólares en conjunto. Eso sí, cerca del 25% de ese monto ya fue pagado en 2008.

El acuerdo de la fiscalía abrió un debate que podría repetirse en otros casos de información privilegiada. Por un lado, se critica la baja sanción que se aplicó a los involucrados en el caso, que como mínimo debiera haber impuesto como condición el resguardo del pago de la multa a la SVS si es que que los tribunales fallan a favor del ente regulador. Por otra parte, el convenio de la fiscalía reflejaría lo difícil que es probar que, efectivamente, los imputados actuaron usando información privilegiada.