Por: Alfredo Niklitschek Dabiké, asociado – Palma Abogados, profesor de Derecho Procesal PUC Durante 2014 el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que pretendía fortalecer la protección de los derechos de los consumidores, a través de la entrega de atribuciones de fiscalización, sanción y normativas al Servicio Nacional del Consumidor […]

  • 19 enero, 2018

Por: Alfredo Niklitschek Dabiké, asociado – Palma Abogados, profesor de Derecho Procesal PUC

Durante 2014 el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que pretendía fortalecer la protección de los derechos de los consumidores, a través de la entrega de atribuciones de fiscalización, sanción y normativas al Servicio Nacional del Consumidor -Sernac- (Boletín N° 9.369-03).

Luego de una dilatada tramitación de casi 3 años, el proyecto fue aprobado y despachado, pasando a fines de octubre del 2017 al Tribunal Constitucional -TC- para el correspondiente control preventivo de constitucionalidad.

Durante diciembre de 2017 todos nos enteramos por la prensa que el TC había decidido suprimir las facultades sancionadoras y normativas, mediante voto dividido de 6 contra 3. Esto significaba que el proyecto de ley fracasó en dos de sus objetivos centrales y que el Sernac sería el mismo servicio que es hoy.

El pasado 18 de enero se dictó el esperado fallo y las versiones que rondaban por la prensa no se equivocaron. El TC declaró 31 normas inconstitucionales por lo que no podrán convertirse en ley. Sin perjuicio de lo anterior, quedaron intactas el aumento de las sanciones y el régimen de protección a los consumidores del proyecto.

Es de esperar que la sentencia del TC sea objeto de extenso análisis y opiniones, donde veremos dos bandos definidos, conformados principalmente por los mismos actores que se enfrentaron en la tramitación del citado proyecto, y que desde el mundo profesional y académico sumarán nuevos interlocutores.

Se advierte al lector que esta sentencia merece tiempo de estudio, pero desde luego es posible identificar algunas de las principales razones técnico jurídicas que motivaron al TC a suprimir las normas que abordan las facultades sancionatorias y normativas, las que se concentran en las siguientes ideas.

Respecto a las facultades sancionadoras, el TC las declaró inconstitucionales por revestir el carácter de potestades jurisdiccionales y no meramente administrativas, y al momento que el Sernac pasa a juzgar como un tribunal, este servicio no cumple con las garantías mínimas de independencia e imparcialidad. Es decir, actuaría como juez y parte, utilizando facultades fiscalizadoras para luego aplicar una sanción con un carácter jurisdiccional con efectos que van más allá de la mera sanción administrativa, contraviniendo un procedimiento racional y justo para ambas partes. Así, no se cumplen las condiciones presentes en otros organismos administrativos con potestades sancionadoras, ya que en este caso el Sernac es un servicio que protege el interés lucrativo de una de las partes -los consumidores- por lo que no podría resolver como juez imparcial la sanción.

En cuanto a las facultades normativas, éstas se declararon inconstitucionales por considerar que se le dio un alcance ilimitado, amenazando la garantía constitucional que sólo por ley se pueden fijar reglas entre consumidores y proveedores en la medida que ello importa la regulación de derechos fundamentales.

Del fallo del TC podemos concluir que, al conceder nuevas atribuciones al Sernac, también presentes en la práctica internacional, éstas se deben ajustar a nuestra realidad y ser compatibles con el ordenamiento institucional chileno, y así evitar exceder el marco y garantías de nuestra Constitución. También podemos concluir que, si se quieren conceder nuevas facultades, sean fiscalizadoras, sancionatorias, tutelares o normativas, éstas deben armonizar con su rol institucional -su razón de ser- y su posición frente a las pretensiones de las partes involucradas y, en ese sentido, no sería posible hacerlo todo, tener todas las potestades, incurriendo en concentraciones de poder.

En resumen, el TC nos enseña que un servicio del Estado no puede ser protector de los derechos de una parte, acusador y juez; ni puede regular materias propias de ley. Cosas que nos pueden parecer obvias, pero que siempre requieren análisis, discusión y definición.