• 1 junio, 2007

 

Nunca hubo un debate serio sobre la regla fiscal del 1% del superávit estructural.

 

En el discurso del pasado 21 de mayo, la presidenta Bachelet anunció que la regla del superávit estructural del fisco se reduce del 1% a 0,5% a partir del 2008. Los 750 millones de dólares que se liberan con esta medida se aplicarán a la educación, 650 millones de dólares para subir la subvención educacional y cien millones para apoyar la gestión educacional de los municipios. Como era previsible, no se consideraron eventuales rebajas tributarias.

En primer lugar, debemos celebrar la modificación del superávit del 1%. Desde su creación me ha parecido que esta definición de política fiscal se concibió con el tejo pasado y se hicieron ingentes esfuerzos para justificarla, los que en ocasiones rayaron en una dudosa retórica. En su versión inicial, el superávit del 1% era necesario para acumular fondos que cubrieran las contingencias por pensiones mínimas garantizadas, las contingencias por el pago garantizado de las concesiones viales, el déficit del Banco Central y el que el cobre era un recurso no renovable cuyo eventual agotamiento perjudicaría a las futuras generaciones. De las cuatro razones la última era definitivamente la más absurda, puesto que no tiene sentido que las generaciones actuales ahorren recursos para transferir a las generaciones futuras, que necesariamente serán más ricas. La primera excusa adolece del mismo problema. Respecto a las concesiones viales, a cinco años de la puesta en marcha del sistema se hizo evidente que su propio éxito diluía muy rápidamente las obligaciones contingentes; la justificación entonces también desapareció. Finalmente, al medir el déficit del Banco Central se ignora que el instituto emisor es el monopolista de la emisión de dinero y uno de los dos únicos emisores de deuda pública, apreciada por los privados en sus portafolios. Por ello, el Banco Central cuenta con un ingreso operacional llamado seigniorage no inflacionario, pero que no se considera para calcular el déficit del Banco Central. En el último tiempo han aparecido dos nuevas explicaciones. El superávit sería necesario para acumular fondos para pagar futuros incrementos en las pensiones asistenciales y para cubrir una supuesta vulnerabilidad de descalce cambiario de la deuda pública. Es decir, hoy debemos no solo financiar los gastos presentes de pensiones asistenciales sino que también ahorrar para pagar parte de la futura cuenta de este gasto. Por su parte, el boom del precio del cobre extinguió la deuda pública neta en moneda extranjera, por lo que esta reciente justificación para el superávit más parece un reciente invento para justificar la rebaja de la propia regla.

Nunca hubo un debate serio sobre la regla fiscal del 1% del superávit estructural. No es posible darle sentido a ninguna regla de política fiscal sin ponerla en el contexto de una política de deuda pública e impuestos sustentable en el largo plazo, algo que ha sido ignorado. El fisco es la única institución capaz de transferir la carga tributaria de las actuales a las futuras generaciones, más ricas, impulsando también así el crecimiento en el presente. Al emitir deuda hoy, se evita tener que financiar los gastos actuales con impuestos y se puede transferir ese costo al futuro. Un debate serio sobre carga tributaria y deuda pública sustentable y sobre la forma en que ella se distribuirá entre diversas generaciones ha sido ignorado por los gobiernos de la Concertación. Sin debate ni consulta a la ciudadanía, el fisco pasó de deudor neto de nivel razonable a acreedor neto en cosa de dos años, y se ha descartado devolver recursos a los contribuyentes.

El verdadero trasfondo de la regla fiscal y su tejo pasado tiene dos componentes. En un principio era importante que el primer presidente socialista después de Allende diera una fuerte señal de credibilidad al sector privado en materia de ahorro fiscal, por lo que comparto ese resguardo. Pero una vez que el exitoso gobierno del presidente Lagos disipó la desconfianza, la regla fiscal del 1% se utilizó como un dique de las demandas de gasto de los díscolos de la propia Concertación, puesto que los técnicos del oficialismo siempre han dudado de la capacidad de la burocracia estatal de gastar eficientemente y no han podido reformar el aparato estatal. Loable objetivo, pero el dique se rompió por la presión de los fondos del cobre. Bien por la elección del sector para orientar el mayor gasto, aunque notable la ausencia de cambios en el Estatuto Docente.

Ahora el gasto está en el límite y el riesgo de gastar mal estos y futuros recursos sigue vigente por la ausencia de una vigorosa reforma del Estado. Se requiere sincerar el debate sobre la política de gasto, carga tributaria y deuda pública sustentable, y sobre cómo esta última afectará a diversas generaciones. Para balancear los riesgos de la política fiscal y estimular el crecimiento, es conveniente levantar el veto concertacionista a reducciones tributarias que eliminen distorsione económicas y que estimulen la inversión, especialmente de la pequeñas empresas. Seguimos, entonces, sin aprovechar una gran oportunidad de desarrollo.