Por Ernesto Ayala, periodista
Año: 2059

  • 19 agosto, 2019

El número de derechos han ido creciendo exponencialmente durante este siglo, una inflación que solo compite con la vivida por los ministerios del gobierno. Y toda inflación, ya se sabe, merece siempre cierta sospecha. Pero si los múltiples ministerios tratan de darle cauce a la diversidad de asuntos que se le exigen al Estado, los derechos están entrando en colisión entre sí. A su manera, Isaiah Berlin lo planteó hace más de un siglo: no podemos dar el mismo trato a todos los valores, porque más temprano que tarde hay que priorizar uno sobre otro. Si queremos una sociedad sin diferencias sociales, esa sociedad no puede ser también totalmente justa; si queremos que las condiciones materiales reflejen el esfuerzo que ponemos en ellas, no todos podrán vivir como iguales. Algo análogo está pasando con los derechos.

Por separado, cada uno suena muy razonable. ¿Quién puede negarse a que la Constitución garantice que toda persona reciba salud gratis y de calidad? ¿Quién puede negar el derecho a vivir sin sufrimiento, es decir, a elegir una buena muerte? Pero ¿qué pasa cuando ambos derechos entran en conflicto? Ya hemos visto bullados casos, donde la voluntad del paciente entra en conflicto con la voluntad de los padres y el problema termina en tribunales.

Ahora, un juez de la República le ha ordenado a Smartmail que entregue a la mujer todos los emails y mensajes de su marido, comenzando por aquellos que ha borrado recientemente, por supuesto. Sobre la base de que comparten patrimonio, ella exige estar informada respecto a lo que el marido hace y piensa. Demanda transparencia. Lo extraño es que si hay asuntos patrimoniales en juego, la legislación tiene mecanismos para resolverlos. No serán perfectos, pero los hay. Ella, sin embargo, quiere toda la información —es su derecho arguye— y el juez se la entrega. Las Feministas Desacopladas, entre otros grupos, han aplaudido la medida. De haber sido inversa la situación, es difícil imaginar el mismo aplauso. Sin embargo, la igualdad ante la ley sí es un derecho. La información, la transparencia, no. Nunca lo han sido. Solo los sobregirados tiempos actuales pueden tomar en serio esta idea. La Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, no contiene mención alguna al derecho de información.

Sí, en el artículo 12, se resguarda el derecho a la vida privada: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”. Lo que se llama comúnmente “derecho a la información” es una práctica, una buena práctica, que se exige a las autoridades e instituciones del Estado, con el sentido de que den cuenta de su quehacer. El acceso a la información, la mentada transparencia, es fundamental para vigilar esa acción. En la vida privada, en cambio, las personas tenemos derecho a ser opacos, a guardar secretos y a resguardar nuestros pensamientos o vicios. Esconder deseos, buscar consuelo a las desilusiones, no es un mal si no se provoca un daño a otro. No todo tiene que ser transparente, ni siquiera entre esposos, menos aun entre padres e hijos. La vida privada, íntima, es la última reserva de la individualidad. Es de esperar que la Corte Suprema no se haga parte de desaguisado y revierta esta acción. De lo contrario, la vida amenaza con convertirse en un tormento mayor. No en vano el olvidado Sartre decía que el infierno son los otros.