Por Ramón Suárez González, abogado y presidente de Fundación Amparo y Justicia

  • 11 abril, 2019

El 3 de octubre del presente año, se inicia la puesta en marcha de la aplicación de la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas.

Esta ley supone importantes desafíos para el Sistema de Justicia Penal, considerando que modificará sustancialmente las prácticas y procedimientos en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento, en casos que involucren a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves.

Estamos hablando de un cambio cultural, en el cual se reconocerá a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho, debiéndose respetar y proteger su dignidad, sus necesidades particulares, sus intereses e intimidad, en cada una de las instancias del proceso penal.

La Entrevista Investigativa Videograbada realizada por un entrevistador especializado es un elemento novedoso y fundamental. Existe amplia evidencia internacional que demuestra cómo a través de esta técnica especializada se logra obtener una mayor cantidad y mejor calidad de información, permitiendo investigaciones más contundentes y facilitando así a los jueces el poder resolver con mayor certeza, basándose en antecedentes más precisos.

La debida y efectiva implementación de esta ley dependerá fundamentalmente del compromiso y coordinación de las diversas instituciones implicadas. En esta lógica, no solo será fundamental que se cuente con funcionarios capacitados, sino que será indispensable realizar una amplia y eficiente difusión de protocolos de actuación, que describan de forma clara las acciones y responsabilidades de cada una de las instituciones y sus funcionarios.

Otro factor relevante para favorecer una implementación efectiva, lo constituye un sistema permanente de monitoreo y evaluación de las distintas materias que regula la ley, para así identificar de forma oportuna aquellos aspectos que sean perfectibles, garantizando el cumplimiento de los objetivos y principios dispuestos en la ley.

La publicación del reglamento es el inicio de la cuenta regresiva. En seis meses más habrá que disponer de los medios técnicos y calificados para poner en marcha la normativa en las regiones que considera la primera etapa. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones están trabajando en conjunto para generar las condiciones materiales, técnicas y organizacionales. A dicho trabajo, nuestra Fundación ha prestado toda la colaboración que le ha sido posible desde nuestra experiencia y conocimiento del tema. Será de conveniencia que esta cooperación se mantenga en el tiempo, logrando una visión sistémica y una respuesta unificada con el más alto estándar de calidad para quienes se ven obligados a transitar por el Sistema de Justicia Penal, particularmente tratándose de niños, niñas y adolescentes.