Hasta la última reforma constitucional, el mecanismo de designación de los integrantes de la Corte Suprema no contemplaba la participación de los partidos políticos o de sus representantes en el Congreso. Con el decidido respaldo de la actual senadora por Santiago Oriente, Soledad Alvear, la administración Lagos introdujo la aprobación de la Cámara Alta al […]

  • 6 agosto, 2008

Hasta la última reforma constitucional, el mecanismo de designación de los integrantes de la Corte Suprema no contemplaba la participación de los partidos políticos o de sus representantes en el Congreso. Con el decidido respaldo de la actual senadora por Santiago Oriente, Soledad Alvear, la administración Lagos introdujo la aprobación de la Cámara Alta al candidato elegido por el Ejecutivo de entre la quina propuesta por el mismo organismo legal. Aunque algunos estiman que esta modificación introdujo una cuota de “democratización” a un sistema que, más o menos, se auto-designaba, la reciente nominación de Haroldo Brito y el rechazo de Alfredo Pfeiffer dejó en evidencia la inevitable politización que produce el paso de los candidatos por Valparaíso.

Porque independiente del problema del cumplimiento o no de los supuestos compromisos contraídos con el ministro Carlos Maldonado, lo que todos terminaron comentando fueron las posiciones y creencias de los candidatos frente a asuntos como la ley de amnistía y el holocausto judío, cuando lo que en realidad se pide a los jueces es que impongan la ley independiente de sus convicciones (por ejemplo, el senador Naranjo consultó a Pfeiffer su opinión sobre la pena de muerte –que ya se derogó- y los matrimonios homosexuales, que la ley no contempla). Por lo tanto, lo que importa saber es cómo un determinado candidato ha aplicado la norma, más que sus apreciaciones sobre hechos determinados.

Y respecto de la eventual oposición de Pfeiffer a los tratados internacionales (hecho que habría llevado a algunos senadores a cambiar su voto), todo indica que la referencia se limitó a la Corte Penal Internacional, a la cual Chile no ha adscrito, planteando sus dudas sobre la situación en que quedaría la soberanía del Estado y que no pueden fallarse delitos que no estén contemplados en el Derecho interno.