En este laboratorio no hay médicos. Lo que hay aquí son economistas, pero trabajan como si tuvieran puesto un delantal blanco. Instalado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica, este equipo se dedica a experimentar con la pobreza. Con meticulosidad científica, y regulados por un comité de ética, los profesionales buscan evidencia […]

  • 4 abril, 2013
J-Pal

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En este laboratorio no hay médicos. Lo que hay aquí son economistas, pero trabajan como si tuvieran puesto un delantal blanco. Instalado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica, este equipo se dedica a experimentar con la pobreza. Con meticulosidad científica, y regulados por un comité de ética, los profesionales buscan evidencia sobre los programas que de verdad ayudan a reducir el número de pobres.

Suena fuerte y frío. Pero el escenario lo amerita. En el mundo no existe evidencia de cuán efectivos han sido los miles de millones que se han invertido para superar la pobreza. “Sabemos muy poco, casi nada, sobre qué funciona en políticas públicas”, advierte de entrada el director ejecutivo de esta oficina en Chile, Ryan Cooper, como para dimensionar cuán revolucionario puede resultar este laboratorio que también tiene sede en India, Paris, Sudáfrica, y que está ad portas de abrir en Indonesia y Estados Unidos.

El Abdul Latif Jameel Proverty Action Lab –más conocido como J-Pal–, partió en 2003 como un proyecto de los profesores del MIT Esther Duflo, Abhijit Banerjee, y Sendhil Mullainathan, apoyados por el departamento de Economía de esa universidad. Hoy ya tiene una red de más de cien profesionales afiliados en todos el mundo. A Chile, por ejemplo, llegaron en 2009 con cuatro personas y hoy tienen un contingente de 65 profesionales trabajando desde acá para toda la región.

La francesa Esther Duflo, grafica el trabajo que hacen con la experiencia africana. “África es un ejemplo de un continente que ha recibido mucho dinero para superar la pobreza, pero su PIB no ha variado. ¿Qué habría pasado si no hubiera recibido esa ayuda? No sabemos. No hay evidencia que refleje si ese continente está mejor o peor”, sostiene la directora de J-Pal.

A ese tipo de situaciones es a las que esta institución quiere poner punto final. Advierten que se deben probar los programas con ensayos aleatorios y ya han convencido a gobiernos, organizaciones internacionales y ONG para trabajar bajo esta certificación. ¿Resultado? Superan las 340 evaluaciones en más de 50 países y han capacitado a miles de investigadores y encargados de políticas sociales.

En Chile trabajan con empresas de la talla de CAP, BancoEstado, la UC e instituciones como Enseña Chile, Mi Parque, El Techo, Fosis y el Sernam. En total, hasta ahora, han realizado evaluaciones por más de 7,5 millones de dólares de 29 proyectos distintos.

Todavía, claro, están en etapa de siembra. La apuesta es que todas las iniciativas contra la pobreza tengan un certificado de eficacia.

La evaluación del Techo

La oficina de J-Pal en Chile es regional. Desde aquí se analizan programas para toda América latina y 2013 será el año de los primeros resultados.

En mayo darán a conocer las conclusiones de la investigación que realizan sobre Un techo para mi país, donde están trabajando con 800 hogares de tres países (El Salvador, Uruguay y México). Ahí la investigación pretende dar respuesta al impacto que tiene la iniciativa en términos de seguridad, salud, e incluso, cómo influye en la educación de los niños. En Chile no se pudo hacer porque el programa ya está demasiado avanzado.

Con Fundación CAP trabajan en un proyecto que apunta a involucrar a las familias en la educación de los hijos. Aprender en Familia, se llama, y ahí la tesis es que si el entorno apoya, se pueden lograr mejores resultados. Es una conjetura, como cualquiera de las que se tienen al partir una idea, pero J-Pal quiere demostrar empíricamente si la fórmula sirve o no. Con números que lo avalen.

Este laboratorio no pretende dar respuesta a la gran pregunta acerca de cómo disminuir la pobreza en el mundo, sino más bien ir a los problemas cotidianos de quienes viven en esta situación. Cómo mejorar la educación, salud, alimentación o la vivienda, desde el análisis de las políticas públicas que se llevan a cabo para ello.

