Por: María José Gutiérrez La semana pasada, a través de una carta, la Democracia Cristiana adelantó su rechazo a la glosa 05 del Presupuesto, mediante la cual el Gobierno busca financiar la gratuidad de la educación superior para los cinco primeros deciles. Más incertidumbres que certezas hay al respecto. No sólo a nivel político, también […]

  • 12 noviembre, 2015

Por: María José Gutiérrez

gratuidad

La semana pasada, a través de una carta, la Democracia Cristiana adelantó su rechazo a la glosa 05 del Presupuesto, mediante la cual el Gobierno busca financiar la gratuidad de la educación superior para los cinco primeros deciles. Más incertidumbres que certezas hay al respecto. No sólo a nivel político, también entre los rectores.

“Los cambios en las propuestas no resultan equitativos, suscitan incertidumbre y revelan falta de claridad del Gobierno respecto de lo que se debe hacer”, aseguró la DC en la misiva.

El proyecto de ley de gratuidad para la educación superior aún no ha sido presentado por el Ejecutivo. Hasta ahora, lo poco que se sabe es que en la Ley de Presupuesto 2016 se incluyó una glosa que establece que se entregarán 536.620 millones de pesos a las instituciones públicas, privadas y técnicas que se sumen a la iniciativa.
De ese monto, 359 mil millones de pesos ya se ocupaban en becas y otros beneficios, por lo que serán 177 mil millones de pesos o 254 millones de dólares, si se quiere, los recursos frescos que se sumarán, y no 500 millones de dólares como anunció en mayo la presidenta Michelle Bachelet.

 

Qué se sabe

Las 25 universidades que integran el Consejo de Rectores (CruCh) podrán acogerse al plan de gratuidad. También podrán hacerlo las universidades privadas con más de cuatro años de acreditación y que cuenten con participación estudiantil con derecho a voz y voto en instancias colegiadas dentro de su institución. Los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) sin fin de lucro podrán hacerlo igualmente. Sin embargo, en la práctica esto implica que califiquen sólo ocho de los 71 establecimientos que existen.

Unos 200 mil jóvenes de los cinco deciles más pobres del país serán los beneficiados, chilenos o extranjeros, con residencia definitiva, y en el caso de los segundos, deberán haber cursado la enseñanza media en el país. Quienes hayan estudiado una carrera profesional previamente, no podrán optar por una segunda carrera gratuita, a menos que la primera haya sido técnica.

Los establecimientos que califiquen, tendrán plazo hasta el 22 de diciembre para suscribir un convenio con el Ministerio de Educación en el cual se comprometan a acceder a la gratuidad.

 

Primeras alarmas

Sólo en el CruCh, el universo de los establecimientos es muy variado. Los aranceles aún más. El Mineduc ha dicho que pagará un arancel regulado que se obtiene del promedio de los aranceles de referencia para las carreras en establecimientos con los mismos años de acreditación y las tarifas reales de cada institución. En caso de que haya una diferencia, la cobertura se ampliará con un tope de 20%.

¿Qué pasará en aquellas instituciones en las que ese monto no alcance? Los estudiantes no podrán poner ni un peso, ya sea de forma directa, ni mediante un crédito o beca. Por lo tanto, serán los mismos establecimientos quienes deberán cubrir el diferencial. Primer problema. Son varios los planteles que ya advierten que quedarían desfinanciados. En el caso de la Universidad Católica, por ejemplo, la brecha sería de unos 1.200 millones de pesos, según ha dicho su rector, Ignacio Sánchez, y en la Usach, de más de dos mil millones de pesos.

Según un estudio de Acción Educar, de las 28 universidades que podrían participar en el plan, 16 quedarían con déficit. De ellas, la Universidad Diego Portales tendría una diferencia de 1.371.086 pesos por alumno; la UC de 611.654 pesos y la Universidad Alberto Hurtado, 356.285 pesos por estudiante.

“En Chile, ninguna universidad tiene un endowment”, señala Federico Valdés, rector de la UDD, quien agrega que “las universidades tendrían que reducir brutalmente sus costos, lo que es liquidar su posibilidad de competir, y que no les ocurre a las estatales y del Consejo de Rectores”.

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“Hay muchas universidades que no han podido demostrar sus déficits”, argumenta Aldo Valle, vicepresidente del Cruch y rector de la Universidad de Valparaíso, al respecto. “Habría que revisar la situación específica de cada plantel y transparentarlas”, dice.

En la Universidad de Chile, la realidad es otra. Actualmente, los primeros cuatro deciles –que representan el 23% del total de la matrícula– estudian gratis, con un costo de 4.600 millones de pesos para la universidad. Por lo tanto, al ampliar la cobertura al 50% más vulnerable, el rector del plantel, Ennio Vivaldi, asegura que no se generará déficit, pues de ninguna forma a la universidad le costará más de los 4.600 millones de pesos que gasta hoy.

