Por Álvaro Moraga Fritz, Abogado y Académico UAI socio de Moraga & Cia.

  • 25 octubre, 2018

Hace pocos días, el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, abandonando la ponderación que lo caracteriza, señaló que el proyecto de reforma tributaria que presentó el ministro Larraín era “macroeconómicamente insignificante”, ya que tenía un impacto que no superaría el 0,3% del PIB. Horas después, el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señalaba que los informes técnicos que sustentaban el Proyecto de Ley eran de una superficialidad tal que “a él no se los habrían firmado”. Y este último, con la frontalidad que lo caracteriza, señaló igualmente que él jamás estuvo a favor de la reforma de 2014 (lo mismo había dicho De Gregorio en un seminario de noviembre de 2015, al señalar que “subir la carga tributaria no es gratis”).

Lamentablemente, el gobierno de Michelle Bachelet promulgó en 2014 una reforma nefasta, y que se socializó sobre mitos ideológicos que creíamos desterrados y sobre proyecciones económicas que no resistían ningún análisis: que la reforma solo iba a afectar el bolsillo “de Plaza Italia para arriba”, que iba a reducir drásticamente la desigualdad, que iba a generar 8.300 millones de dólares extras de recaudación, que se financiaría la educación universitaria gratuita de manera universal, y que todo ello no afectaría el crecimiento. Cuatro años después, el resultado de la Operación Renta fue prácticamente idéntico al de 2014, a pesar de haberse llevado la tasa de las empresas del 20% al 27%; de haberse desintegrado el sistema; de haberse gravado con IVA la venta de inmuebles; de haberse recaudado más de 1.300 millones de dólares extras por la repatriación de capitales no declarados; o de haberse establecido nuevos impuestos “verdes”. Y, como contrapartida, el informe de la Dirección de Presupuestos de 2017 señaló que la deuda pública llegó al 25% del PIB, en circunstancias que en 2014 había sido del 14,9%, y el gobierno terminó su mandato con la peor tasa de crecimiento de los últimos 30 años: 1,5% el 2017 y 1,7% promedio de los cuatro años.

Así, la reforma Bachelet-Arenas tuvo la virtud de mostrar empíricamente que más impuestos no significan más recaudación ni tampoco más crecimiento.

Por todo lo anterior es que se debe reconocer que De Gregorio y Valdés tienen razón. Esta es una reforma insignificante, que si bien tiene virtudes, pierde la oportunidad histórica de rehacer, sobre la base de un consenso técnico horizontal, un sistema tributario que nos vuelva a la senda del crecimiento. Tal como lo tuvo la reforma de 1984, cuando se integró el sistema tributario.

Tal como dijimos, el proyecto tiene muchas cosas positivas: la integración, que permite a las empresas tener más ahorro interno al desincentivar los retiros; por primera vez en nuestra historia se hace justicia tributaria al llevar a las pymes a una tasa única del 25%, dejando a las grandes empresas en la tasa del 27%; se establece la figura del Defensor de los Contribuyentes, que es clave para las personas y las microempresas, a fin de que puedan defenderse técnica y gratuitamente de lo que se les exija en los procesos de fiscalización; se limita la vocación legislativa del SII; y se fortalece el principio de buena fe en materia tributaria.

Sin embargo, y al igual que en 2014, nadie habla de la tasa del impuesto. Nadie recuerda que el año 2014 los proyectos de inversión de mediano y largo plazo se paralizaron por el simple hecho de que les cambiaron las reglas del juego en forma radical, al subir las tasas del 20% al 27%, en circunstancias que un 7% de las utilidades es muchas veces el resultado que se espera del negocio. 

El gobierno aún tiene la oportunidad histórica de sentar a la mesa a todos los actores que entienden de economía y de empresa, para lograr una ley que realmente sea impulsora de la inversión a largo plazo. Un necesario acuerdo nacional.

Sin embargo y por ahora, tal como dijo De Gregorio, el proyecto si bien no es malo, es insignificante.