Patricia Matte, Cristián Larroulet, Dante Contreras y Mariana Aylwin analizan el acuerdo alcanzado entre Alianza y gobierno por la reforma educacional.

  • 30 noviembre, 2007


Patricia Matte, Cristián Larroulet, Dante Contreras y Mariana Aylwin analizan el acuerdo alcanzado entre Alianza y gobierno por la reforma educacional.

Patricia Matte, Cristián Larroulet, Dante Contreras y Mariana Aylwin analizan el acuerdo alcanzado entre Alianza y gobierno por la reforma educacional.

 

Luego de años de discusión, con “revolución pingüina” de por medio, comisiones y polémicos proyectos, la Concertación y la Alianza sellaron el acuerdo que busca sacar adelante la reforma educacional. Para analizar sus alcances y desafíos pendientes, Capital expone la opinión de cuatro expertos que participaron activamente del debate.

La clase política se puso finalmente de acuerdo en ciertos principios que hasta último minuto –de ahí lo dramático y eufórico del reciente abrazo en La Moneda– tuvieron en entredicho la posibilidad de lograr un acuerdo para reformar la educación. La exigencia de derogar la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) planteada por los estudiantes en abril del 2006, y que provocó un verdadero terremoto político por la fuerza que tomó el movimiento, fue la mecha que encendió el debate sobre la calidad de la educación chilena. El fuego afloró nuevamente en abril pasado con el tema del lucro, cuando la presidenta Bachelet dio a conocer el proyecto de Ley General de Educación (LGE) en que se establecía que los sostenedores de los colegios particulares subvencionados no podrían obtener ganancias de esta actividad y tendrían que transformarse en corporaciones o fundaciones.

 

Luego en mayo presentó otro proyecto que creaba una Superintendencia de Educación. Aunque las iniciativas se originaban en la multitudinaria comisión creada por el gobierno, el rechazo inmediato de la Alianza dio origen a un proyecto alternativo y, dado que el gobierno necesitaba un quórum de 4/7 para cambiar la LOCE, se creó una mesa de diálogo.

 

Entre los puntos más relevantes de este acuerdo, que reemplaza la propuesta anterior del gobierno, se cuenta la posibilidad del emprendimiento privado en educación –el proyecto anterior planteaba que además de los municipios, sólo podían ser sostenedores las instituciones sin fines de lucro– y la regulación de los disostenedores a través de mayores requisitos.

 

También se llegó a acuerdo en el tema de la selección, estableciéndose que los colegios subvencionados no podrán seleccionar hasta sexto básico –el proyecto del gobierno establecía la prohibición hasta octavo–, y permitiendo la selección por proyecto educativo, lo que implica que los de tipo confesional decidirán si aceptan o no a estudiantes de otras religiones. Tampoco se podrá discriminar en base al rendimiento académico o solicitar antecedentes socioeconómicos de la familia.

 

Dentro de los cambios más emblemáticos está la norma que establece que en un plazo de ocho años a partir de la aprobación de la ley, la enseñanza básica se reduce de ocho a seis años y se amplía la media de cuatro a seis años (4 de formación general y 2 de especialización) y 30% del currículum será de libre disposición. Además, se acogió la propuesta de la Alianza y la Superintendencia se remitirá a fiscalizar el adecuado uso de los fondos provenientes de la subvención y de los diez miembros del Consejo Nacional de Educación, que visa las decisiones del Mineduc, sólo tres serán designados por el Ejecutivo.

 

Capital convocó a cuatro expertos en educación para que opinaran sobre este emblemático acuerdo. Sus columnas son un buen resumen de lo que se avanzó en el tema y también de lo mucho que todavía queda por hacer.

 

 

 

Logros y desafíos


 

El país tiene conciencia de que el objetivo de mejorar la calidad de la educación no se ha cumplido. Afortunadamente se ha firmado un acuerdo para superar esta realidad, pero ahora corresponde que los compromisos adquiridos se concreten en los textos legales y en la creación y adaptación de las instituciones relevantes para ello. Por Cristián Larroulet.