J-Pal hace un símil con el negocio de la tecnología donde todo el tiempo se está buscando la mejor vía para hacer los productos más baratos y eficientes. Por qué no hacer lo mismo con las políticas sociales, dicen. Lo comparan también con la medicina moderna, pues su avance en el siglo XX fue gracias a las pruebas aleatorias controladas, las mismas que ellos están realizando para políticas sociales.

En Kenia, por ejemplo, hicieron el siguiente ejercicio: cuántos años adicionales de estudio se logran al invertir 100 dólares en distintas políticas. El resultado sostuvo que al inyectar los recursos en mejores docentes, becas y uniformes, se logran tres años más de estudio, pero si se invierten en informar y concientizar sobre los beneficios de la educación, se logran 40 años más. Y si se ocupan esos recursos desparasitando niños, el período llega a los 30 años.

“Ese tipo de información y más es la que debe estar disponible en el mundo para guiar las políticas públicas”, asegura Esther Duflo.

En J-Pal saben que no pueden hacer la tarea solos. “Nuestro sueño es que cada gobierno tenga un pequeño laboratorio destinado a la innovación social”, advierte su director científico en Chile, Francisco Gallego (ver recuadro).

Por eso también es que parte importante de la pega que están haciendo –de la mano del BID– es capacitar a políticos, ministros o servicios públicos, para que se conviertan en “buenos consumidores de evaluaciones de impacto social”. El objetivo final es influir en la forma de hacer política de los gobiernos. En abril realizarán una jornada donde ya hay comprometidas más de 150 autoridades y académicos de toda la región.

Tú sí, tú no

En este laboratorio se trabaja con personas. Y ahí está lo difícil. Pero el valor, sostienen, es que ha logrado derribar el mito de que en ciencias sociales no se puede experimentar con rigurosidad. “Podemos hacerlo y sin conflictos éticos. Tomando en cuenta todos los criterios de injusticia”, explica Francisco Gallego.

La forma como se realiza la observación consiste en dejar fuera de un programa determinado a un grupo de personas. Controles, les llaman, y se les evalúa con las mismas mediciones que se realizan a quienes sí recibieron el determinado beneficio. Cada iniciativa es sometida a un comité de ética que determina cómo se debe realizar esta muestra. En pobreza, por lo demás, explican, suelen haber grupos que quedan fuera de los beneficios, es algo cotidiano.

En Talcahuano, por ejemplo, se hizo una selección vía rifa para determinar qué niños de octavo básico recibirían información acerca de becas universitarias que se pueden obtener tras un buen desempeño en la enseñanza media. Ahí lo que se quiere medir es cuánto influye la meta de la beca en la asistencia a clases y en las notas de los alumnos. Y no hay mejor manera de medirlo que mirando cómo se dieron los dos caminos, señalan estos economistas.

En estas pruebas, J-Pal ya tiene una certeza: invirtiendo en información se pueden lograr cambios radicales en procesos educativos, de salud y alimentación. Aseguran que “desde lo más micro, se puede avanzar en pobreza a pasos insospechados”.

Harto trabajo les queda por realizar, eso sí. Pero los académicos en Chile creen que en estos cuatro años en Chile ya han derribado barreras. “Al principio, cuando hablábamos de pruebas aleatorias, todos nos miraban con cara de locos”, admite Gallego. •••

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La comisión de Kast

Uno de los primeros políticos en entusiasmarse con el trabajo de J-Pal en Chile fue el ex ministro de Mideplán, Felipe Kast. Primero como académico asociado y después en terreno desde el gobierno.

Cuando llegó al hoy ministerio de Desarrollo Social convocó a una comisión liderada por el laboratorio del MIT para buscar respuestas efectivas a los problemas de pobreza local. Ahí se establecieron caminos para trabajar en oportunidades para jóvenes en riesgo social y lidiar con los principales problemas que los aquejan: embarazo adolescente, drogas y alcohol, y escaso acceso al mercado laboral. También abordaron políticas de incentivos a profesores de colegios públicos, información a padres sobre la Subvención Escolar Preferencial, y el combate de la criminalidad y reincidencia, tanto dentro de la cárcel como en libertad.