Por: Lucas Del Villar M. y Juan Antonio Peribonio P. En casi la totalidad de los países se les reconocen derechos a los ciudadanos en su rol de consumidores. En la gran mayoría incluso consagrados constitucionalmente. En efecto, los consumidores son el principal actor y motor de nuestra economía, la que debe estar a su […]

  • 4 enero, 2018

Por: Lucas Del Villar M. y Juan Antonio Peribonio P.

En casi la totalidad de los países se les reconocen derechos a los ciudadanos en su rol de consumidores. En la gran mayoría incluso consagrados constitucionalmente. En efecto, los consumidores son el principal actor y motor de nuestra economía, la que debe estar a su servicio y no puede tolerar que existan incentivos para aprovecharse de su poca experiencia, su falta de organización, los altos costos de transacción o de la desinformación que muchas veces padecen los consumidores en el mercado. Lo anterior se produce cuando se coartan ilegítimamente sus derechos, por ejemplo, el de elegir libremente, a recibir información veraz o el derecho a una relación de equidad o reciprocidad básica con sus proveedores de servicios.

El Estado no puede desprotegerlos sin que se resienta el bienestar social, con ese objetivo se ha buscado en las últimas modificaciones a la ley del consumidor fortalecer al Sernac.

Según ha trascendido, nuestro Tribunal Constitucional (TC), efectuando el control preventivo de constitucionalidad de la recientemente aprobada reforma a la Ley del Consumidor, ha dispuesto eliminar dos de las nuevas atribuciones del Sernac, particularmente relativas al rol sancionador y regulador directo de este servicio. Si bien el fallo y texto final de la ley es desconocido, se deduce que el TC persigue con ello establecer un equilibrio en relación al ejercicio de las otras atribuciones y facultades legales que continuará detentando el Sernac. Éstas serán, la facultad fiscalizadora, la de interpretar administrativamente la ley, la de proponer cambios legales y normativos al Presidente de la República, la de iniciar mediaciones y conciliaciones individuales, la de llevar procedimientos colectivos voluntarios con infractores; lo anterior, sumado a la de interponer denuncias de interés general, levantar infracciones por ministros de fe y demandar colectivamente a los proveedores.

Si bien las nuevas atribuciones del Sernac, aún ajustadas, pueden parecer exorbitantes para algunos, sin duda buscan desincentivar la comisión de infracciones y promover en el mundo empresarial una cultura de responsabilidad y cumplimiento. En efecto, se incorpora el reconocimiento a aquellas empresas que demuestren un interés real por cumplir con sus obligaciones, a través de la debida implementación de planes o modelos de cumplimiento normativo en materia de Derecho del Consumidor. Con ello, las empresas no solo deberán revisar sus procesos, controlando el riesgo y previniendo infracciones, sino que aquellas que cuenten con estos modelos debidamente implementados y previamente aprobados por el SERNAC podrán acogerse ahora a considerables atenuantes en la aplicaciones de multas y sanciones. Así, este nuevo escenario, pese a presentar una serie de desafíos, pronto será una realidad y aquellos empresarios que lo enfrenten con cambios cosméticos y con cultura de improvisación, sucumbirán frente a aquellos que conozcan bien la regulación, actualicen sus procesos y sepan en qué pueden fallar para así adaptarse continuamente.