Por: Andrés Tavolari, socio Estudio Tavolari A las cuatro “reformas estructurales” planteadas por el Gobierno –tributaria, educacional, electoral y constitucional– se agregó una quinta: la modificación de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, recientemente aprobada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que supone una profunda transformación del […]

  • 29 octubre, 2015

Por: Andrés Tavolari, socio Estudio Tavolari

Andres-Tavolari

A las cuatro “reformas estructurales” planteadas por el Gobierno –tributaria, educacional, electoral y constitucional– se agregó una quinta: la modificación de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, recientemente aprobada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que supone una profunda transformación del Sernac, afectando al comercio y, especialmente, a las pymes, con repercusiones económicas y jurídicas difíciles de anticipar.

La protección de los consumidores integra el derecho del consumo, por lo que se debe evaluar tanto en relación a consumidores como a proveedores. La reforma afectará a los segundos, especialmente a los pequeños empresarios. De partida, las multas existentes aumentarán exponencialmente: en seis veces para los casos en que no exista una sanción diversa, de UF 50 a UF 300; y hasta 30 veces en materias específicas, por ejemplo, en el caso de los organizadores de espectáculos públicos, de UF 100 a UF 3.000.

Se entrega al Sernac facultades ejecutivas, legislativas y judiciales, lo que es un nefasto precedente. En efecto, al igual como sucede con el Servicio de Impuestos Internos y con la Aduana, el Sernac tendrá facultades normativas, ya que su director nacional podrá interpretar administrativamente las normas sectoriales y dictar instrucciones de carácter general. Si esto ya diluye la frontera entre las facultades ejecutivas y legislativas, esa línea desaparece cuando el proyecto también otorga al Sernac facultades jurisdiccionales. En la actual ley, imponer multas y otras sanciones corresponde a los Tribunales de Justicia; a los Juzgados de Policía Local y, en el caso de las acciones colectivas, a los Juzgados Civiles. Sin embargo, el proyecto contempla que las multas también sean aplicadas por el Sernac si la denuncia se realiza ante él. Para incentivar estas acciones, el proyecto coloca una barrera de entrada a los Juzgados de Policía Local, al hacer obligatoria, en este caso, la intervención de un abogado.

Las causas que el Sernac inicie de oficio también serán resueltas por dicho servicio, siendo su resultado previsible, ya que sus fiscalizadores tendrán el carácter de ministros de fe. El fiscalizador se limitará a denunciar y no tendrá que acreditar nada, al recaer toda la carga de la prueba sobre el proveedor, quien será condenado si no logra desvirtuar las imputaciones.

Las nuevas atribuciones del servicio, según el Informe Financiero del Proyecto, aumentarán sus gastos en personal nada menos que en 16 mil millones de pesos anuales.
La separación de poderes Ejecutivo (Sernac), Legislativo (Congreso) y Judicial (tribunales), es el eje sobre el que se construyó el Estado de derecho en el mundo occidental; y la presunción de inocencia es la base del derecho a la defensa. La Comisión de Constitución de la Cámara borró todo esto de un plumazo, y a un enorme costo.

Sin duda, este proyecto debe ser revisado en estos aspectos y en muchos otros, porque sus impactos jurídicos y económicos son difíciles de anticipar, pero también para evitar tener que realizar, en esta materia, una “reforma de la reforma”.