A la vez que como país avanzamos hacia un contexto de mayor desarrollo tecnológico e innovación, y surgen conceptos modernos como la electromovilidad, las redes inteligentes y la internet de las cosas, hay grupos en nuestra sociedad que van quedando al margen del beneficio de estos avances.

  • 8 noviembre, 2018

Director del Desafío:

Loreto Rivera, gerente de Asuntos Corporativos, CGE 

Coordinador:

Aldo Cerda, director ejecutivo, ActionAbility Institute

Participantes:

Carlos Abogabir, gerente general, GeCo 

Valeria Andía, subgerenta de Asuntos Públicos y Responsabilidad Social 

Corporativa, CGE

Julio Cuadra, jefe División Acceso y Desarrollo Social, Ministerio de Energía

Francisco Larrondo, jefe de Nueva Movilidad, Copec 

Bernardita Henríquez, socia Pimiento Rojo 

Gloria Ledermann, gerenta de Marketing, Copec    

David Noé, vicepresidente Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Transelec

 

La preocupación de este Grupo Desafío tiene que ver con la dimensión energética, la que quedó excluida del Mapa de Vulnerabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, pero que es condición habilitante de algunos de ellos. Por ejemplo: a)¿cómo se puede mejorar el acceso a Internet sin acceso a suministro eléctrico?; b) ¿cómo ignorar las condiciones de pobreza energética de la mayor parte de las viviendas en Chile?; c) ¿cómo se mejora la situación de vulnerabilidad ambiental y de salud de prácticamente todas las ciudades de Rancagua al sur por efecto de un uso inadecuado de la leña?; o d) ¿cómo se puede favorecer el desarrollo de la pyme industrial en zonas rezagadas cuando no existen líneas de distribución de capacidad mínima disponibles?

La preocupación central expresada en este grupo es que a la vez que como país avanzamos hacia un contexto de mayor desarrollo tecnológico e innovación, hay grupos que van quedando al margen de esos beneficios, y miran este desarrollo desde la “galería”.  

En 2016, el PNUD lanzó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde el número 7 se refiere a la “Energía asequible y no contaminante” y establece metas concretas para el 2030: garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos; aumentar el uso de energía renovable; duplicar la tasa de mejora de eficiencia energética; aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y a las tecnologías energéticas no contaminantes; ampliar la infraestructura; y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para los países en desarrollo.

Frente al desafío que proponen estos ODS, Chile fue el primer país en la región en construir una Política Nacional Energética a largo plazo, conocida como “Energía 2050”. Dentro del pilar “Energía como motor para el desarrollo”, se asume el desafío de superar la situación actual de sectores de la sociedad que aún no cuentan con servicios energéticos básicos como electricidad o agua caliente, o cuando estos involucran un gasto importante dentro de los ingresos familiares. Asimismo, la “Ruta Energética 2018-2022” establece como primer compromiso contar con un mapa de vulnerabilidad energética, y plantea objetivos principales como el “acceso universal a los servicios energéticos”, con una meta específica de conectar o mejorar el suministro de, a lo menos, 2.500 familias por año, priorizando las zonas rezagadas y vulnerables energéticamente. 

Los desafíos de vulnerabilidad energética del país

Los integrantes de este grupo caracterizaron los desafíos energéticos pendientes en cuatro dimensiones: Acceso, Seguridad, Calidad de Suministro y Asequibilidad.

 

Acceso

Aún cuando las estadísticas no son definitivas, se estima que en la actualidad hay 15 mil familias sin acceso a energía eléctrica en el país y otras 15 mil cuentan con acceso parcial. 

Es absolutamente necesario considerar dentro de los modelamientos del consumo el factor de cambio de comportamiento –ya sea porque se provee la electricidad sin costo, o porque no ha existido la costumbre de usar interruptores en forma sistemática–, y ello ha repercutido en niveles de consumo que exceden la potencia instalada, o terminan reduciendo aceleradamente la vida útil de las soluciones implementadas.

¿Cómo se puede avanzar en el tema de acceso si en el caso rural existe una muy compleja situación respecto a los títulos de propiedad de la tierra y la autoridad competente no puede desarrollar infraestructura o gestionar subsidios, si no hay seguridad respecto a este tema? 

Resolver el tema de acceso total representa una inversión cercana a los 200 millones de dólares, por lo que, de no mediar eventos catastróficos, recién después de dos gobiernos podría estar resuelto con los montos asignados en el presupuesto nacional. La mayor complicación no es, en todo caso, el costo. Cuando hay casos de intervención irregular de redes –típico ejemplo de las tomas o campamentos–, son los problemas de titularidad los que impiden materializar la electrificación.