 

 

Considerando los resultados educativos y el constante aumento del gasto en este sector, los lectores de esta columna deben estar legítimamente incrédulos respecto de si los cambios que se introducirán esta vez, harán posible el propósito de dar a cada niño chileno una educación mejor.

 

La respuesta es que en el sistema vigente ya hay un gran instrumento para mejorar la calidad: la existencia de una subvención por alumno atendido y que permite a los padres y apoderados escoger libremente el colegio para sus hijos, sean éstos municipales o privados. Sin embargo, este instrumento no es suficiente, porque ha sido limitado por la rigidez del Estatuto Docente que dificulta enormemente sancionar a los profesores que no hacen un buen trabajo, por la falta de información adecuada para los padres sobre la calidad de las escuelas, por la escasez de incentivos para premiar o castigar a los establecimientos educacionales en función de sus resultados, por la inexistencia de flexibilidad y autonomía para que los establecimientos puedan innovar con programas y contenidos curriculares diferentes a los del Ministerio de Educación, y por el bajo nivel que posee la subvención para financiar una educación de calidad especialmente para aquellos niños de nivel socio-económico bajo.

 

Respecto de estas materias, el acuerdo propone avisar directamente a los apoderados respecto de las categorías de calidad en que estarán clasificados los establecimientos de sus hijos y notificar a las escuelas de peores resultados que si no mejoran podrán ser cerradas. Además, crea mecanismos para trasladar a los alumnos de las escuelas con malos resultados, lo que, en conjunto con lo anterior, va a motivar a los profesores, directivos y sostenedores a mejorar su desempeño. Además, se consagra la autonomía como un principio básico de la gestión educacional, concretándose a través de la obligación de que el ministerio de Educación ponga a disposición de las escuelas otros cinco programas, cuya calidad haya sido probada, como alternativa a los planes y programas oficiales; así como también, el que los contenidos obligatorios no podrán sobrepasar el 70% de las bases curriculares, pudiendo utilizarse el otro 30% en aquellos propósitos que cada establecimiento desee.

 

Finalmente, el acuerdo establece una institucionalidad de largo plazo que vela por la calidad de la educación, alejándola de la contingencia política, al establecer que las autoridades encargadas tanto de la Agencia de la Calidad, como del Consejo Nacional de la Educación permanezcan en sus cargos por un período mayor que lo que dura el ciclo político.

Cristián Larroulet es Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo.

 

 

 

Triunfó la sensatez


 

Entre quienes aspiran a un sistema sobre regulado desde el Estado y quienes sólo confían en las leyes de la competencia para mejorar la calidad de la educación, había un amplio espacio que este acuerdo viene a llenar. Por Mariana Aylwin.

 

Finalmente triunfó la sensatez en el Acuerdo por la Calidad de la Educación. Bien por nuestros políticos que, en este caso, antepusieron el bien común y demostraron flexibilidad y apertura. El contenido de lo acordado es un avance en la orientación correcta. En especial, la creación de un sistema de aseguramiento de la calidad que define mejor los requisitos para los proveedores de servicios educativos; obliga al Ministerio a establecer estándares de calidad; establece sistemas de evaluación del logro de los estándares y sistemas de información pública; asegura recursos y apoyos para que puedan lograrse; fiscaliza e inspecciona con mayor foco en quienes no obtienen resultados esperados; establece rendición de cuentas, incentivos y sanciones en relación al logro de los estándares. Todo ello, garantizando transparencia y autonomía escolar.

