• 15 julio, 2011



El primer semestre de 2011 se ha caracterizado por una efervescencia ciudadana, con temas como Magallanes, HidroAysén y Barrancones. Pero ha pasado inadvertido el malestar en Calama ante la percepción de que los beneficios del auge minero no llegan a la localidad.


Mediáticamente hablando, la reina de las marchas ha sido Educación. Sin embargo, otras manifestaciones han recibido poca atención. Es el caso de Calama, donde hace unas semanas se llevó a cabo una marcha convocada por el municipio y apoyada por miles de personas que reclamaban la dignidad de la comuna. Siendo un país minero, hacer caso omiso de lo que allí está pasando es ser peligrosamente miopes.

En los últimos años hemos vivido un acelerado desarrollo minero que ha generado en el país beneficios y controversias. Beneficios desde el punto de vista económico. Controversias, porque la mala distribución del ingreso es menos tolerable. Las actividades de extracción, si bien generan externalidades positivas, poseen una fuerte percepción de efectos negativos en una ciudadanía cada vez más interesada en preservar el medioambiente.

Se percibe, además, que el auge minero trae progreso a nivel nacional, no local. Uno de los casos emblemáticos es la comuna de Sierra Gorda, perteneciente a la Región de Antofagasta y que alberga a muchas empresas mineras. En teoría, uno esperaría que comunas como ésta se vean beneficiadas en términos de empleo, comercio y servicios por sobre aquellas que no tienen empresas en el sector. Si así fuera, Sierra Gorda debería destacar en distintos indicadores. Sin embargo, la realidad es otra.

Un estudiante de 4º básico de Sierra Gorda tiene una brecha con el promedio de la Región de Antofagasta de 29 puntos en el Simce de lectura (230 versus 259), mientras la brecha crece a 39 puntos cuando se trata de matemáticas (207 versus 246). Con la Región Metropolitana, la diferencia es aún mayor.

Utilizando la encuesta Casen, al estudiar los indicadores de bienes de consumo (tales como teléfono, lavadora y refrigerador) se observa que Sierra Gorda siempre está por debajo del promedio; no sólo regional, sino también nacional. Asimismo, si 3 de cada 4 hogares tienen conexión a Internet en la Región de Antofagasta, en Sierra Gorda la cifra es 1 de cada 2.

En el actual conflicto de Calama, la sociedad civil se ha hecho parte de esta realidad al expresar una demanda por dignidad. No hacernos cargo de este problema sería un error. El paradigma cambió y las empresas deben darse cuenta de lo importante que es trabajar con la comunidad y los municipios, generando no sólo valor económico sino también valor social. Pero no es rol únicamente de las empresas. El Estado es un actor fundamental en estas materias. Los casos no sólo de Sierra Gorda, sino también de Diego de Almagro, Pica, Andacollo, Salamanca, etc. así lo demuestran.

El alto precio del cobre, los descubrimientos mineros y otros factores hacen pensar que lo difícil no está en tener más inversión en la zona. Lo complejo es cambiar las realidades ya existentes y atender las expectativas de las comunidades, de forma tal de poder crear una propuesta diferente, vanguardista y de largo plazo. En el fondo, un modelo de desarrollo y una estrategia empresarial que sean compartidos y reflejados en un pacto económico social. El desafío es grande. Para lograrlo hay que pasar por al menos dos restricciones en la empresa: la interna y la externa.

Respecto a la primera, no es trivial que las distintas divisiones (explotación, finanzas y asuntos externos, entre otras) reconozcan la importancia de este desafío pero, como reza la expresión, “del dicho al hecho…” Un botón de muestra es la creación de fundaciones financiadas por las mineras que, sin embargo, han tenido dificultades al incorporar sus agendas y estrategia al resto de la institución. Convencer a la organización de la relevancia de estos temas requiere poder evaluar las inversiones sociales y ver su impacto real.

La segunda restricción es externa. Conciliar los distintos intereses de los diversos actores es una tarea titánica. Trabajar con gobiernos regionales, municipios y comunidades poco empoderadas no hace más que complejizar las cosas. Se requiere fortalecer la capacidad de gestión y de planificación de las municipalidades, los niveles de articulación interinstitucional, desarrollar un diálogo eficaz con distintos actores y aumentar la transparencia en los acuerdos y en las regalías. El compromiso debiera ser de permanencia y la visión de largo plazo. Las empresas deben convencer a la localidad de que están para quedarse, no para extraer e irse. Esto significa construir consensos y diálogos pero, sobre todo, generar valor con el entorno.

Hay que reconocer que varias mineras están avanzando en esta dirección, invirtiendo recursos en cambiar su cultura de “portones para adentro”, o diseñando programas de desarrollo social con vecinos y autoridades. Pero todavía queda mucho por avanzar. Y no pueden hacerlo por sí solas. Se requieren contrapartes visionarias, empoderadas y con capacidad de gestión. El Estado y la sociedad civil deben ser actores relevantes.