El gobierno mandató a la ministra de Energía, Susana Jiménez para liderar la búsqueda de una solución a la polémica por los medidores inteligentes. En el cálculo de los $10 mil por aparato antiguo, que ofrecieron las eléctricas, fue clave la información de que los nuevos dispositivos podrán usar una tecnología operable en todo el mercado. También influyó, reconocen los privados, el temor a regulaciones mayores o hasta una actuación directa del
propio presidente Piñera.

  • 5 Abril, 2019

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