 

Pero más importante, es haber logrado un consenso en un tema que tradicionalmente ha dividido a los chilenos en posturas ideológicas antagónicas. Ello se reflejó en la polémica discusión acerca del lucro y los procesos de selección derivada del proyecto inicial del gobierno. Sin embargo, entre quienes aspiran a un sistema sobre regulado desde el Estado y quienes sólo confían en las leyes de la competencia para mejorar la calidad, había un amplio espacio que este acuerdo viene a llenar. Por primera vez en muchas décadas tendremos una normativa producto de un consenso político, lo que es fundamental, ya que la educación requiere de gobernabilidad y reglas claras para desarrollarse. La LOCE llevó el estigma de haber sido dictada entre gallos y medianoche el último día del gobierno militar y, aunque tuvo muchas modificaciones, nunca iba a legitimarse. Si las cosas marchan como establece el compromiso, tendremos un respaldo más fuerte para apoyar el esfuerzo que necesita nuestra educación.

 

Con todo, ojo con poner tantas expectativas en los cambios legales. Por una parte, quedan pendientes temas sustantivos como el de la educación municipal y la carrera docente. Esas discusiones no serán fáciles y requerirán romper prejuicios e intereses corporativos. Pero además, los avances en calidad incluyen factores que no dependen de las leyes, como la formación del recurso humano. Chile está viviendo el impacto de la masificación y la globalización. Aún no contamos con profesores adecuados y suficientes para enseñar en un mundo escolar muy distinto, caracterizado por su heterogeneidad y por la demanda de una enseñanza distinta. Por siglos los profesores trasmitieron el conocimiento de generación en generación, y eso ya no sirve.

 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación han cambiado la cultura de niños y jóvenes. En cambio, la tendencia en la formación inicial de los docentes sigue sin hacerse cargo de esta realidad. De allí que la magnitud de la tarea supera los alcances de este acuerdo. Pero es un primer paso esperanzador, que puede fijar el rumbo de los que han de venir.

 

Mariana Aylwin es directora ejecutiva de Corporación Educacional Aprender.

 

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Hicimos la tarea


 

Más allá del diagnóstico de ganadores y perdedores, lo más relevante es que la reforma propuesta es un paso adelante que nos permite soñar con una sociedad más desarrollada, eficiente y de oportunidades. Por Dante Contreras.

 

 

Recientemente, en un encuentro con estudiantes universitarios organizado por el CEP, tuve la oportunidad de discutir temas relacionados con pobreza, desigualdad y bienestar. Mis reflexiones fueron más bien pesimistas en cuanto a la posibilidad de lograr una reforma en educación que nos permitiera avanzar hacia una sociedad más desarrollada, eficiente y de oportunidades. Comenté con los estudiantes que temía que la falta de consenso terminara por dejarles a ellos la responsabilidad de solucionar el problema.

 

La presentación ocurrió pocos días antes de los acuerdos que se alcanzaron en educación y porque entiendo las dificultades que se superaron para dar este paso, es que los celebro y me llenan de un renovado optimismo. Lo más relevante es que la reforma es un paso en la dirección correcta.

 

Respecto al lucro, en reiteradas ocasiones he argumentado que ésta es una discusión secundaria a la de la calidad de la educación. Si un sostenedor logra buenos resultados asociados a su gestión y esfuerzo (y no seleccionando alumnos o apoderados), las ganancias obtenidas no debieran representar un problema significativo para el resto de la sociedad. La clave estaría en hacer exigibles altos logros en aprendizaje, elevando los estándares y la fiscalización mediante instrumentos modernos y adecuados.

En cuanto a la selección, ¿se explica el rendimiento escolar por la contribución de la escuela o por las características propias de los estudiantes y sus familias? Esta es una pregunta importante y difícil de responder empíricamente. La selección por méritos académicos se justifica cuando el objetivo es proveer de mejores oportunidades a alumnos que de otro modo no tendrían la posibilidad de asistir a establecimientos de alto rendimiento. Esto sólo resulta razonable una vez que el niño ha avanzado en el proceso educativo y no al inicio de su vida escolar. Distinto es, cuando –utilizando recursos públicos– se discrimina alumnos y/o familias por su condición socioeconómica, su afiliación religiosa o, peor aún, por prejuicios valóricos. Como país debemos resguardar la libertad de cada familia para elegir escuela, evitando que con recursos públicos las escuelas elijan familias. Un acuerdo que permite la selección por méritos académicos a partir de séptimo básico y que reduce la selección por las características socioeconómicas de las familias es sin duda un avance.

