La batalla de la Reforma Procesal Civil sigue dando que hablar. Si bien es conocido que no todos en el mundo legal están contentos con los cambios planteados en la reforma; y para muchos hace falta profundizar algunos puntos y cambiar otros, en el mundo académico las opiniones también tienen sus trincheras. Hace unos meses, […]

  • 20 agosto, 2012

La batalla de la Reforma Procesal Civil sigue dando que hablar. Si bien es conocido que no todos en el mundo legal están contentos con los cambios planteados en la reforma; y para muchos hace falta profundizar algunos puntos y cambiar otros, en el mundo académico las opiniones también tienen sus trincheras. Hace unos meses, la Universidad de Chile elaboró un documento que dejaba al descubierto la disconformidad que tenían varios académicos respecto a la reforma. En ese entonces, la Universidad Católica prefirió guardar silencio. Y si bien, hasta ahora no han generado un documento como la casa de Andrés Bello, sí hay opiniones al respecto.

Para el abogado y académico procesalista de la UC, Nicolás Luco, lo fundamental que debe asegurar esta reforma es “darle a los jueces los instrumentos y recursos que aseguren que él intervenga personal y directamente en todos los actos del juicio.  El proceso debe ser concentrado; las pruebas deben rendirse con flexibilidad y aprovechando los avances tecnológicos; el juez debe tener un rol activo en la conducción del juicio, pero sin afectar su imparcialidad. Y se hace necesario que la Corte Suprema no sea utilizada como un tribunal de tercera instancia, sino que asuma un rol de unificación de la jurisprudencia y de intervención sólo en los casos más graves y relevantes”.

Para la civilista, Carmen Domínguez, es primordial que esta reforma consiga impartir justicia en el menor tiempo posible. “Debe recordarse que el desafío es disminuir el tiempo de las causas, pero sin afectar la posibilidad de las partes a rendir todas sus pruebas”, dice. Para ella, a la Corte Suprema se le pretende alterar radicalmente su rol y se le configura como un tribunal de perfil más político, que no custodia la infracción de la ley, sino al respeto a los derechos fundamentales”.