• 15 julio, 2011



La frase surge continuamente como explicación de todos los males que enfrenta la actual administración. Y aunque se abuse de ella, algo de razón esconde. Hay un déficit en el proceso de profundización de la democracia que se arrastra por largo tiempo. Reformas audaces son necesarias y urgentes.


“Chile está bien, la política está mal”, ha señalado insistentemente el presidente Piñera. En un comienzo, lo suyo parecía una simple declaración para salir del paso ante las dificultades que sobrevinieron tras el 21 de mayo. Después del frustrado almuerzo en La Moneda con los presidentes de los partidos de la Concertación –frustrado no por su ocurrencia, sino por sus resultados— parecía que la política no sería tema por mucho tiempo en el actual gobierno.

Pero a las pocas semanas, Piñera ha vuelto a la carga: Chile está bien, la política está mal. Gran parte de razón tiene el presidente. Se podrá discutir si es que el país está efectivamente bien. Pero lo que no se puede discutir es que la política está mal.

Durante décadas la situación fue al revés. El desarrollo político del país avanzaba más rápido que su desarrollo económico. Un sistema de partidos altamente representativo y crecientemente participativo, una vibrante sociedad civil, intensa actividad sindical, gremios poderosos e influyentes, universidades que actuaban como luminaria intelectual… estudiantes, obreros, campesinos, empresarios, artistas, académicos, políticos, todos tenían algo que decir en la democracia anterior a la crisis del 73. Pero la demanda sencillamente no encontraba oferta. El país no tenía los medios para satisfacer las exigencias sociales, cada vez más grandes, cada vez más intensas. Y la reacción era aún más fuerte que la demanda. El desenlace es conocido.

El desarrollo económico de los últimos 20 años ha sido notorio. Se podrán discutir la ganancia, la distribución y la sustentabilidad ambiental de este crecimiento pero, objetivamente, se trata del periodo de mayor prosperidad en nuestra historia. Luego de 17 años de proscripción de la política, ésta volvió en gloria y majestad en 1990. El país recuperó pacíficamente su tradición democrática y de manera ordenada normalizó sus instituciones. Hubo elecciones presidenciales, parlamentarias, traspaso de mando y a los pocos años se democratizaron los municipios. Pero cuando se hacía necesario seguir avanzando en el proceso de democratización y eliminar los enclaves autoritarios aun presentes en el andamiaje constitucional, el desarrollo se detuvo. Tuvieron que pasar largos 15 años, hasta 2005, para que se pudieran remover dichos enclaves.

¿El costo de todo ello? Que la demora en el proceso de democratización impidió el proceso de profundización. La democracia es un continuo, no un estadio. Hay bases mínimas, es cierto; lo que la literatura llama “poliarquía”. Pero de tiempo en tiempo ésta debe ir renovando las bases de legitimidad de su soberanía y actualizarse frente a la demanda de participación e inclusión de sus ciudadanos.

Mientras en Chile se discutían cuestiones tan básicas como la eliminación de los senadores designados, del Consejo de Seguridad Nacional o de la inamovilidad de los comandantes en jefe, no se introdujo ninguna reforma de inclusión de los ciudadanos en la política. Al contrario, muchos dirigentes partidarios cayeron en prácticas colusivas y poco transparentes que negaban aun más la participación. Faltas a la ética. Empate forzado, producto del binominal. Designación de parlamentarios a dedo.

¿El resultado? Una profunda desafección de la ciudadanía para con la política. Escepticismo frente al parlamento. Descrédito de los partidos. Desconfianza en las instituciones. Baja participación electoral. Cuatro millones de electores fuera del sistema. Y lo que es peor: la sensación de la ciudadanía de que su voto no importa. Los mismos síntomas de otras democracias en el mundo, que en su momento tampoco escucharon estas voces y vieron cómo se desmoronaron sus sistemas de partidos. Pero sabemos que el pueblo unido no puede avanzar sin partidos, porque cuando éstos no existen, el paso al caudillismo, al populismo y a la cleptocracia (el poder basado en el robo) es muy breve.

Son necesarias muchas reformas políticas en Chile que profundicen la democracia, para que ésta incluya a más ciudadanos en la toma de decisiones y se refuercen los chequeos democráticos que todo sistema necesita. La tentación de no hacer nada es fuerte. El temor de abrir la cancha es alto. Pero es hora de tomar conciencia. Este gobierno, o la plataforma de un gobierno futuro, debieran considerar un proceso amplio de reformas políticas –tan amplio, que algunos hablan de la necesidad de una nueva Constitución.

Una nueva reglamentación del proceso electoral, incluyendo el sistema binominal, voto voluntario, inscripción automática, voto en el exterior, voto electrónico, a distancia y adelantado; revisión del sistema de quorums supramayoritarios para algunas leyes; descentralización política para las regiones; profunda reforma a la ley de partidos políticos; fortalecimiento del Legislativo en su relación con el Ejecutivo son sólo algunas materias de reformas políticas urgentes.

Es de esperar que la clase política tome conciencia del deterioro de su actividad. Es hora de asumir que vivimos una crisis de representatividad y que es mejor intentar adelantarse con reformas audaces antes que sucumbir después de un patético letargo.