El gobierno mandató a la ministra de Energía, Susana Jiménez para liderar la búsqueda de una solución a la polémica por los medidores inteligentes. En el cálculo de los $10 mil por aparato antiguo, que ofrecieron las eléctricas, fue clave la información de que los nuevos dispositivos podrán usar una tecnología operable en todo el mercado. También influyó, reconocen los privados, el temor a regulaciones mayores o hasta una actuación directa del
propio presidente Piñera.

  • 5 abril, 2019

En las eléctricas dicen que fue una amenaza directa. También, que fue solo una coincidencia y en el gobierno lo niegan tajantemente. Pero en privado, diversos actores dijeron a Capital que los diez mil pesos por los medidores viejos de los consumidores que ofrecieron pagar las distribuidoras de electricidad para enfrentar la polémica de los medidores inteligentes surgieron tras largas negociaciones, cálculos, presiones y el temor a una acción directa del propio presidente de la República.

“El recuerdo de Barrancones y la amenaza de que el gobierno patrocinara un proyecto de ley que modificara fuertemente al sector o enviara una ley corta estuvieron presentes en las conversaciones”, confidencia un ejecutivo de la industria eléctrica.

La polémica generada por el pago de 1.000 millones de dólares que tendrían que realizar los consumidores para la introducción de los medidores digitales en el país, obligó al gobierno a actuar rápidamente. La ministra de Energía, la economista Susana Jiménez fue mandatada para contener y desactivar el problema. Con el apoyo -entre otros- de la Secretaría General de la Presidencia estuvo casi todo marzo en eso.

Fue el miércoles 6 de marzo, en la Comisión de Minería y Energía del Senado hasta donde llegó para exponer sobre el conflicto, que la ministra entendió que la escalada del problema llevaría a que los parlamentarios decidieran impedir que el costo de los nuevos medidores fuera pagado por los consumidores, obligando a las empresas a hacerlo.

Y así se los hizo saber en la primera conversación que tuvo con los privados el 7 de marzo, en Santiago. Fue clara: ellos tendrían que entregar una solución. Y por la forma, el fondo y -sobre todo- el tono de las palabras de Jiménez, los ejecutivos comprendieron que era mejor eso a una solución por la vía legislativa. En privado, los representantes de las empresas confiesan temer que una eventual regulación “en caliente” termine por golpear a una industria, que en todo caso ha gozado de estabilidad por décadas.

De hecho, el gobierno nunca cuestionó las ventajas de los nuevos dispositivos. Un par de día antes, en el programa “Bienvenidos” de Canal 13, el presidente Piñera incluso defendió que el pago lo hicieran los consumidores y aseguró que estos medidores generarán a la larga importantes ahorros para los usuarios.

 

EL PLANEO DE BARRANCONES

Según cuentan los privados, aunque ni la ministra ni sus asesores lo invocaron, el caso Barrancones siempre estuvo presente en las conversaciones para el acuerdo de los diez mil pesos. Por eso mismo, siempre se pensó en la posibilidad de que el propio presidente Sebastián Piñera solucionara el tema con un atajo, tal como ocurrió en 2010, cuando anunció que se cambiaría la ubicación de una termoeléctrica luego de haber llamado directamente a los dueños de ese proyecto, los franceses de Suez Energy.

Y esta vez podría ser igual: el mercado de la distribución está dominado por las multinacionales europeas, Enel (Italia) y la española Naturgy (CGE).

El mismo 6 de marzo, la polémica por los medidores ya generaba un primer proyecto de ley para evitar que el costo del cambio de los medidores fuera traspasado a los usuarios y que los asumieran las empresas.

Hasta ayer, ya sumaban ocho iniciativas sobre el sector eléctrico en el Congreso. Sí, ocho proyectos de ley de los parlamentarios para regular a la industria. “Esperamos que el gobierno patrocine alguno de estos proyectos, que en todo caso serán fusionados para avanzar en las materias más importantes como tarifas y medidores”, anunció a Capital la diputada Marcela Hernando, coautora de uno de los proyectos.

En todo caso, en la Agenda Legislativa 2018 – 2022 del Gobierno, la Reforma a la Distribución Eléctrica aparece como un proyecto de ley clave, con fecha de ingreso al Congreso para diciembre de este año.

 

SMARTS E INTEROPERABLES

 

“Estamos explorando un acuerdo con las empresas para que éstas, al momento de cambiar el medidor inteligente, puedan comprarles a los propietarios sus medidores. Quiero, además, anunciarles que hemos conversado con todo el gremio y todas las empresas, pero hoy día concretamente ya tuvimos el compromiso de la empresa Enel de avanzar en esta materia”, explicó Jiménez el 28 de marzo al anunciar que las firmas pagarán 10 mil pesos por cada aparato que reemplacen.

El acuerdo considera a Enel, Grupo Saesa y Chilquinta, que en conjunto cubren a 2,4 millones de hogares. Pero fuera del acuerdo todavía sigue CGE, que tiene 2,8 millones de clientes en casi todo el país. La firma no ha querido sumarse al pago de los 10 mil pesos hasta que no se definan bien el mecanismo y un asunto que puede hacer variar la factura: qué tipo de aparato y tecnología serán predominantes.

Los “Smart meters”, como también les dicen en la industria usan diferentes softwares para funcionar y de ello dependen sus prestaciones y precio. Enel ya tiene instalados unos 300 mil y hay otros en diferentes ciudades, que totalizarían unos 400 mil. Nadie quiere perder esa inversión ya realizada.

El llamado “Anexo Técnico” va a definir eso. Actualmente está en consulta internacional ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). Pero ya hay algo claro: será interoperable, es decir que podrá ser usado en cualquier compañía. Y gracias a ese detalle, dicen en la industria, Enel emerge como la ganadora, porque sus 300 mil medidores seguirán siendo útiles.

De los 6,7 millones de clientes que tienen las empresas eléctricas en Chile, 4,8 millones – el 70%- es dueño de su medidor, según estimaciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Si finalmente todas las compañías optan por pagar los 10 mil pesos, el sector habrá destinado unos 74 millones de dólares al recambio a nivel país.

Actualmente, una mesa técnica, que lidera la Comisión Nacional de Energía (CNE) e integran la SEC, y las empresas del ramo definen cómo y cuándo se pagarán los diez mil pesos por medidor antiguo y otros detalles al respecto.