 

También parece razonable la idea de tener una superintendencia responsable de la fiscalización de recursos y una agencia que vele por el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad en educación.

 

Insisto, celebro este acuerdo. Y aunque nos tomó mucho tiempo, quizá era lo que se requería para acercar posiciones. Lo relevante ahora es concretar estos acercamientos y ponernos a trabajar en su implementación, cuidando que la definición de estándares de calidad sea exigente y demandando eficiencia de las nuevas instituciones. Profundizar la discusión en torno al rol de los docentes (formación inicial, evaluaciones, estatuto y carrera docente), el análisis de la municipalización y su efectividad y el financiamiento del sistema educacional, deben ser las siguientes metas a alcanzar.

 

Dante Contreras es profesor de la Universidad de Chile.

 

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Aterrizando el acuerdo


 

Los que concurrimos con nuestro aporte a hacer realidad este acuerdo, esperamos que se respete su espíritu y que el ánimo de colaboración empape los siguientes pasos que se deberán dar en un camino que es complejo y requiere dedicación, pero por sobre todo una mirada país.Por Patricia Matte.

 

En estos días hemos escuchado y leído los más diversos comentarios sobre el significado del acuerdo firmado entre la Alianza por Chile, la Concertación y el Gobierno y los efectos que produciría en la calidad de la educación. Los que participamos en el proceso sentimos una tremenda responsabilidad por las expectativas que se han generado en torno a éste y por ello, resulta trascendental aclarar lo que se puede esperar de él y los aspectos más relevantes que deben monitorearse para que la tan esperada y ambicionada calidad de la educación llegue a ser una realidad en un tiempo prudencial.

 

Para empezar, debemos tener claro que esta ley representa un diseño de lo que debiera ser nuestro sistema educativo. Una vez aprobada definirá claramente los deberes y derechos de cada uno de sus actores y fijará las reglas del juego. Desde ese punto de vista, el que sea producto de un acuerdo transversal le otorga permanencia en el tiempo, algo indispensable al hablar de educación. Este primer punto justifica el tiempo y esfuerzos que requirió este acuerdo. Tomando en consideración las visiones contrapuestas que existían al comenzar esta negociación y que se vieron claramente reflejadas en la propuesta de Ley General de Educación presentada por el Gobierno y el proyecto alternativo de la Alianza, este es el mejor acuerdo al que se podía llegar.

 

Si el proyecto de ley que se presentará al Congreso refleja lo acordado, debiera asegurar el libre emprendimiento en educación y la autonomía de los que proveen servicios educativos, para mantener proyectos que reflejen las diversas visiones que hay en educación y que permitan a los padres elegir el que mejor los represente. También deberá especificar las funciones y límites de la institucionalidad pública relacionada con este tema, para que no sólo se respete la libertad de educación, sino también para que garantice la existencia de alternativas de calidad para todos los ciudadanos de nuestro país, independiente de su situación socio económica, geográfica y cultural. El riesgo de que esta nueva institucionalidad reproduzca los vicios de la existente existe y por eso el país debe monitorear que el espíritu de los acuerdos se preserve, no sólo en la ley misma, sino también en los reglamentos que se deberán diseñar a partir de ella y, finalmente, en el rediseño del ministerio de Educación y la implementación del sistema de reemplazo propuesto.

 

No hay duda que este es sólo un primer paso, pero es la base que se requiere para dar los siguientes. Sin un financiamiento adecuado que realmente dé cuenta de las urgentes necesidades de nuestro sistema educativo y sin un cambio radical en la forma de gestionar los recursos humanos, financieros y pedagógicos de los establecimientos educacionales municipales, todos los esfuerzos que se hicieron para llegar a estos acuerdos podrían transformarse en letra muerta.

Patricia Matte es presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria.