El acuerdo constituyente alcanzado por los principales partidos es el hecho político más relevante de las últimas décadas. Por cierto, ha generado críticas. Nuevamente, se dice, se están cerrando pactos entre “los políticos”, de espalda al movimiento social (como si pudiésemos llevar al pueblo a la mesa o contar con unos sujetos capaces de encarnar a ese pueblo al margen del proceso político). De nuevo opera “la cocina”, se señala. El hecho palmario, sin embargo, es que el acuerdo de todos los principales partidos, en virtud del cual se abre en Chile el proceso constituyente, irrumpe y de suerte que viene a imponer una modificación fundamental en la situación política nacional.

El pacto constituyente deja atrás el postulado de Milton Friedman y la ortodoxia “Chicago-gremialista”, según el cual el orden económico neoliberal es base de un sistema político adecuado. La crisis actual muestra que el asunto es, más bien, al revés: ahora una crisis política afecta severamente a la economía. La historia chilena es también prueba de que el orden político, es decir, la configuración de una convivencia nacional según instituciones percibidas como legítimas y, en consecuencia, obedecidas, es la base del despliegue del país, incluido su desarrollo económico. El mayor período de crecimiento económico continuo, que va desde 1830 hasta finales del siglo XIX, coincide con un largo tiempo de estabilidad política.

El error del economicismo consiste en tomar la parte, la economía, como fundamento del todo: la existencia total del pueblo, o sea, la política. Entonces ese economicismo patenta como pensamiento abstracto. Las instituciones y discursos acerca de la configuración del poder son la base de toda institucionalidad, también de la institucionalidad económica. El economicismo, empero, es aún un hábito mental arraigado en muchas cabezas, desde la UDI hasta Evópoli. No es sorprendente que estos grupos, salvo excepciones destacables, no tengan mucho que decir en esta crisis: porque ella es política y requiere respuestas políticas, no solo económicas.

Al frente, en la izquierda, el acuerdo constituyente produjo también desconcierto. El acuerdo es resultado de una negociación. En un gesto moralizante, hay una izquierda –la he llamado “académico-frenteamplista”– que es hostil al mercado. En tanto que institución, el mercado ha llegado a ser entendido, por esa izquierda, como “el mundo de Caín”, un ámbito de alienación, en el cual pierde sentido la pregunta por el otro. En cambio, se piensa que la deliberación pública es el modo en el cual el ser humano puede reconocer al otro y alcanzar su plenitud. Esa deliberación pública, constatan allí, se ve perturbada por la mentalidad mercantil. Es menester, en consecuencia, para esa izquierda, desplazar completamente al mercado de áreas enteras de la vida social para que el proceso deliberativo se realice. En el ideal, de todas.

El acuerdo constituyente se vuelve, entonces, criticable. Él no fue el resultado de un proceso público-deliberativo, sino, antes que eso, el producto de una transacción, el fruto de una negociación. El acuerdo guarda, en alguna medida, la forma de una acción mercantil. Pero aquí se debe reparar en el hecho manifiesto de que el acuerdo importa, también, que todos los sectores estuvieron dispuestos a ceder en sus afanes más inmediatos, moderando sus pretensiones más extremas; que negociaron, precisamente: porque admitieron la existencia del que piensa diferente.

Parecido a la falta de propuesta política en la derecha economicista, en la izquierda más moralizante el pacto constituyente produjo un enorme conflicto. Transar pudo ser criticado como traicionar. Ahí están las divisiones del Frente Amplio.

Pero, ¿cabe llamar traición al reconocimiento de la necesidad de ponernos de acuerdo sobre las maneras de darle salida a la crisis y las formas de definir los contornos del país del tiempo que vendrá? Ciertamente, si postulamos un conjunto de principios abstractos, sean estos los de una versión de una escuela económica –como en parte de la derecha–, o los de una doctrina moral –como en parte de la izquierda–, tenderá a ser tenido como traición todo lo que se aparte de esos principios. El acuerdo constituyente no es, en cambio, traición, sino un acto elogiable, si reparamos en la tarea fundamental de la política: articular las pulsiones y anhelos populares en una institucionalidad en cuyos aspectos centrales todos o una gran mayoría coincidan, y de tal suerte que el pueblo se sienta reconocido en sus instituciones y les preste establemente asentimiento.

Es muy relevante que, ya desencadenada esa dinámica propiamente política, no eminentemente económica o moral, las agrupaciones republicanas más matizadas se ocupen tanto de atender con especial cuidado a la situación concreta del pueblo en su territorio, cuanto de elevar a un discurso diferenciado lo que hasta ahora ha sido fundamentalmente una praxis razonable. Que articulen un pensamiento que les permita entrar en una discusión con los extremos en la cual puedan exponer, con capacidad persuasiva, las deficiencias de tales posiciones extremas para realizar una comprensión política pertinente de la situación.