 

Seguridad energética

Cuando el número de casos de muertes por intoxicaciones producto de artefactos inadecuados e instalaciones domiciliarias de gas deficientes causó alarma en la población, se produjo el cambio normativo que obligó a certificar las viviendas (el famoso “sello verde” o “sello rojo” de la SEC), que hoy forma parte del valor de una propiedad y de los cambios de hábitos en la relación de las personas con su hábitat energético.

Entre 1971 y 2014 (según el Banco Mundial), el consumo per cápita de electricidad de Chile se ha multiplicado por cinco, liderando los indicadores de América Latina.

Y si se toman como referencia los niveles de consumo de las principales economías del mundo, debiéramos esperar que ese se multiplique por dos o incluso tres veces antes de estabilizarse. También, con el aumento de la inmigración y la aparición de nuevos campamentos, se incrementan las intervenciones irregulares de las redes, con sus consecuentes riesgos eléctricos. 

 

Calidad de suministro

La mejora en esta línea también está contemplada en la Ruta Energética, con una nueva ley de distribución que apunta a abordar de mejor manera los requisitos y las demandas de los chilenos. El marco legal actual cumplió de manera muy positiva su objetivo de ampliar el acceso a la electricidad, pero hoy el foco debiera estar dado por la calidad de suministro y la incorporación de nuevas tecnologías.

Con una nueva ley, los índices SAIDI y SAIFI (System Average Interruption Frecuency Index) mejorarán, pero, aunque en los últimos años el servicio de distribución de energía eléctrica ha presentado mejoras en sus niveles de calidad, los indicadores de continuidad están lejos de los niveles existentes en los países OCDE y de cumplir las expectativas de los clientes. En efecto, en Chile, en 2017 el número promedio de horas de interrupción supera las 18 horas/año, en circunstancias que, por ejemplo, en España dicho valor es en torno a 1 hora/año; en Alemania equivale a 33 minutos/año; y en Holanda es de 10 minutos/año.

Una mayor resiliencia del sistema eléctrico se reflejará en las tarifas y, por ende, los acontecimientos de interrupciones de suministro derivados de las nevadas el invierno de 2017 están asociados a niveles de calidad de servicio, que no incluyen las inversiones requeridas para el mejoramiento del desempeño de los indicadores relevantes. Transparentar ese trade-off es hoy un tema urgente para viabilizar cambios.

 

Asequibilidad

Los participantes concentraron la discusión de este punto en la enorme dependencia de la leña y las posibilidades de enfrentar las demandas de calefacción con sistemas distritales, que pueden ser complementarios a la generación de energía térmica de unidades industriales (es un caso típicamente disponible donde existan industrias forestales, que utilizan la biomasa como fuente para generar electricidad y vapor), y que reducirían de manera significativa la contaminación actual.

Dado que existe una inversión en infraestructura habilitante que no es menor, la forma de viabilizar esta opción es contar con un centro de consumo de gran tamaño que permita pagar la mayor parte de dicho costo. Este sería, por ejemplo, el caso del hospital de Nacimiento, que podría ser abastecido con el vapor generado por CMPC en su planta Santa Fe y así beneficiar a las familias de la localidad a costo marginal.

Los participantes concuerdan que no hay medidas únicas que resuelvan estos desafíos, pero que la ejecución de un piloto exitoso en este campo ayudaría a multiplicar la experiencia en otros centros urbanos cercanos a instalaciones industriales y mejorar la forma de creación de valor compartido del sector empresarial. 

 

David Noé:  Comparte la visión de que los temas de electromovilidad son de futuro, pero que a nivel de consumidores individuales pueden resultar incluso elitistas en la conversación pública: “No tenemos ni 300 autos eléctricos en un parque que solo este año habrá incrementado dos mil veces ese número…, es decir, ese no es un tema prioritario para las urgencias de hoy en este ámbito”.

Bernardita Henríquez:

En su experiencia de “visita a hogares” para cadenas de retail, Bernardita señala que en barrios del GSE D, se aprecia un país donde la mayor parte de las familias busca autonomía, que se siente ausente de ayuda del Estado y, más allá del presidente de turno, tiene la convicción de que “se va a tener que desvelar trabajando igual”, porque lo que ha logrado ha sido fruto solo de su esfuerzo propio.

Julio Cuadra: Señala que el impacto sobre la calidad de vida de las familias a las cuales beneficia el programa de electrificación rural es enorme: “La llegada de la energía eléctrica es muy significativa para estas familias, quienes pueden –por ejemplo– disfrutar por primera vez del uso de un refrigerador, lo que cambia, entre otros, sus hábitos alimentarios”.

Loreto Rivera: Señala que con el aumento de la inmigración y la aparición de nuevos campamentos, se incrementan las intervenciones irregulares de las redes, con sus consecuentes riesgos eléctricos.