• 27 julio, 2010


No tiene sentido contar con una institución que no puede ejercer sus funciones principales, por lo que es de la mayor importancia que la tramitación legislativa del proyecto de ley que crea los tribunales ambientales sea lo más breve posible, para que podamos contar pronto con una institucionalidad completa.


Una de nuestras principales tareas en estos primeros meses ha sido la implementación
eficiente de la nueva institucionalidad ambiental para el país. Ha sido un tiempo de reflexión y acción, en el que hemos actuado pensando más en los objetivos finales que en la inmediatez, que a veces sólo genera partidas falsas y productos defectuosos. Queremos que nuestro país sea un modelo y referente
para Latinoamérica en lo que respecta a la gestión ambiental, y por ello avanzaremos sin pausa en esta importante misión que se nos ha confiado.

Hace pocos días se publicó en el Diario Oficial el decreto con fuerza de ley que fija las plantas de personal del ministerio del Medio Ambiente y del servicio de Evaluación Ambiental. Con ello se da inicio
a la fase final del rediseño institucional ambiental. Sin embargo, este proceso sólo estará completo una vez que el Congreso apruebe el proyecto de ley que crea los tribunales ambientales, requisito que se
incluyó en el acuerdo político que posibilitó la aprobación de la ley Nº20.417, modificatoria de la ley
de Bases Generales del Medio Ambiente.

En su origen, el acuerdo hacía referencia a un solo tribunal, que fuera especializado en materias ambientales, de integración mixta y que pudiera ser capaz de resolver las contiendas que se generaran en nuestro país sobre la materia. Trabajamos en forma intensa y ardua para presentar indicaciones a dicho proyecto de ley. Acogimos los anhelos e inquietudes de algunos senadores, logrando incorporar –entre otros temas– dos tribunales regionales, en las ciudades de Antofagasta y Valdivia, además del Tribunal
Ambiental con asiento en Santiago. Dichos tribunales tendrán competencia sobre agrupaciones de regiones, y así ayudarán a la descentralización del país y a generar un mejor acceso a la justicia ambiental.

Recientemente ha comenzado la votación particular de este proyecto de ley en las comisiones unidas de Constitución y Medio Ambiente del Senado, instancia en la que estamos participando activamente, con la clara finalidad de poder tener tribunales altamente especializados y con procedimientos adecuados, que nos
permitan dotar a nuestro país de una institución de calidad capaz de resolver con prontitud y correctamente los conflictos ambientales.

Sin embargo, hay un tema complejo que todavía debemos enfrentar. El mismo acuerdo político que permitió que hoy contemos con un ministerio del Medio Ambiente, un servicio de Evaluación Ambiental y una superintendencia del Medio Ambiente fue el que hizo que esta última no entrara en vigencia en plenitud
en cuanto a sus facultades fiscalizadoras y de sanción, sino hasta que el tribunal ambiental (hoy, tribunales ambientales) no estuviera en plenas funciones. Así lo estableció la ley y de esto se deriva la importancia de contar cuanto antes con los tribunales ambientales.

No tiene sentido contar con una institución que no puede ejercer sus funciones principales, por lo que es de la mayor importancia que la tramitación legislativa del proyecto de ley que crea los tribunales ambientales sea lo más breve posible, para que podamos contar pronto con una institucionalidad completa. Chile requiere que los proyectos y actividades evaluados ambientalmente, los planes y las normas, puedan ser debidamente fiscalizados, a fin de evitar posibles daños al medio ambiente, detectando anticipadamente posibles contingencias y sancionando cuando corresponda.

Por nuestra parte seguiremos participando en la discusión que se genere en el Parlamento. Ahí haremos nuestro aporte y tenderemos lazos cuantas veces sea necesario, porque nuestro mayor interés es transmitir de manera certera a los parlamentarios las necesidades y los requerimientos de esta nueva institucionalidad.

Estamos convencidos de que se requiere de una voluntad política transversal y con altura de miras, que comprenda la urgencia que nos mueve.

Justamente esa es nuestra principal motivación: lograr que Chile cuente con una institucionalidad ambiental sólida y flexible, que nos permita crear una sociedad con igualdad de oportunidades, para
que todas las personas tengan mejor calidad de vida.