El documento RN-DC acerca de reformas en el régimen político chileno lanzado por los presidentes de ambos partidos generó un atractivo debate. Durante semanas se ha discutido acerca de las principales propuestas que contenía el documento; entre ellas, el establecimiento de un sistema semi-presidencial, la profundización de la descentralización, una reforma a los partidos políticos y el cambio del sistema binominal por un sistema proporcional corregido. Nadie, sin embargo, reparó en una grave ausencia: el sistema de leyes de quórum supermayoritario que existe en nuestra Constitución Política.  
La derecha, por conveniencia, defiende este sistema. La Concertación, de manera inexplicable, nunca lo incluyó entre sus prioridades. Pero en el quórum de 4/7 de las leyes orgánicas constitucionales (LOC) puede estar la clave de la post transición chilena. 
En breve: muchas constituciones en el mundo moderno exigen algún tipo de quórum más alto que la regla de simple mayoría para la aprobación, modificación o derogación de aquellos preceptos que rigen aspectos básicos del pacto social y político que consagra la carta fundamental. Es razonable exigir una mayoría calificada para reformar aspectos básicos de la comunidad política como podrían ser, por ejemplo, la forma de gobierno o la estructura federativa de una nación. Y es también razonable, y deseable, que los derechos humanos estén protegidos por una regla de supermayoría.   
En la Constitución de 1980, sin embargo, hay materias de potestad legislativa (y no potestad constitucional) que exigen un quórum significativamente mayor al normal. Estas materias, reguladas por las LOC, exigen ni más ni menos que el voto favorable de 4/7 de los miembros en ejercicio de ambas cámaras para su aprobación.  
Como ha señalado un reciente libro del profesor de Derecho de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Estudios Públicos Lucas Sierra, la verdad es que no existe fundamento teórico que justifique esta excepción. Tampoco existe precedente en otras democracias avanzadas. Se trata sencillamente de un capricho del redactor de la Constitución de 1980 –todos sabemos quién fue—, que lamentablemente fue ignorado por la Concertación al momento de negociar los dos grandes paquetes de reformas constitucionales, el de 1989 y el de 2005. 
¿Por qué está en las LOC la clave de la post transición? Porque si en la transición se trató de reacomodar posiciones, en la post transición se trata de reacomodar contenidos. La transición trató de consolidar la supremacía del poder civil y de afianzar las instituciones democráticas. En la post transición, se trata de nivelar una cancha que se encuentra políticamente muy desbalanceada hacia un solo lado. El status quo en Chile no es neutral.  
Las materias que rigen las LOC son asuntos que una sociedad democrática debe tener la capacidad de discutir libremente sobre la base de la mayoría, y no forzadamente bajo el poder de una minoría protegida por un quórum especial. Si no se puede someter un determinado tema al libre juego de mayorías y minorías, la ciudadanía deja de creer en la política. ¿De qué sirve ganar elecciones si no se pueden hacer los cambios que la mayoría desea?  
Qué mejor ejemplo de este dilema que lo que ocurre en materia educacional, que es una de las materias protegidas por el quórum de 4/7, según dispone el artículo 19, número 11, de la Constitución de 1980.  
Es bueno recordar la historia de la ley: el 10 de marzo de 1990, esto es, 24 horas antes de dejar el poder, el gobierno de Pinochet publica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, en la que se consagraban las bases del sistema educativo que, en gran medida, rige hasta el día de hoy. En 20 años, la Concertación intentó muchas veces modificar dicha norma, pero el alto quórum lo impedía. Michelle Bachelet, sin ir más lejos, llegó a proponer el fin de los establecimientos educacionales con fines de lucro, pero no tenía los votos suficientes en el Congreso. A pesar de haber ganado la elección presidencial con una alta mayoría, a pesar de contar con mayoría absoluta en ambas cámaras, el gobierno no podía reformar la ley. No tenía los votos para hacerlo porque la Constitución entrega a la minoría el poder de veto. El desenlace es conocido: el gobierno de Bachelet hubo de ceder para poder obtener algunas mejoras importantes en el sistema (como es la nueva institucionalidad de aseguramiento de la calidad), pero no cambios esenciales.  
¿Qué ocurre hoy día? Que no hay manera democrática de resolver la diferencia política que existe entre quienes desean conservar el actual sistema educacional y quienes desean reformarlo. Por eso la movilización ciudadana, por eso los llamados a la calle, por eso la demanda por un plebiscito. Porque nuestra democracia es sencillamente incapaz de dar respuesta.  
Los conservadores tienen el quórum de su lado para mantener, no un sistema establecido en democracia y validado por la mayoría, sino que un sistema diseñado en dictadura y defendido por una clara minoría.