“Queda la percepción, para bien o para mal, de que se hacen negociaciones para cada grupo”, afirma Vivaldi. “Por qué algunos dicen que pierden, unos menos, otros más. Sería bueno que todos supiéramos con detalle por qué tal señor de cierta universidad está perdiendo plata, ¿está cobrando mucho? ¿Está recibiendo poco? ¿Está mal acreditada? Eso sería sano. Si yo quisiera plantear que esto es terrible para la Universidad de Chile, le digo a mi Vicerrectoría de Asuntos Económicos que me haga un reporte que apunte a eso. Por eso es tan importante que todos sepamos por qué algunos dicen que tienen temor a salir para atrás”, argumenta.

La glosa establece, además, que sólo financiará la duración formal de las carreras, y una sola carrera por alumno. ¿Qué pasará entonces con los alumnos que reprueben asignaturas o que se cambien de carrera? “La duración de las carreras es no entender la realidad de la que se tienen que hacer cargo las universidades”, señala Valdés. “Recibimos alumnos con carencias, sobre todo en Concepción, que requieren un tiempo de ajuste, con serios problemas en los dos primeros años. Se dice que para esos alumnos habría crédito con aval del Estado, pero no tenemos certezas de que vaya a ser así”, advierte.

 

Dudas profundas

Hasta aquí las certezas. Ahora las inquietudes.

“Las dudas son todas, lo que nos mandaron fueron las bases de la reforma, que es un documento muy pobre que parte de premisas falsas como que el problema de la educación chilena superior es el endeudamiento de las familias, cuando es la calidad”, sentencia Federico Valdés. Y añade: “Ese problema está bastante bien resuelto. Lo que había es un endeudamiento a altas tasas que se resolvió en el gobierno anterior. Los que se endeudan con el CAE no pagan más del 10% de sus ingresos durante un máximo de 15 años. Los de años atrás, cuando esto partió en el gobierno de Lagos y Bachelet, ésos tienen deudas que los ahogan, debieron ayudarlos a ellos”.

En resumen, son cuatro los grandes temas que más preocupan a algunas universidades y sobre los cuales aún no tienen suficientes luces.

Uno de ellos es si su autonomía, al entrar en la gratuidad, se verá afectada. Y es que los planteles que suscriban el acuerdo con el Gobierno no podrán aumentar sus matrículas más allá de 2,7%, a pesar de que los establecimientos del CruCh subieron 4,2% su capacidad entre 2012 y 2013. “Si hoy dicen que no se pueden aumentar las vacantes o las carreras, el día de mañana pueden decir cómo tienen que ser las mallas y el proyecto educativo”, advierte Soledad Arellano, vicerrectora académica de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Para Vivaldi, todo depende del lente por dónde se mire. “Hay universidades que declaradamente no son autónomas respecto a una autoridad religiosa, a un grupo económico, así que ¡de qué autonomía estamos hablando! A nadie le están diciendo cómo enseñar, ni cómo organizar sus elecciones”, dice.

La segunda de las grandes dudas es triestamentalidad. Uno de los criterios que fija el Mineduc para los planteles que se acojan a la gratuidad, es que sus estudiantes estén representados con derecho a voz y voto. Hay quienes sostienen que la participación de los tres estamentos podría llevarse a otros planos, incluso a la elección del rector. A esto se oponen los rectores de manera transversal, desde las privadas hasta la Católica y la Chile, en donde se hizo un referéndum en 1998 y 80% de los académicos se manifestó en contra de que los estudiantes participaran en la elección de autoridades.

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Qué pasará con las becas y créditos es también una de las inquietudes. La gratuidad universal implicaría terminar con este sistema. Sin embargo, mientras esto no ocurra se mantendrán los dos mecanismos. Esto preocupa a las instituciones que no saben qué pasará con sus alumnos en este nuevo contexto, cuántos migrarán hacia universidades gratis, o cuántos, en cambio, ante la incertidumbre, preferirán estudiar en los establecimientos pagados.

El último punto de preocupaciones es la segregación. Aun cuando el proyecto apunta a terminar con ese problema, en la UAI creen que la gratuidad no resolverá los problemas de inequidad, sino que los acentuará. “Es sabido que los alumnos de los quintiles más vulnerables no llegan a la educación superior, en el caso de haber gratuidad universal vamos a financiar a los más altos. Aún si uno acotara al 40% o 60% más pobre, la realidad es que ese porcentaje es bajísimo. Si lo que se quiere resolver es la equidad, uno debiera partir trabajando con los colegios para que esos alumnos lleguen en mejor condición”, explica Soledad Arellano. •••